EL PAIS › OPINION

Criminales y derechistas en las Tres A

 Por Luis Bruschtein

En 1964, Rodolfo Almirón era inspector de la Policía Federal y participó en el asesinato en la boîte Reviens, de Olivos, de Earl Thomas Davies, un norteamericano de 23 años. El crimen no se pudo tapar porque, además de ciudadano norteamericano, Davies era teniente del ejército de ese país. Almirón, que junto con el oficial José Ramón Morales ya estaba bajo sospecha por su vinculación con la banda mafiosa del “loco Prieto”, fue exonerado de la policía. En 1973, cuando José López Rega asumió como ministro de Bienestar Social, convocó a los dos pistoleros, los reincorporó como retirados y los ascendió a subcomisarios.

Las investigaciones sobre la Triple A indican que la agrupación terrorista surgió de por lo menos dos vertientes: una de oficiales y suboficiales retirados de la Federal, convocados por el comisario Alberto Villar, y otra integrada por delincuentes comunes relacionados con la SIDE y con militancia en grupos ultraderechistas al estilo de la Confederación Nacional Universitaria (CNU), como Almirón, Morales, Antonio Melquíades Vidal y la banda de Aníbal Gordon, quien había estado prófugo tras un asalto bancario.

La dirección de la banda estaba en el ministerio de López Rega. Por eso, cuando el Brujo cayó en desgracia, el grupo más cercano, entre ellos Almirón, lo siguió a España. Pero todos los demás se integraron a los diferentes grupos operativos que manejaban las Fuerzas Armadas. El grupo de Gordon se encuadró en la SIDE bajo la dirección del general Otto Paladino. Uno de sus integrantes, Gabriel Enciso, estaba casado con una hija del general. Enciso, a su vez, provenía del grupo que publicaba la revista de orientación falangista El Caudillo, subvencionada por López Rega. Su primer director, José Miguel Tarquini, era jefe de uno de los ocho grupos de la Triple A que dependían de Bienestar Social y murió en un atentado de Montoneros. Felipe Romeo, que lo sucedió, estaba emparentado con el general Ramón Camps, otro de los jefes del terrorismo de Estado de la dictadura. Juan Carlos Fotea, que había pertenecido a ese grupo, apareció después en el Grupo de Tareas de la ESMA, en el secuestro de Rodolfo Walsh. Eran parte de la “familia” militar.

Durante los días previos al golpe, la inteligencia militar había hecho circular algo muy parecido a la teoría de los dos demonios: la cúpula castrense no sólo estaba preocupada por la efervescencia guerrillera, sino también por los grupos de ultraderecha a los que decía no controlar. Se difundió mucho en esos días la denuncia indignada de un capitán de Granaderos que había sido interceptado por uno de los grupos de la Triple A en operaciones. En realidad, la inteligencia militar ya controlaba el accionar de estos grupos con la intención de crear el clima para el golpe de Estado.

Además de los asesinatos de Rodolfo Ortega Peña, Julio Troxler y Silvio Frondizi, entre muchos otros, Almirón también fue identificado como uno de los que el 11 de mayo de 1974 acribillaron a tiros al sacerdote Carlos Mugica a la salida de la iglesia de San Francisco Solano.

Tras la dictadura, esas mezclas de mafia y grupos de ultraderecha, relacionados con falangistas españoles y fascistas italianos –como la P-2– o de otros pelajes, aparecieron cada tanto como grupos de choque de la ultraderecha en acciones de provocación, como la profanación de cementerios judíos o el robo de las manos de Perón. En el caso de Almirón, ese vínculo lo llevó a España donde formó parte de la custodia de Manuel Fraga Iribarne, exponente del ala franquista del derechista Partido Popular. Y, de alguna manera, esa relación siguió dándole beneficios porque ahora fue detenido en Valencia, en un departamento pagado por la alcaldía de esa ciudad, que está en manos del PP.

Esta génesis de los grupos que conformaron la Triple A fue casi a la vista de la sociedad. Tan a la vista que hacía dudar por lo obvio. Pero resulta un antecedente interesante frente a hechos similares que podrían producirse en la actualidad, como podría ser el secuestro de Julio López, el testigo en el juicio contra el comisario Etchecolatz.

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