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Por A. B.

Osvaldo Barros (de la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos) es sobreviviente de la ESMA, al igual que su mujer, Susana: permaneció secuestrado desde el 21 de agosto de 1979 hasta el 20 de febrero de 1980. Pero los matrimonios de Raimundo Villaflor con Elsa Martínez Barreiro y José Luis Hassan y Josefina Villaflor, hermana de Raimundo, no tuvieron el mismo destino. El matrimonio Barros declaró en el Juicio a las Juntas el 25 de julio de 1985 y también lo hizo ante el juez Garzón en agosto de 2003 en España. Mario Villani, Víctor Basterra y Osvaldo Barros fueron decisivos a la hora de reconocer –por una foto de 1971– al represor de la ESMA Ricardo Cavallo, alias “Marcelo”, “Sérpico” o “Miguel Angel”, quien fue extraditado en el 2003 desde México y está preso en España.
Barros relata y se guarda eso que no alcanza a reproducir fielmente su padecimiento: “Pasé por circunstancias comunes a los secuestrados: torturas y vejámenes inauditos, como quitarme el nombre y negarme mi propia existencia. Viví sensaciones personales fuertes. Conocí el miedo, el horror, el terror. Me di cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de decidir sobre mí mismo. Eran los dueños de la vida y de la muerte y te lo hacían saber. Juan Carlos del Cerro ‘Colores’ –preso por apropiación de menores– me dijo ‘Anteojito –ése era el apodo que me habían puesto–, nosotros acá trabajamos para dentro de veinte años’. Ese era el tiempo que calculaban que no iban a tener protestas sociales ni políticas”.
Algunos sobrevivientes asumieron la responsabilidad histórica de brindar testimonio sobre el horror y le pusieron el cuerpo y la palabra. Barros, a la distancia, recuerda: “En principio no estaba dispuesto a declarar, por temor. Era consciente de que los servicios de inteligencia y los grupos de tareas seguían trabajando. En los sótanos de la ESMA había dejado con vida a compañeros que aún están desaparecidos y, por ellos, desde mi liberación me propuse luchar para que se hiciera justicia en su memoria. Víctor Basterra había logrado sacar material fotográfico de adentro de la ESMA. Los diarios reprodujeron las fotos de prontuario de Susana y mía, junto a las de otros. Víctor había hecho la denuncia a mediados de 1984, y a raíz de las fotos publicadas nos presentamos en la Fiscalía y hablamos con Strassera, y la relación a partir de ahí fue con Maco Somigliana”.
Barros intenta reproducir su condición de testigo en ese histórico momento: “Yo declaré primero y mi esposa no podía escuchar mi testimonio, pues ella estaba en una salita aislada al igual que el resto de los testigos, a quienes no les estaba permitido escuchar las declaraciones de otros. Desde la tribuna tuve una emoción muy grande al oír a Susana relatar lo que había padecido. El ambiente era denso y enrarecido, no estaban los represores, solamente los abogados defensores que me preguntaban con respecto al robo de nuestras pertenencias: los muebles, la heladera, la ropa, absolutamente todo. Nuestro caso fue probado, al igual que el de otros compañeros. Por eso la condena de 8 años de prisión al almirante Lambruschini, que era el comandante en jefe de la Armada, fue ridícula”, sostiene. “El mayor mérito del juicio fue haber mostrado a la sociedad argentina y al mundo la dimensión del horror que se había vivido durante la dictadura. Dejando eso en claro, las condenas fueron más que benignas. El juicio fue el comienzo de la impunidad para los asesinos que inició Alfonsín y continuó Menem. El brigadier Agosti, cerebro de la represión a lo largo y a ancho del país, recibió cuatro años; Anaya y Lami Dozo fueron sobreseídos. Esto da la pauta de una justicia mal dosificada. En ese momento la Asociación de ex Detenidos Desaparecidos planteó su desacuerdo con respecto a los criterios jurídicos, y en especial contra las prescripciones. La Cámara Federal sostuvo que las causas estaban prescriptas y que por lo tanto no podían ser juzgados los culpables, los jefes. Si bien la figura de la desaparición forzada de personas no existía en aquel momento, podrían haber tomado la figura de delito permanente para las desapariciones, que sí figura en el Código Penal y las condenas habrían sido distintas, pero no lo hicieron. El fiscal Strassera tampoco tomó esa postura y el resultado fue de unos pocos condenados y la mayoría absueltos.”
“El documental valoriza la importancia de los testimonios de los sobrevivientes”, continúa Barros. “A casi 20 años del comienzo del juicio es importante recordar ese hecho. Fue muy difícil para nosotros volver a aparecer ante la sociedad y el film demuestra una vez más que sin nuestros testimonios ese juicio y ningún otro serían posibles.”