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Sobre sospechas y certezas

Lía Gómez y Pablo Bilyk sostienen que el debate en torno de dónde, cómo, qué y cuánto se produce y exhibe en materia audiovisual es importante en tanto y en cuanto es otro lenguaje para narrar la historia en la Argentina actual.

 Por Lía Gómez y Pablo Bilyk *

Hace unas semanas, la Plaza de Mayo se colmó con motivo del Bicentenario de la Asamblea de 1813 que sienta las bases para la declaración de la soberanía del pueblo argentino y la conquista de derechos sociales, que permitió ser leído como un horizonte para el desarrollo de un país con perspectivas y afán de inclusión.

Esa tarde en la Plaza se puso en vida la historia con una escena –pocas veces vista– de un debate abierto (televisado) donde intelectuales de la talla de Eugenio Raúl Zaffaroni disertaron ante una multitud.

Al mismo tiempo, podemos decir que la Argentina audiovisual recorre unos nuevos caminos de disputa por los derechos, libertades e igualdades. Entendiendo que, a través de la imagen como lenguaje compartido, se edifica en cada obra audiovisual la identidad de un pueblo con el sentido de estar juntos y seguir conquistando derechos.

Este acontecimiento no tiene grandes distancias con la decisión que el pasado 21 de enero publicó en su Boletín Oficial la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). Allí, la Resolución 2368/12 plantea que podrán considerarse aquellos contenidos ya producidos y almacenados en el Bacua (Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino) y Cepia (Centro de Producción e Investigación Audiovisual) con las distintas pantallas locales en el territorio, para cumplir con la cuota de producción nacional que la LSCA establece. El Bacua depende del Ministerio de Planificación de la Nación y el Cepia pertenece a la Secretaría de la Presidencia de la Nación. Ambos tienen la finalidad de ser un reservorio de contenidos audiovisuales digitales disponibles tanto para nuevas pantallas como para aquellas ya establecidas.

Con la misma –y repetida– lógica de construir oposición desde la negación ipso facto de cualquier medida que desde el Ejecutivo Nacional se propone, el diputado por la UCR Ricardo Gil Lavedra puso en cuestión esta posibilidad, argumentando que así se intentaba hegemonizar con una voz oficial las emisiones.

Dichas “sospechas” por parte de Gil Lavedra resultan, al menos, inquietantes. En principio, por la imposibilidad de reconocer las diferencias entre Estado y Gobierno. Una confusión absolutamente presente en las discusiones de nuestra escena pública. Al mismo tiempo, sería inocente pensar que Gil Lavedra habla desde el desconocimiento: la resolución fue votada por unanimidad por el directorio de la Afsca con el voto del representante del radicalismo, Marcelo Stubrin. El diputado es consecuente con la pretensión de alarmar a la población vinculando al Gobierno con formas y acciones propias de los regímenes totalitarios.

Sin dudas, la falsa idea de que un monopolio del Estado puede reemplazar a otro funciona como un argumento de alarma que Gil Lavedra conoce y utiliza. Idea falsa en principio porque es inviable el concepto de un monopolio estatal, ya que la persistencia del Estado nos habla de la construcción colectiva en la que todos y todas intervenimos con nuestras hibridaciones, igualdades y diferencias.

El debate en torno de dónde, cómo, qué y cuánto se produce y exhibe cobra importancia como otro lenguaje para narrar la historia y en este sentido es necesaria la federalización propuesta y cumplida en torno de lo que cuenta cada región. Relatos que no sólo abordan espacialmente las provincias argentinas, sino ideológica, histórica y culturalmente constituyen una mirada propia. Una imagen que es cultural, social y política, y que no esconde su condición, sino que la expresa en los relatos nuevos que se permitieron existir a partir de los concursos públicos para la asignación de subsidios desde distintos programas de fomento a la producción audiovisual, representa todo lo contrario de lo que Gil Lavedra emite como sospecha.

Lo público está en juego cuando una mesa abierta en Plaza de Mayo permite abrir debates enclaustrados a públicos más amplios, cuando el gobierno cordobés decide que la Televisión Digital Abierta no tiene lugar en su provincia y, al mismo tiempo, cuando el Estado garantiza la disponibilidad y el acceso de las producciones audiovisuales, ya no como consumidores, sino como sujetos con derechos. La diversidad cultural, el derecho al sentido sobre aquello que es visible en los medios, es la batalla simbólica que estamos dando –como en la Asamblea del año 13– con el objetivo de tener una Argentina audiovisual que, lejos de la lógica de ordenamiento meramente mercantil, siga conquistando derechos, sea inclusiva y soberana. Sobre estas certezas no debería haber “sospechas”.

* Observatorio del Sector Audiovisual de la República Argentina/Fpycs- UNLP.

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