“Si esto no funciona, iremos a cosas peores”, anticipó Mauricio Macri, jefe de Gobierno porteño, entendiendo como peor un sistema que limite el ingreso o la circulación de vehículos en la ciudad, no por aumento en precios de peajes o estacionamiento, sino por prohibiciones en días alternados. Organizaciones de seguridad vial apoyaron un aumento selectivo en los peajes para desalentar el ingreso de autos particulares. “El espacio público debe otorgarse primero a los peatones: quien usa un auto particular emplea mucho espacio para trasladar a muy pocas personas, contamina el ambiente y aporta riesgos”, advirtió la entidad ISEV. También la prolongación de los carriles para transporte público fue aprobada por las entidades. Por otra parte, recibió objeciones la reprivatización de las “fotomultas”: la legisladora porteña Patricia Walsh sostuvo que “sólo atiende al negocio de dos empresas” y el legislador Pablo Failde les atribuyó “un mero fin recaudatorio”. El 26 de junio se tratará en la Legislatura la Emergencia Vial propuesta por el macrismo.

Para Marcelo Aiello, representante del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (Cesvi), “el plan del gobierno de la ciudad contiene acciones positivas. Hay que desalentar el uso del vehículo particular y la regulación de tarifas de peajes se utiliza para tal fin en países como España, donde el peaje es más barato cuando el vehículo va completo. De todos modos, no se pueden predecir los resultados: la gestión de Jorge Telerman intentó algo parecido a la experiencia española y no funcionó”.

Marta Fernández, del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), destacó que “quien usa un vehículo particular contamina el ambiente, aporta riesgos viales y ocupa mucho espacio para trasladar muy pocas personas, aun cuando el auto fuera lleno, lo cual no suele suceder: esa comodidad debe tener un costo, y esto se admite en países desarrollados”.

Es cierto que “paralelamente, hay que ofrecer un transporte público en buenas condiciones, aceptable para los sectores medios y altos que hoy utilizan sus autos particulares –previno Aiello–. En Barcelona, Madrid, Londres y otras ciudades, esos sectores utilizan el transporte público, que combina el subte con eficientes trenes suburbanos y con ‘playas de transferencia’, donde se dejan los autos”. ¿No estarán esos modelos muy alejados de nuestra realidad? “Los modelos más próximos son ciudades caóticas como San Pablo –contestó el representante del Cesvi–: es mejor tratar de mejorar.”

De todos modos, recordó Marta Fernández, “la política de transporte público debe ser acordada entre la ciudad y la Nación, pero las negociaciones están muy demoradas”.

Las entidades también aprobaron la prolongación de carriles exclusivos: “Deben garantizar la separación de vehículos de distintas dimensiones y debieran complementarse con carriles exclusivos para bicicletas. Esto lleva a ganar seguridad”, apuntó Aiello.

Ayer, en defensa del plan de reordenamiento del tránsito que presentó el jueves, Macri subrayó que “en los últimos cuatro años la cantidad de vehículos que ingresa a la ciudad aumentó un 50 por ciento” y pidió que “todos hagan un pequeño sacrificio” para evitar “cosas peores”, refiriéndose a “la chapa par e impar o la chapa por días”, que restringe la circulación según el número de patente. También defendió la reimplantación de las “fotomultas”, ya que “no buscamos recaudar, sino que la gente entienda que el espacio público es para respetar”.

En cambio la legisladora porteña Patricia Walsh (MST) afirmó que la tercerización del registro de infracciones “permite el gran negocio para dos empresas, pero no hace que se conduzca mejor en la ciudad”. Señaló que “la ciudad paga 11 pesos por cada fotomulta, con 300.000 fotos mensuales habilitadas: son más de 40 millones de pesos al año que cobran las empresas, aunque muchas veces el infractor no llega a pagar la multa”.

El diputado porteño Pablo Failde (Frente para la Victoria) sostuvo por su parte que “el sistema de fotomulta persigue un fin meramente recaudatorio y ya mostró ser ineficiente y oneroso”. También la legisladora Gabriela Cerruti (Frente para la Victoria) se pronunció contra la tercerización de las infracciones, “porque Macri prorrogó una licitación que estaba vencida, con un fallo judicial que así lo ratificaba y que las empresas desconocieron”. El diputado porteño Diego Kravetz, también kirchnerista, recordó que “una de las dos empresas, Itron, estaba presidida por el propio Macri cuando el sistema de fotomultas fue concesionado”.

Refiriéndose al plan de reordenamiento en su conjunto, Failde consideró que “es parcial porque no aparece la interconectividad con los distintos medios de transporte público y no hay un diseño acordado con Nación y Provincia”.

El macrista Daniel Amoroso –presidente de la Comisión de Tránsito de la Legislatura– anunció la presentación de un proyecto de emergencia vial, para dar sustento legal al plan anunciado el jueves, que sería tratado por la Legislatura el 26 de junio. “Por primera vez se ve un plan integral, que apunta en varias direcciones”, sostuvo.