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Por Raúl Kollmann
y Horacio Cecchi
Cada uno se defendió con la misma línea argumental que ya expusieron en su declaración testimonial. Primero, que el día de la muerte de María Marta le creyeron al viudo Carlos Carrascosa que ella se había caído en la bañadera. Segundo, que no se dieron cuenta de que el pituto era una bala. Tercero, que evitaron la llegada de la policía porque no querían que los padres de María Marta sufrieran más todavía. Cuarto, que trataron de esquivar la autopsia –correspondía porque, incluso en caso de accidente, se trataba de una muerte traumática– porque Carlos Carrascosa pidió que no se llevaran el cuerpo, que la quería tener allí con él y, de hecho, a ninguno le gustaba que manipularan el cuerpo de María Marta. Con estos argumentos, el cuñado Guillermo Bártoli y Horacio García Belsunce (h) se defendieron en extensas declaraciones de la acusación de tapar el crimen. Tácitamente le tiraron buena parte del fardo a Carlos Carrascosa, el marido de María Marta, que va a declarar hoy.
Tanto Bártoli como Horacito, como le dicen a García Belsunce (h), ya anunciaron en la puerta su línea defensiva. “La familia tiene la conciencia tranquila”, sintetizó Bártoli. “Vamos a terminar con esta injusta acusación”, sostuvo a su turno Horacito.
La estrategia de Bártoli y Horacito podría resumirse en una idea: que Carrascosa los convenció, no tenían dudas sobre el accidente e hicieron lo que él les pidió: evitar que se llevaran el cuerpo de la casa. Cuentan con una enorme ventaja a su favor: todos los elementos en su contra ya existían hace casi dos meses y en todo este tiempo no hubo ninguna acusación. Es más, tal como señaló en exclusiva ayer Página/12, el juez Diego Barroetaveña sostuvo en su resolución que hubo gravísimas irregularidades en la investigación durante los primeros días, al punto que la Foja 1 del expediente está redactada el día 30, tres días después de la muerte. Esa tarde, la policía llegó a la casa donde se produjo el crimen y asombrosamente estaban todos presentes, desde el viudo hasta la masajista. El juez afirma que en el expediente no hubo citación alguna y que eso demuestra que la diligencia fue pactada, que todo lo que se hizo en los primeros días –como inhumar el cuerpo en la Recoleta sin hacer autopsia– debe ser explicado por el fiscal, la policía e incluso el fiscal de Cámara, Juan Romero Victorica, que tuvo presencia protagónica en las primeras horas.
El argumento de Bártoli es que él se hizo cargo de los trámites de la funeraria porque anteriormente Carrascosa había hecho lo propio con un familiar suyo. Su objetivo fue evitar la autopsia, “no porque estuviéramos tapando un crimen sino porque creíamos que era un accidente doméstico y la autopsia significaba entrar innecesariamente en un proceso tortuoso”. Bártoli sí admitió que entre los servicios de la funeraria estaba el de conseguir el certificado de defunción, obviamente falso, ya que establecía que María Marta murió de un paro cardíaco no traumático. Según su defensor, Marcelo Nardi, en la causa por el certificado trucho abierta en Capital, “Bártoli ya tiene falta de mérito: allí se demostró que él no tuvo un papel activo sino que la funeraria dispuso las cosas. El se quedó atribulado y así se lo dijo al fiscal”.
Horacito debía defenderse de dos acusaciones. La primera, referida al pituto. Reiteró que la decisión de tirarlo se tomó en un diálogo en el que estuvieron principalmente Carrascosa, Bártoli, Constantino Hurtig, el padrastro de María Marta y él. Según García Belsunce (h), el proyectil estaba debajo del cuerpo de la mujer, por lo tanto no daba la impresión de ser una bala. El que supuestamente tenía mayor experiencia (Carrascosa, que recibió instrucción en la Armada) coincidió con lo dicho.
La otra explicación que tuvo que dar Horacito tuvo que ver con la presencia policial. Su versión es que ese mismo domingo llamó al comisario Casafús –un dato que corroboraron las pericias– y le pidió que lapolicía no se hiciera presente en el country. Aunque después rebajó el tono en su declaración judicial, en esa llamada pronunció la frase “sacame la policía de encima”. Un íntimo de la familia, el vecino Sergio Vinello, llamó al titular del country y le dijo: “Si viene un patrullero, no lo dejen entrar. Si es necesario, denle una coima”. Hay testimonios de que un patrullero llegó hasta la puerta del country Carmel, pero no se explica por qué no ingresó. Casafús niega haberlo parado y la Bonaerense de Pilar afirma que no envió ningún vehículo. Lo único que explica Horacito es que hizo esa llamada para evitar la presencia de uniformados que aumentaran el dolor familiar.
Uno de los temas clave es que hay varios testigos que afirman que la familia ya hablaba de balazos mucho antes de que se conocieran los resultados de la autopsia. En este terreno, la respuesta familiar es que unos diez días después de la muerte de María Marta ya empezaron a correr los rumores en el country Carmel de que se había tratado de un asesinato. La percepción del juez Barroetaveña es que los familiares lo supieron desde un principio y por eso sostiene que las medidas de investigación “son poco comprensibles”: dice en concreto que no se hizo nada al principio y que después, sin ninguna explicación, se pone en marcha el expediente con un atraso de tres días. Lo que está sugiriendo el magistrado es que todo se pactó y que la pesquisa se frenó inicialmente, entre otras cosas por la influencia de un amigo de los García Belsunce, el fiscal de Cámara, Romero Victorica.