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Para la policía de la ciudad de Mendoza la mejor protección para un chico que pide limosna es detenerlo y llevarlo a una comisaría. A través de una serie de razzias en el centro comercial, los uniformados alojaron en la Comisaría del Menor a más de treinta pibes de 5 a 17 años que pedían “moneditas” entre las mesas de cafés atestadas de turistas. Abogados de la Coordinadora Provincial de Derechos Humanos denunciaron los operativos a la Justicia. Organismos internacionales como Amnesty y Human Rights Watch se hicieron eco y expresaron su preocupación y repudio por la “criminalización de la pobreza y la niñez”. Ayer, en diálogo con Página/12, el subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Justicia y Seguridad de Mendoza, Gabriel Conte, defendió la legalidad de los procedimientos. Apuntan “a combatir la explotación infantil” argumentó, aunque reconoció que “estuvo mal que estén a cargo de policías”. A partir de ahora, anunció Conte, serán asistentes sociales quienes los saquen de la calle y en lugar de ir a una comisaría, serán trasladados a hogares de menores.
La tarea no le corresponde a la policía pero no es ilegal”, señaló Conte. “Conforme a la leyes de Menores y de las Policías de la Provincia es función de los agentes colaborar en la protección de los chicos abandonados o en peligro moral o material. Si los encuentran a las 2 de la madrugada en la calle tienen la obligación de poner en conocimiento de esta situación al juez de familia de turno. Si el chico se quiere escapar o no quiere dar su nombre, lo lleva a la Comisaría del Menor. Los operativos se malinterpretaron. En realidad, buscan proteger a los chicos que son explotados, un tema sobre el cual venimos trabajando desde octubre y sobre el cual hay una investigación judicial. Hemos hecho una tarea social que ha sido mal interpretada”, opinó el subsecretario de la cartera de Justicia y Seguridad.
Según precisó el abogado Gustavo Salinas, los niños y adolescentes no sólo fueron detenidos a la madrugada, sino también por la mañana y por la tarde. Y antes de dar intervención al juez de familia, se los alojó en la seccional destinada a albergar a menores en conflicto con la ley, adonde se los trasladó en patrulleros. Durante la gobernación de Carlos Ruckauf en la provincia de Buenos Aires, la jefatura policial ordenó una medida similar, que ante su difusión en los medios, fue rápidamente desactivada.
“Las razzias comenzaron el 7 de enero”, precisó a este diario Salinas, que es miembro del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y de la Coordinadora Provincial de Derechos Humanos. Casualmente (o no) coincidieron con un rechazo público de los comerciantes a la presencia de chicos mendigando en la puerta de sus locales, en una temporada muy exitosa por la gran afluencia de turistas chilenos ansiosos por comprar. “Las detenciones violan la Convención Internacional por los Derechos del Niño”, puntualizó Salinas. El tema tuvo amplia repercusión en los diarios locales y generó en los últimos días una gran polémica. Salinas junto con otros dos abogados presentaron un habeas corpus que fue rechazado por el juez de instrucción de turno Ariel Spektor.
Los menores detenidos en las últimas semanas fueron 34. A las pocas horas fueron liberados y entregados a sus padres por orden del juez de familia. Ante la situación planteada, la magistrada que entró en turno el 15 de enero, Adriana Rodríguez, convocó a través de una resolución a una audiencia para darle una solución al problema. La reunión se llevó a cabo el miércoles y participaron legisladores y autoridades del área social y de seguridad del gobierno del radical Roberto Iglesias, entre ellos, Conte. “Para la jueza, las detenciones no son ilegales pero sí arbitrarias. En su resolución consideró que los chicos no pueden ser alojados en comisarías, y además, señaló que no se hizo una investigación a fondo para determinar si realmente son explotados por sus padres u otros adultos, o si están mendigando como una estrategia de supervivencia familiar”, explicó Salinas. Una serie de organismos de derechos humanos como el CELS, Serpaj Europa y Human Rights Watch, repudiaron las detenciones. Incluso, la directora Regional para América de Amnesty Internacional, Tracy Ulltveit-Moe, le envió una carta al gobernador para que “con urgencia” las autoridades pongan fin a la medida. Ayer, el gobierno mendocino anunció que los chicos de la calle ya no serán trasladados a la comisaría, sino a dependencias de la Dirección de Familia. Pero que continuarán con el mismo tipo de procedimiento “que busca terminar con la explotación infantil”, aunque en vez de estar a cargo de policías quienes los agarren serán asistentes sociales. Conte prometió ayuda social para las familias de los chicos. “Los están tratando como si hubieran cometido un delito. Ningún niño puede ser detenido ni sometido a la justicia por el mero hecho de estar pidiendo limosna en la calle”, denunció el CELS.