El nuevo proyecto para ampliar el sistema de estacionamiento medido en la Ciudad de Buenos Aires y extenderlo a los barrios “sólo tiene fines recaudatorios y no resuelve los problemas del tránsito”; esconde “detrás un gran negocio”; revela “la voluntad recaudadora del Ejecutivo” porteño; mientras que la reimplementación del cepo, prevista en la misma iniciativa, “no es disuasoria y genera más violencia urbana”. Así ven dirigentes y legisladores de la oposición la iniciativa enviada por Mauricio Macri a la Legislatura, en la que propone colocar parquímetros en 10 mil cuadras de la Ciudad y reponer el mecanismo de inmovilización de los vehículos en infracción, antes de que se los lleve la grúa.

La iniciativa, diseñada por la Subsecretaría de Tránsito porteña, contempla extender el estacionamiento medido a barrios como Núñez, Colegiales, Villa Urquiza, Parque Chas, Villa Devoto, Mataderos, Parque Avellaneda, Villa Lugano, Nueva Pompeya, La Boca, Constitución, Puerto Madero y San Cristóbal, entre otros. Además, prevé un aumento progresivo en la tarifa en zonas con más demanda, como el centro, Balvanera, Almagro, Villa Crespo, Caballito, Flores, Palermo y Belgrano.

La nueva licitación reemplazaría los actuales contratos, en manos de las empresas SEC y STO, que explotan el estacionamiento y la remoción de autos infractores desde 1991. Esos contratos vencieron en 2001, hace 12 años, pero siguen vigentes con sucesivas prórrogas. En ese año, el gobierno porteño eliminó el sistema del cepo.

El senador porteño por el Frente para la Victoria, Daniel Filmus, opinó acerca del proyecto que “no va a favorecer el ordenamiento del tránsito ni optimizar el uso de los espacios disponibles. Es sólo un intento más para privatizar el control y favorecer la recaudación, perjudicando a los vecinos, especialmente a los que tienen menos recursos”.

Filmus admite que “el estacionamiento sea pago, con valores que sean significativos y diferentes, como una forma de desalentar el uso del automóvil en el centro, pero no es lo mismo en los barrios, donde una buena parte de la población no tiene otra opción”. “Más grave aún –añadió– es intentar favorecer la rotación vehicular instalando el cepo a escala barrial. Se trata de una medida drástica que sólo puede implementarse pero como último recurso, debiendo efectuarse medidas previas como la colocación de una oblea en el parabrisas señalando la infracción.”

Fernando Sánchez, jefe del bloque de la Coalición Cívica en la Legislatura, calculó que “de 8000 lugares para estacionar donde uno tiene que pagar actualmente, van a pasar a ser 160.000”. “En este proyecto están alcanzadas por los parquímetros unas 10.000 cuadras, un poco menos del 50 por ciento de la Ciudad”, comentó. Y consideró que “el estacionamiento medido está pensado para disuadir, para que en áreas comerciales los autos no estén estacionados durante mucho tiempo, pero no es el caso de barrios residenciales como Núñez o Lugano”. “Con este proyecto el PRO está invirtiendo la regla del uso del espacio público libre y gratuito. Ahora, el espacio público para estacionar va a ser tarifado: hay lugares libres para estacionar y el jefe de Gobierno se los quiere cobrar”, afirmó.

María José Lubertino, legisladora por el Frente para la Victoria, cuestionó la reimplementación del cepo como castigo para los infractores de tránsito porque “no son disuasorios y generan más violencia urbana”. La diputada consideró que “detrás de esto hay un gran negocio: la voluntad recaudadora del Ejecutivo y de prorrogar el contrato a las mismas empresas que hoy prestan el servicio de grúas y que vienen embolsando grandes cantidades de dinero”. Respecto del cepo, opinó que “no sirve porque no es disuasorio, genera más violencia urbana y su finalidad es sólo recaudatoria y beneficia sólo a las empresas del servicio de grúas: si una persona estaciona donde no debe o se le agotó el crédito, lo que corresponde es una multa o el acarreo, como cualquier infracción”.

“De ninguna manera creemos que se puede avanzar con este proyecto sin escuchar primero a los vecinos y comerciantes de cada barrio a través de audiencias comunales, porque si no esto se convierte en un caso de prepotencia y autoritarismo, donde alguien decide sentado en un escritorio sin conocer la opinión de la gente”, agregó Lubertino.

Por último, el titular de la ONG No al Parquímetro, Juan Chavarri, consideró que existe “un gran negociado” en torno de la concesión del servicio de grúa en la Ciudad. “Sigue existiendo un gran negociado y se está beneficiando a las empresas en contra del vecino y de cualquier tipo de transparencia”, advirtió.