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Estuvo prófugo cinco años y nueve meses, cambió de domicilio para despistar a sus perseguidores y hasta modificó su aspecto personal para seguir impune, pero finalmente cayó preso y le llegó la hora de tomar su vino triste. Carlos Alberto Blanco, de él se trata, tuvo su momento de fama en mayo de 1996, cuando fue señalado como el distribuidor en el área metropolitana de los vinos sanjuaninos Soy Cuyano y Mansero, que al ser adulterados con alcohol metílico provocaron la muerte de 29 personas en 1993. Blanco, de 50 años, vivía desde hace un tiempo con su familia en el barrio porteño de Flores, adonde había llegado luego de sucesivas mudanzas. Tras la detención en un sanatorio del barrio de Once, donde había ido a visitar a un pariente enfermo, fue trasladado de inmediato a la provincia de San Juan, donde podría ser condenado como ya lo fueron, en 1996, varios de los responsables de la bodega Nietos de Gonzalo Torraga, con sede en la ciudad de Caucete.
El final de Blanco comenzó hace unos días, en ocasión de un viaje que su esposa hizo a San Juan, donde tienen vínculos familiares con la familia de Mario Arnoldo Torraga, condenado a 15 años de prisión como máximo responsable de la intoxicación masiva. En ese viaje, la esposa de Blanco realizó un trámite administrativo y cometió el error de dejar asentada la dirección de su nuevo y auténtico domicilio en la Capital Federal, en la calle Baldomero Fernández Moreno al 2300. Desde ese momento comenzó un seguimiento de la casa familiar que culminó el viernes pasado al mediodía, cuando el ex distribuidor del vino fue detenido mientras salía del sanatorio Mitre, en Bartolomé Mitre 2553.
El reconocimiento dio algún trabajo porque Blanco ahora es tinto: se ha teñido el pelo para disimular las canas. Y también se ha rasurado la barba que lo identificaba allá por mayo de 1996, cuando se libró la primera orden de captura, seguida luego por otras dos. La orden de detención de Blanco fue firmada por el juez federal Norberto Oyarbide y luego de la detención, a cargo de personal de la División Seguridad Pública de la Policía Federal, el acusado pasó una noche en la Alcaidía de la Superintendencia de Investigaciones, en Villa Lugano, y el sábado fue trasladado a San Juan. En la provincia es reclamado por el juez federal Leopoldo Rago Gallo. Anoche, Blanco estaba alojado en la delegación de la Federal en San Juan y hoy sería indagado por el juez.
La causa que lo involucra, y que siguió abierta luego del juicio oral donde fueron condenados Torraga y otras seis personas, tiene en la carátula el nombre del empresario Jorge Vartanián, propietario de la firma Química Armenia SRL, proveedora del alcohol metílico. Vartanián fue absuelto y los cargos le apuntan a Blanco, que por esa razón había optado por poner distancia entre él y los estrados judiciales. Blanco había declarado como testigo, pero desapareció cuando pasó a ser imputado. La acusación dice que Blanco era el responsable directo de entregar la materia prima con la que se “estiraban” los vinos. En suma, el alcohol metílico que produjo la muerte de 29 personas.
Blanco sería responsable del delito que contempla el artículo 200 del Código Penal, que sanciona al que “envenenare o adulterare, de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público o el consumo de una colectividad de personas”. En el mismo artículo se especifica que “si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de 10 a 25 años de prisión”. En 1996, junto con Mario Torraga, fueron condenados su hijo Guillermo (a seis años y medio de prisión), el enólogo Armando Ribes (a 10 años), el capataz de la bodega Pedro Tobarez, el gerente Horacio Barbero (los dos a seis años y medio) y tres empleados del Instituto Nacional de Vitivinicultura que tenían a cargo la fiscalización del producto que salía de la bodega con sede en la ciudad de Caucete.