SOCIEDAD › OPINION

El ordenamiento territorial en el eje de la cuestión

 Por Facundo Villar *

El actual escenario de inundaciones en la provincia de Buenos Aires obliga a reflexionar acerca del modo en el que la sociedad se relaciona con su entorno geográfico. Fenómenos cada vez más recurrentes e intensos, consecuencia del cambio climático, como las precipitaciones de la última semana, ponen de manifiesto la multiplicidad de elementos que deben ser tenidos en cuenta si se pretende una real comprensión del asunto y por tanto la búsqueda de soluciones efectivas.

En el análisis de los riesgos ambientales existen dos esferas principales; la natural y la antrópica, ambas interactuando y modificándose entre sí constantemente. En lo correspondiente a lo natural, las precipitaciones recientes estuvieron entre los 300 y 400 mm en una semana, dependiendo de la región de la provincia, lo que constituye prácticamente el cincuenta por ciento de las precipitaciones anuales para la región, que oscilan entre 800 y 1000 mm. A esto hay que sumarle la escasa pendiente de la pampa húmeda, que provoca un lento escurrimiento de las aguas en un territorio de muy baja altura y caracterizado por sus numerosos humedales. La combinación de estos factores da como resultado que las inundaciones sean uno de los riesgos propios, por sus características naturales, de la región pampeana.

Ahora bien, esta situación se ve agravada por prácticas antrópicas que agudizan gravemente el fenómeno de las inundaciones. La clave entonces radica en el ordenamiento territorial de los diferentes usos del suelo; en otras palabras, qué se puede hacer y qué no en las diferentes regiones y cuencas de la provincia. Sin duda alguna, el ordenamiento del suelo debe estar en el centro del debate respecto de las inundaciones.

La sojización de la región, con su consiguiente técnica de siembra directa, resulta en una saturación en la absorción de agua en los suelos que termina provocando escorrentía en donde antes había infiltración hacia los acuíferos. La sobrecarga en el caudal de los ríos producto de la mayor escorrentía, sumada a los canales clandestinos construidos por los productores rurales para drenar el exceso de agua de sus campos, aumentan el ancho de los cursos de agua, ampliando así su llanura de inundación.

Por su parte, en la región urbana del AMBA la especulación inmobiliaria sin control ha llevado a la proliferación de barrios cerrados, dependientes de habilitaciones municipales, los cuales generan masivos movimientos de suelos en pos de elevar los terrenos destinados a las clases medias acomodadas y altas. Paradójicamente, el tremendo contraste socioeconómico de la región más urbanizada del país hace que los barrios cerrados se localicen lindantes a barrios populares y asentamientos precarios que se instalaron previamente allí en tierras que nadie ocupa, precisamente por ser inundables. La diferencia de altura entre los barrios populares y las urbanizaciones cerradas da lugar a que el agua, que solo obedece a la fuerza de gravedad, escurra hacia los barrios humildes, dejándolos aún más bajo el agua.

Cuando se habla de actividades antropocéntricas quedan escondidas qué acciones son las que incrementan los riesgos de inundaciones, pero sobre todo quiénes son los actores que están detrás de las mencionadas actividades. Sólo así se entiende que el ordenamiento de los usos de suelos en la provincia esté cruzado por múltiples intereses económicos y políticos que frenan cualquier normativa tendiente al ordenamiento territorial. En ese sentido, una batería de proyectos de ley impulsados en el año 2013 desde la vicegobernación de la provincia (Plataforma de Soberanía Ambiental en la Provincia de Buenos Aires), tendientes al ordenamiento ambiental del territorio bonaerense, aguardan ser aprobadas por la legislatura provincial.

De este modo, la problemática no es exclusivamente técnica ni carente de intereses. Resulta altamente complejo establecer regulaciones del Estado en los usos del suelo, en la localización de los barrios cerrados, en las zonas del territorio que deben destinarse a reservas que funcionen como áreas de amortiguación frente a inundaciones, en el tipo de cultivos y técnicas más aptas para preservar el suelo y evitar anegamientos, entre otras medidas necesarias. Pero resulta ya inevitable plantear en la agenda pública la necesidad de reformular el modo de interactuar con el ambiente porque, de un modo u otro, será necesario llevar adelante un reordenamiento de los usos y actividades en el territorio que respeten el orden natural del mismo y contemplen los innegables efectos del cambio climático.

* Geógrafo. Maestría en Políticas Sociales Urbanas (Untref).

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