SOCIEDAD › EL TRAVESTICIDIO DE DIANA SACAYAN

Rumbo al juicio oral

El fiscal Matías Di Lello y la titular de la UFEM, Mariela Labozzeta, solicitaron la elevación a juicio oral y público de la causa por el travesticidio de la activista Diana Sacayán, asesinada de 13 puñaladas un año y un mes atrás en su departamento del barrio porteño de Flores. Pero pidieron –igual que la querella– que se juzgue en primer término a uno de los imputados, Gabriel David Marino, y se profundice la investigación en relación al segundo detenido, Félix Alberto Ruiz Díaz. En la presentación, los fiscales destacaron la problemática del travesticidio como una consecuencia de la discriminación histórica de las personas trans en la sociedad. Y consideran que, desde el punto de vista jurídico, el hecho debe encuadrarse en la calificación de femicidio y crimen de odio, además de tener el agravante de la alevosía.

“Las circunstancias y el modo de comisión del hecho permiten suponer que el homicidio estuvo motivado por su condición de mujer trans y por su calidad de miembro del equipo del Programa de Diversidad Sexual de Inadi, impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA) y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL)”, señalaron Di Lello y Labozzeta en el requerimiento de elevación a juicio “parcial” –por ser contra uno de los dos imputados en la causa–, presentado ante el juez en lo Criminal de Instrucción N° 33 Gustavo Pierretti.

Puntualmente, le imputan a Marino el delito de homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado mediante violencia de género, por odio a la identidad de género y con alevosía, en concurso real con el delito de robo –de 20 mil pesos que tenía Sacayán en su departamento–, en carácter de coautor: los fiscales tienen la certeza de que no actuó solo y de que hubo dos partícipes del hecho, aunque consideran que se debe determinar si efectivamente fue Ruiz Díaz su cómplice u otro hombre. Por esa razón, pidieron al juez que se profundice la investigación en el caso del segundo detenido, con una serie de medidas de pruebas. Marino, de 23 años, está preso en el penal de Ezeiza y Ruiz Díaz, en el de Marcos Paz.

De acuerdo a la investigación fiscal que realizó Di Lello con la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), el travesticidio de Sacayán ocurrió el fin de semana del 10 y 11 de octubre de 2015, en su departamento de Rivadavia 6747. Su cuerpo sin vida fue encontrado el lunes 13. Las pruebas que incriminan a Marino para los fiscales son contundentes: se encontró su ADN debajo de las uñas de Sacayán y también restos de semen en su cuerpo, igual que en un preservativo encontrado en el departamento. Fue reconocido por el guardia del edificio, donde vivía la activista. Una cámara instalada en un comercio lindero lo captó cuando salía del edificio junto a otro hombre ese fin de semana: en el video se ve a Marino claramente pero la fiscalía no pudo reconocer todavía quien es su acompañante. En el lugar del crimen se encontraron un cuchillo con hoja de 20 centímetros con restos de sangre, una tijera y un martillo. Marino había presentado a Sacayán a su madre, como alguien con quien mantenía una relación amorosa.

“El crimen se perpetró con un altísimo grado de violencia. Los agresores ataron las manos y pies de la víctima y la amordazaron, la golpearon con los puños, la patearon, la golpearon con objetos contundentes, la cortaron con vidrios rotos y la apuñalaron varias veces con un cuchillo de cocina. Todas esas conductas se realizaron mientras la víctima aún se encontraba con vida y contribuyeron a prolongar su sufrimiento. Este modo de ejecución del hecho evidencia la posición de subordinación de la víctima y el total desconocimiento de su dignidad humana”, señalaron en el requerimiento de elevación a juicio. Además, apuntaron que el crimen de Diana se produjo en un contexto social de discriminación y violencia generalizada contra las personas travestis: así fundamentaron el encuadre como femicidio –por ser femenina la identidad elegida por la activista– y por la situación de subordinación histórica de las mujeres en la sociedad.

“En el caso de las mujeres trans, esta relación desigual de poder se sustenta en la creencia y el prejuicio de que las personas heterosexuales, cisgénero y aquellas que no son intersex son superiores a las personas LGBTI. Las normas sociales tradicionales sobre género y sexualidad y la discriminación generalizada por parte de la sociedad hacia las orientaciones e identidades no normativas incentivan la violencia contra las personas LGBTI”, detalló la fiscalía. En el requerimiento, citaron también a Lohana Berkins, otra reconocida dirigente del colectivo trans, refiriéndose al contexto de exclusión y violencia que sufren las travestis: “La única condición que para nosotras prevalece en este crimen, sean cuales fueran las tramas policiales, es su sola condición de travesti. A ella la mataron por eso. Las demás razones son secundarias. Pido que se tenga en cuenta el contexto en el que vivimos las travas”. Por ese motivo, Berkins, como recuerda el escrito, la activista fallecida en febrero de este año, consideró que el homicidio de Sacayán debía ser considerado como un travesticidio. Al igual que ha ocurrido hace algunas décadas con el concepto de “femicidio”, actualmente el colectivo trans ha desarrollado el de “travesticidio” con el objetivo político de visibilizar la discriminación estructural que sufren las personas trans, destacaron Di Lello y Labonzzeta.

Para fundamentar el agravamiento por odio de género, los fiscales pusieron en primer plano “el alto grado de violencia con el que los autores perpetraron el crimen y los signos de ensañamiento que exceden claramente la mera intención de matar”. El segundo indicio, señalaron, radica “en los probados prejuicios que albergaba Marino hacia las personas travestis y homosexuales”. El imputado se refirió a Sacayán como si ella fuera un varón, utilizando el artículo “él”, y expresó “estoy escrachado por todos lados por asesinar a un puto”, indicaron en el escrito. En tercer lugar, consideraron que se debe tener en cuenta el carácter de referente y activista trans de Sacayán, conocido por Marino. “En efecto, la víctima era una figura pública, con una conocida militancia en defensa de los derechos de las personas LGBTI. Su muerte tuvo un gran impacto en ese colectivo y tuvo el efecto simbólico de reproducir la sensación de desprotección e inseguridad que sufren sus integrantes”, concluyeron.

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