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La causa de los narcopolicías salteños tuvo ayer el primer cierre judicial. Con una resolución abundante, detallada y muy crítica, el juez federal jujeño Mariano Wenceslao Cardozo confirmó el procesamiento y la prisión preventiva sobre cinco policías de la Federal como supuestos coautores –y en un caso, partícipe– del delito de contrabando de cocaína agravado por el número de intervinientes y la calidad de funcionarios públicos. El juez procesó, además, a otros dos policías, pidió otras dos indagatorias y dedicó un párrafo especial a la cúpula de la Federal por un “palpable” respaldo a los procesados. La resolución no dejó fuera ni siquiera al Ministerio del Interior. Cardozo remitió una copia de la resolución al ministro Aníbal Fernández en “su carácter de responsable político de la fuerza para su conocimiento y demás efectos”.
Los detenidos y procesados son los cuatro policías que el domingo 8 de mayo, cerca del mediodía, volcaron sobre la ruta nacional 34, a la altura de la localidad de Puesto Viejo, cuando viajaban en una camioneta Ford Courier blanca con 120 kilos de cocaína encima, el doble de la que originó el escándalo de Southern Winds. Según acaba de determinar Cardozo, los cuatro son presuntos “coautores prima facie responsables de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y la condición de funcionarios públicos encargados de la persecución de los delitos previstos en la ley 23.737”.
Se trata del subcomisario Daniel Dionisio Ferreyra, el tercero en jerarquía de la Delegación Salta de la Federal; el oficial subinspector Dante David Callave, y los cabos Daniel Gerardo Guzmán y Nazario Javier Aguilera. El quinto policía, procesado y detenido como “partícipe” bajo el mismo cargo, es el cabo Dardo Rafael Orozco, parte del staff de la subdelegación de Salvador Mazza, en la frontera con Bolivia, y uno de los que con su testimonio construyeron la hipótesis del supuesto operativo contra una banda de narcos.
Con esta resolución, el juez parece dar por válido que la banda no actuó en el marco de un operativo, como intentó demostrar el equipo de siete abogados enviados por el Departamento Central de la Policía Federal a Jujuy, sino que los cuatro trasladaban la droga vestidos de civil en dirección a la provincia de Salta, en una camioneta “ilegal”, ya que había sido confiscada por la Justicia a una banda de narcotraficantes. Esa hipótesis supone que la banda de policías cayó detenida sólo porque existió “un accidente” y el “vuelco” final que permitió el hallazgo de la droga.
Cardozo incluyó otros dos procesamientos para el subcomisario Juan Carlos Zapana y el sargento Héctor Bernardino Flores, ambos de Salvador Mazza. Los cree autores del presunto delito de “encubrimiento agravado” porque no denunciaron “la perpetración de un delito especialmente grave, siendo los autores funcionarios públicos”.
De allí en adelante el juez trabajó la hipótesis de la eventual cobertura promovida desde la jefatura de la Federal. Explicó que llegó al pronunciamiento “después de incontables incidentes promovidos por los defensores policiales”, entre ellos “insólitos planteos de nulidad” por una supuesta falta de competencia que el ambiente judicial lee como obstáculos para que la causa avance. Además de las nulidades, Cardozo se refirió a “reiteradas recusaciones, primero por parcialidad y luego por enemistad manifiesta” con los imputados a “quienes no había visto nunca ni escuchado hasta el inicio de la causa”.
La suma de objeciones parece más que significativa. La causa de los narcopolicías no es la única en la que las partes hacen su juego de reclamos para acelerar o retrasar un proceso. Sin embargo, lo singular de su caso reside en dos temas: que los implicados son policías federales y que él, como juez, decidió dejar sentado por escrito que la defensa se convirtió un sinuoso mecanismo de presión.
Indicios de este tipo sobran en la causa. Según el juez, “resulta palpable que la superioridad de la Policía Federal Argentina lamentablemente ha involucrado a la propia institución en una defensa cerrada del procedimiento en crisis y del personal investigado”. En este sentido, el juez cuestionó dos intervenciones. “La actuación de los abogados de la Dirección de Asuntos Jurídicos” de la Policía que, por otra parte, se alojaron en el hotel más lujoso de la provincia. Y las “manifestaciones del jefe de Delegaciones del Interior”, el comisario mayor Juan Darío Mazzaferri. Enviado por Aníbal Fernández a la provincia cuando el escándalo saltó a las tapas de los diarios, Mazzaferri sostuvo la inocencia de los policías durante una conferencia de prensa. Pero no fue lo único, además dijo que se había tratado de “un operativo exitoso y transparente”. Por ese caso, el juez Abel Cornejo, con jurisprudencia en la vecina provincia de Salta, ya lo había denunciado por “apología del delito”. Ahora serán el ministro Aníbal Fernández y la cúpula de la Federal quienes se anoticien cuando lean la copia de la resolución.