[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

El presidente Néstor Kirchner prometió crear un organismo destinado a realizar un “seguimiento” de la situación de todas las cárceles del país, después de recibir un duro informe elaborado por la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires sobre el incendio de la cárcel de Magdalena. El informe califica de “masacre” la tragedia ocurrida el 16 de octubre pasado y concluye que “hubo intencionalidad” en las muertes de los 33 presos. “El horror de la Unidad Penal 28 no es un hecho aislado e irrepetible, es parte de una cadena de muerte, tortura, apremios, tratos degradantes, violencia ilegal y negocios sucios, que la Comisión ha denunciado en su informe de 2004”, señala el texto.
Entre otras irregularidades, la comisión menciona que los guardias penitenciarios no abrieron una puerta de emergencia por temor a las fugas, que sólo funcionaban 31 de los 55 extinguidores y que la red de cañerías contra incendio nunca funcionó porque las bombas no tenían conexión eléctrica.
El informe que le llegó al Presidente consta de 58 páginas divididas en seis capítulos y de un video con los testimonios de sobrevivientes, testigos e imágenes que documentan las condiciones en las que se encontraba la unidad 28 de Magdalena. Se trata de una investigación paralela de la comisión, basada en el análisis de la causa judicial, el sumario administrativo abierto por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), las visitas del Comité contra la Tortura de Magdalena y en conversaciones con los presos sobrevivientes y aquellos que participaron en el rescate de los cuerpos.
“No quedan dudas. La tragedia fue una masacre. Su razón se encuentra tanto en la actitud del SPB de Magdalena, como en las acciones y omisiones del Estado provincial”, sostiene la comisión. El informe explica que “un grupo de agentes penitenciarios decide encerrarlos (a los presos del pabellón 16) con un incendio ya iniciado y resuelve dejar las puertas cerradas, no abrir ningún candado, ni siquiera el de la puerta de emergencia”. “En cambio, hubo represión y balas de goma para los detenidos de pabellones vecinos que intentaron socorrer a los presos que estaban muriendo”, añade el texto.
“Es verdad, como afirman los agentes en sus declaraciones, que ‘los internos rompieron instalaciones’. Rompieron paredes y abrieron boquetes en el pabellón 16. Trataban de salvar vidas”, señala la comisión. Al hacer mención a la puerta de emergencia que quedó cerrada, el texto reproduce una frase de un agente penitenciario que declaró que “si esa puerta se hubiera abierto, las cosas hubieran sido distintas”. “La ley de fugas estuvo claramente por encima de la defensa de la vida”, dice la comisión.
El trabajo también afirma que “las inspecciones y los testimonios aportaron otros datos significativos: las mangueras de los pabellones no tenían agua y los extinguidores estaban descargados”. Sobre el primer punto, la comisión menciona un informe de un arquitecto del SPB que revela que “en el gabinete de bombas de red de incendio de los Módulos de Autodisciplina (pabellones 15, 16, 17 y 18) se observó la inexistencia de conexión eléctrica alguna”. Respecto a los matafuegos, el jefe de la División Armamento del SPB informó que “el día de la tragedia en la unidad 28 había 55 extinguidores, pero sólo 31 en funcionamiento”.
La comisión denuncia que “ello se debía a que hubo una reducción considerable —de un 50 por ciento—, en la orden de compra para la recarga de matafuegos en todas las unidades y dependencias del SPB”.
También se hace mención al alto grado de toxicidad de los gases que despidieron los colchones que se quemaron dentro de la cárcel. “Recién con fecha 25 de octubre se declara la emergencia sobre las obras y construcción penitenciaria y en el marco de ella la cartera de Justicia resuelve cambiar los colchones. Queda claro que no existía siquiera un obstáculo presupuestario para el cambio de los colchones de poliuretano requerido por jueces, defensores y organizaciones de derechos humanos”, dice el texto.El encuentro con Kirchner se llevó a cabo en la Sala de Situación de la Casa Rosada con la asistencia del vicepresidente de la comisión, el fiscal bahiense Hugo Cañón, Alejandro Mosquera, la monja Martha Pelloni, Laura Conte, Roberto Cossa y el rabino Daniel Goldman, entre otros. El Presidente se encontraba acompañado por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y los secretarios General de la Presidencia, Oscar Parrilli, y de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde.
Al término del encuentro, el fiscal Cañón señaló que los miembros de la Comisión pidieron al jefe de Estado “profundizar” los estudios de esos “crímenes” ante la falta de investigación por parte del gobierno de la provincia. “Son campos de concentración las cárceles bonaerenses”, advirtió. Reveló además que el presidente Kirchner les propuso una serie de medidas como la constitución de una comisión nacional para el seguimiento de la situación en todas las cárceles del país. Añadió que por este episodio “no se produjo la renuncia de un solo funcionario político” y “sólo fueron pasados a disponibilidad el jefe de la unidad y otros dos oficiales superiores”.
El hecho ocurrió la noche del 15 al 16 de octubre pasado cuando, tras una pelea entre presos cuyo origen no está claro, los reclusos del pabellón 16 quemaron colchones, lo que derivó en la muerte de 33 internos asfixiados. La fiscal de La Plata a cargo del caso, María Laura D’Gregorio, investiga si el personal del SPB de la Unidad de Magdalena incurrió en el delito de abandono de persona al dejar que murieran 33 internos durante el incendio en el pabellón.
El documento de la Comisión denuncia además “el discurso de impunidad difundido por el Estado provincial luego del incendio, en el sentido de que habría sido un accidente impulsado por los propios reclusos, que con su violencia limitaron las posibilidades de rescate por parte de los guardias”, apuntó el integrante de la Comisión por la Memoria. Un capítulo del informe reúne a su vez todos los antecedentes, denuncias, fallos y escritos de defensores oficiales y fiscales que habrían alertado sobre la posibilidad de que una tragedia de estas características se produjera en el Penal de Magdalena.