El Senado aprobó el convenio firmado durante sus respectivas gestiones por el ex presidente Néstor Kirchner y ex el jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra, para la transferencia progresiva de competencias penales en materia contravencional a la órbita de la Justicia porteña.

El convenio determina que pasen a la ciudad la competencia en 16 delitos considerados menores, como las infracciones por daños en riña, el ejercicio ilegal de la medicina, las exhibiciones obscenas, el expendio de artículos medicinales y el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

También los maltratos y actos de crueldad con los animales, la propagación de enfermedades contagiosas, la usurpación, la violación de domicilio, la omisión de auxilio, los matrimonios ilegales, el envenenamiento y adulteración de aguas, la adulteración de alimentos y de medicinas y la represión de actos y omisiones discriminatorios.

La iniciativa tuvo el respaldo de 49 votos de los bloques oficialista y radical y de los representantes de la ciudad de Buenos Aires y la oposición de cinco legisladores justicialistas de Salta, Misiones y Chubut.

La aprobación del acuerdo fue propuesta por los oficialistas titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Asuntos Penales, el santacruceño Nicolás Fernández y el pampeano Rubén Marín, con el respaldo del bloque de la UCR. Fernández y Marín coincidieron en afirmar que “no está en juego la coparticipación de ingresos”, aunque la posición fue criticada por los legisladores Silvia Giusti, de Chubut; Sonia Escudero, de Salta, y el misionero Eduardo Torres, quienes advirtieron que la transferencia implicaba el traspaso de recursos.

“Me opongo terminantemente al traspaso de recursos”, dijo Escudero, en tanto que Giusti consideró que la aprobación del acuerdo significaba establecer “un antecedente riesgoso y peligroso” que puede ser usado en el futuro para otros temas.

El jefe del bloque oficial, Miguel Pichetto, negó que la transferencia de competencia implique el traspaso de recursos que menoscaben los ingresos por coparticipación federal de las provincias.