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El 11 de noviembre pasado, el juez Roberto Tori, del Juzgado Civil y Comercial Federal 3, dictó una medida cautelar que ordena a un spammer que se abstenga de seguir mandando e-mails a los demandantes mientras dure la causa. Los demandantes en cuestión eran los abogados Gustavo Tanús y Pablo Palazzi, quienes habían presentado el recurso en base a la Ley de Protección de Datos Personales.
Fue la primera vez en el país que se dictó una medida contra el spam y el acusado era un ejemplo clásico no solamente de los que se dedican a esta práctica, sino que encima la promueven. “Era una gente que publicitaba bases de datos por país, nombre y profesión –cuenta Tanús– y a la vez como “bonus” te regalaban un software para hacer spam sin identificar tu IP. A través del teléfono que publicaba obtuvimos la dirección y lo identificamos.”
Antes, Tanús siguió los pasos de la Ley de Protección de Datos: le respondió exigiendo saber de dónde había obtenido su dirección de email y reclamando que no le enviara más publicidad. Pero todo siguió como si nada.
Ahora que el juez dictó la medida, falta notificar al acusado, que no aparece. “Si no contesta se avanzará con la sentencia –explica el abogado–. Pero en definitiva, no es la solución. La idea era poner el tema en evidencia y mostrar que no necesariamente hace falta una ley del spam para que se reconozca que el e-mail merece protección.”