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Manfredo Arheit, presidente de la cámara que nuclea a los industriales metalúrgicos y directivo de UIA, no se inhibe a la hora de señalar el riesgo de demandas sindicales: lo último que quieren las empresas, confiesa ante Cash, es enfrentar un planteo gremial por una mejora de salarios.
Técnicos de la UIA identificaron al sector metalúrgico como uno de los que está en mejores condiciones de enfrentar un aumento de salarios.
–La situación no es uniforme. Algunos están mejor y otros tienen panoramas muy difíciles, como las fábricas que son proveedoras de las automotrices. Ahora el Gobierno está impulsando un aumento de 50 pesos en el salario básico. Y eso nos afecta enormemente. Le doy un ejemplo. Esa suma sobre el salario de un operario que gana 500 pesos significa una suba del 10 por ciento. Pero cuando esa mejora llega a un superior calificado, que gana 1000, se transforma automáticamente en 100 pesos, porque los convenios no permiten ajustes que achiquen la brecha entre categorías.
Aun así la industria metalmecánica tuvo dos años de bonanza que le permitiría afrontar esas subas.
–Lo que puedo decirle es que un aumento por decreto termina perjudicando a las empresas más débiles, que no lo pueden afrontar. Además, es una intromisión en las que sí están otorgando ajustes a las categorías más altas porque no quieren perder al personal calificado. Pero cuando haya una mejora en el básico, los jerarquizados no van a querer quedar afuera de ese aumento y exigirán más. Es convulsionar la situación. Y lo que menos queremos las empresas es enfrentar un planteo gremial.
Usted suele lamentarse del costo laboral y en alguna oportunidad se quejó de que “echar a un empleado cuesta tanto como comprar una máquina”. ¿Pero acaso el peso relativo de los salarios no bajó después de la devaluación?
–Para las empresas que pudieron subir el precio de su producto terminado, sí. Pero no todas pudieron. Por los decretos que obligaron a pagar 200 y 50 pesos, la mejora salarial promedio del sector fue entre el 80 y el 87 por ciento. Un peón ganaba 350 pesos y hoy cobra cerca de 700 pesos. Eso fue un serio disgusto para quienes no podían ajustar sus precios de venta.
¿Y quiénes no pudieron subir sus precios?
–Aquellos industriales sometidos a fuerte competencia interna o a la presión de industrias oligopólicas como las automotrices.
¿No es un auxilio el congelamiento de las tarifas?
–Ayuda. Pero en la metalurgia la energía sólo incide entre el 2 y el 5 por ciento de sus costos. Por el otro lado, hay insumos dolarizados que subieron mucho. Por ejemplo la chapa laminada en caliente. Argentina importaba de distintos orígenes a un promedio de 270 dólares la tonelada. Hoy ese producto está a 600 dólares. Es cierto que ahora en gran medida nos abastecemos del productor local.
¿Se está refiriendo a Siderca, de Techint?
–Básicamente. Hasta el 2001 exportaba entre el 70 y 80 por ciento de su producción. Ahora revirtió ese mix y está cumpliendo el compromiso de abastecer al mercado interno, a un precio dolarizado, aunque un poco por debajo del internacional. Techint está haciendo un esfuerzo para quedar bien con todos.
¿La metalurgia no es un ejemplo de industria que ganó competitividad expulsando mano de obra?
–Es cierto que en la última década hubo gran disminución de la mano de obra. De 380 mil convencionados en 1992 se pasó a sólo 120 mil en el 2002.
¿Realmente Brasil tiene condiciones más favorables para la radicación?
–Sí, aunque las ventajas relativas se morigeraron después de la devaluación local. En Argentina no tuvimos ni tenemos política industrial;el sector financiero no da créditos baratos y la legislación laboral tampoco ayuda.
¿No le parece que la legislación debe amparar al más débil, en este caso el empleado, del empresario que despide sin causa?
–La defensa del más débil es digna de respetar. Pero las empresas no son instituciones sociales ni lugares de contención.