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En los últimos dos años el número de beneficiarios del Plan Jefas y Jefes de Hogar disminuyó en 445 mil personas. La recuperación acelerada de la economía posibilitó que muchos desocupados consiguieran empleo, fundamentalmente en sectores industriales. Sin embargo, todavía continúan cobrando el beneficio 1,5 millón de trabajadores, de los cuales 1 millón tiene muy pocas posibilidades de reinsertarse en el mercado laboral. Cerca de 500 mil son madres con varios hijos y ancianos que ni siquiera buscan trabajo. El resto está conformado por beneficiarios de entre 35 y 60 años, sin calificación laboral y con bajo nivel educativo. Conforman el núcleo duro de la desocupación y deberán seguir siendo asistidos por la política social aunque la economía continúe creciendo a ritmo chino. Esas son las conclusiones de un informe reciente elaborado por el Ministerio de Trabajo al que tuvo acceso Cash. Los funcionarios se niegan a hablar de trabajadores “no empleables” para no cristalizar en el discurso la segmentación social que se consolidó a partir de la década del 90, pero reconocen que será muy difícil que esa porción de los beneficiarios vuelva a conseguir trabajo en el mercado formal.

El relevamiento del Ministerio de Trabajo divide a los beneficiarios del plan en cuatro grupos de acuerdo con sus posibilidades de inserción laboral.

En el primer grupo se encuentran los desocupados con mayores chances de conseguir empleo formal. Un 20 por ciento de trabajadores, en su mayoría jóvenes menores de 25 años, con nivel educativo aceptable (46 por ciento tiene secundario completo) y calificación laboral como operarios o técnicos especializados. Son nuevos pobres que han sido golpeados por la crisis reciente, pero que nunca fueron expulsados definitivamente del mercado laboral. Por lo general, continuaron realizando actividades informales paralelas al cobro del plan, lo que les permitió mantener sus ingresos por encima de la línea de indigencia y en algunos casos minoritarios escaparle a la pobreza a través del ejercicio de un oficio, el empleo fabril en negro o actividades comerciales informales. La mayoría de los que se insertaron al mercado en los dos últimos años pertenece a este grupo que irá desapareciendo en el corto plazo si la reactivación continúa su marcha. Donde están siendo más empleados es en industrias de mano de obra intensiva y nivel de calificación intermedia como la construcción, el sector textil y la producción de alimentos y bebidas. Daniel Hernández, director de Orientación y Formación Profesional del Ministerio de Trabajo, afirmó a Cash que paradójicamente ése “es el grupo que menos ayuda necesita y donde más impacto tienen nuestras políticas para favorecer el empleo genuino”.

El segundo grupo está conformado por el 18 por ciento de los beneficiarios. En el Ministerio de Trabajo sostienen que con políticas activas adecuadas tendientes a elevar los niveles educativos y de calificación, este grupo también puede pasar a formar parte creciente del flujo de reingreso al mercado. En su mayoría son jóvenes-adultos de entre 26 y 45 años, con nivel educativo medio-bajo (el 73 por ciento no completó el secundario) y sin calificación laboral. Su experiencia previa se reduce en muchos casos al mercado informal, donde tuvieron una inserción relativamente fluida hasta que la crisis de 2001 los expulsó definitivamente, más allá de alguna changa esporádica posterior. Muchos se están reconvirtiendo a un nuevo oficio. Por ejemplo, Claudio Santacruz, un desocupado de 38 años vecino de Villa Celina, afirmó a Cash que se ganaba la vida vendiendo productos importados hasta que la devaluación le puso fin al negocio. En 2002 comenzó a cobrar el plan, pero el año pasado se lo quitaron al comprobar que su mujer tenía trabajo. Ahora gana algunos pesos con changas de pintor, mientras termina el secundario y completa un curso trimestral de capacitación para intentar conseguir empleo en una estación de GNC.

Los cursos impulsados por el Ministerio de Trabajo, cámaras sectoriales e institutos de formación son la opción elegida para fortalecer las capacidades de los trabajadores, pero las posibilidades de inserción continúan siendo escasas en un contexto macroeconómico donde predominan elevados índices de desocupación y precarización. Roberto Altamira tiene 41 años, ocho hijos y primario completo. El año pasado realizó un curso de constructor en la Uocra con la promesa de que serían empleados para trabajar en la extensión de la línea A de subte. Sin embargo, “de los 42 que hicimos el curso sólo tres consiguieron trabajo”, afirmó a Cash.

La situación se complica aún más para quienes conforman el tercer grupo. Beneficiarios del Plan Jefes con nivel educativo bajo (el 96,6 por ciento se divide entre los que tienen primaria completa e incompleta), calificación laboral escasa y con el agravante de que el 73 por ciento tiene entre 36 y 60 años. Suelen ser pobres estructurales que están fuera del mercado laboral desde hace más de cinco años y sólo realizan changas esporádicas. Son cerca de 500 mil personas que siguen buscando empleo pero, según el Ministerio, permanecerán dentro del Plan Jefes casi con seguridad durante los próximos años. La barrera más difícil de superar para este grupo es el tope de edad que fijan muchas empresas al momento de la contratación. Verónica Camacho tiene 44 años, tres hijos, experiencia laboral en el sector textil y primaria completa. En diálogo con Cash comentó que “me presento a buscar trabajo, pero las empresas no quieren gente mayor de 40 años. Ahora estoy haciendo un curso de moldería para trazar ropa para chicos y tengo ganas de impulsar un negocio propio”.

En la actualidad, casi 150 mil beneficiarios del Plan Jefes participan de algún emprendimiento productivo a través del Plan Manos a la Obra. Para muchos suele ser la única forma de ingresar al mercado, pero el mayor interrogante radica en la sustentabilidad de esas iniciativas en contextos de amplia pobreza y bajos niveles de demanda.

En el último grupo el Ministerio de Trabajo ubica a cerca de 500 mil personas que define como “inactivas”, pues ni siquiera buscan empleo. En su mayoría son madres con varios hijos, aunque también se incluye a beneficiarios mayores de 60 años. La intención del Gobierno es que las madres vayan pasando al Plan Familias, que actualmente asiste a 206 mil personas. La principal ventaja es que las madres no deben prestar ningún tipo de contraprestación laboral y, junto con su familia, tienen acceso automático a todos los programas sociales (Plan Remediar, Seguro Materno Infantil, Programa de Alfabetización). Daniel Arroyo, viceministro de Desarrollo Social, afirmó a Cash que “el Plan Familias busca quebrar la pobreza intergeneracional existente en el país que condena a la exclusión a los hijos de los pobres”.

De esta manera, se estaría comenzando a distinguir entre los programas de empleo y de ingresos. El Plan Familias asistiría a los pobres estructurales garantizando un ingreso mínimo, salud y educación. Mientras el Jefes iría adquiriendo un perfil ligado a la capacitación para conseguir empleo, con algunas estrategias de largo plazo orientadas a los desocupados más críticos. El problema es que la redefinición se hace habilitando la migración de un programa a otro, pero manteniendo las puertas de ambos programas sociales cerradas para nuevos ingresantes. Por lo tanto, la universalización de la ayuda social continuará siendo una asignatura pendiente. Pese a ello, más de un millón de personas seguirán dependiendo de los planes sociales a fines de la década, aunque la economía crezca como hasta ahora.