Por Moisés Resnick Brenner *

Se está asistiendo a nivel mundial a la era de los gigantescos fraudes bancarios y bursátiles, donde en cuestión de minutos algunos ganan fortunas a costa de otros que las pierden. Todos ellos basados en “dibujos contables” aprobados por los que fueron los más prestigiosos auditores internacionales, conocidos como los Nueve Grandes. Ellos han intervenido en los escándalos más resonantes como los de Enron, Xerox, WorldCom en los Estados Unidos; y Parmalat en Italia. Un grupo de bancos dio información falsa que indujo a la compra de bonos, acciones, cuotapartes de fondos de inversión, basada en la confianza pública que esas empresas de auditorías gozaban, destacándose el caso de Arthur Andersen. Esta última pagó fortunas en resarcimiento que la llevó a la bancarrota, después de más de 100 años de vida. La mayoría de los directores y auditores de esas empresas han sido procesados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos con cargos de perjurio, lavado de dinero, extorsión, entre otros.

En el caso de los países, el auditor ha sido el FMI. Este organismo internacional, con Argentina, ha ocultado la verdadera situación económica que condujo a la debacle del 2001, con sus consecuencias no sólo económicas sino también sociales. En efecto, ya en 1998 los Estados Contables de la Administración Central confeccionados por la Contaduría General de la Nación mostraban un estado de insolvencia. El país sólo contaba con menos de 0,50 peso de activo para responder a cada peso de deuda, que fue disminuyendo hasta 0,10 peso en el 2001, año en que se declaró el default.

El ocultamiento de esos indicadores por parte de ciertos economistas y funcionarios del FMI los transforma en partícipes necesarios del fraude que generaron. Así dieron luz verde para que un grupo de bancos continuaran con la venta de bonos, acciones y cuotaparte de fondos emitidos por Argentina y por empresas radicadas en el país.

La ley de quiebras en Argentina determina que un acreedor privilegiado, por tener su crédito respaldado con una garantía real como una hipoteca, sólo puede invocarla en caso que el acreedor demuestre que al momento de firmar esa hipoteca no conocía el estado patrimonial y/o financiero del deudor. En caso contrario, se supone que esa garantía ha sido fruto de una maniobra para mejorar su condición contra la masa de acreedores, en cuyo caso el acreedor pierde su calidad de privilegio que le otorgaba la hipoteca. Y el crédito pasa a tener igual tratamiento que los que constituyen la masa acreedora.

Esta es la situación en que se encuentra Argentina, dado que el FMI como auditor del país conocía su situación económico-financiera, pero sin embargo continuó otorgando la “luz verde”. El FMI reconoció su culpabilidad a través del documento autocrítico producido por su Oficina de Evaluación Independiente. Rodrigo Rato tiene la oportunidad histórica de reparar integralmente los daños causados –por sus anteriores autoridades que actuaron entre 1998 y 2001– tanto al país como a los inversionistas. Esa reparación debe restituir el equilibrio afectado por el daño, tratando de situar a la víctima en una situación equivalente a la que hubieran tenido si el hecho perjudicial no se hubiera producido, que en principio debiera ser la diferencia entre las sumas que se le reclaman al país y la deuda legítima que honraría el país, de acuerdo con las normas generales del derecho.

Así como lo hizo Arthur Anderson en el caso Enron y otros auditores, el FMI debería reparar integralmente los daños causados por su actuación cuasi dolosa por la responsabilidad que le cupo como auditor de la Argentina durante los últimos 20 años, en los que defraudó a la comunidad internacional. Y que llevó a Argentina a la más grave crisis y regresión económica y social de su historia.

Si bien en los Estados Unidos, el gobierno reaccionó a través de la comisión de valores (SEC) y de una reciente ley estableciendo nuevos requisitos a cumplir para las empresas que cotizan en Bolsa, resulta muy difícil descubrir tempranamente un fraude, cuando los directores y/o gerentes de las empresas se complotan con sus auditores. Lo mismo se puede decir con lo que sucedió en la década del ‘90 con Argentina, entre las autoridades económicas y el FMI.

* Presidente de la Comisión de Economía del Centro Argentino de Ingenieros. Miembro del Encuentro del Pensamiento Nacional.