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Domingo, 22 de julio de 2007

NOTA DE TAPA

H2O

 Por Natalia Aruguete

Con la reciente decisión de la francesa Saur de retirarse de Obras Sanitarias de Mendoza, cerca de diez son los cambios de manos en el servicio de agua potable y saneamiento desde la salida traumática de la convertibilidad. Esas operaciones, en gran parte, están asociadas a reestatizaciones, con el alejamiento de firmas de capitales extranjeros, según una reciente investigación del Area de Economía y Tecnología de la Flacso, titulada “Nuevos y viejos actores en los servicios públicos”. Desde que, en 1980, Obras Sanitarias de la Nación transfirió a las provincias y municipios los sistemas de agua y saneamiento, se crearon diversos modelos de gestión. Luego, la oleada privatizadora de los ’90 arrastró a varias jurisdicciones a entregar el servicio al capital privado nacional y extranjero.

Corrientes fue la primera en transferir su empresa a Aguas de Corrientes SA, en septiembre de 1991. Le siguió la provincia de Buenos Aires, que concesionó el agua a Sudamericana de Aguas en 1992, Aguas de Balcarce en 1994, Aguas de Laprida en 1996, Aguas de la Costa y Aguas de Campana en 1998, Azurix Buenos Aires en 1999 y Aguas del Gran Buenos Aires en 2000. En el resto de las provincias, los concesionarios privados Aguas de Formosa, Aguas del Aconquija (Tucumán) y Aguas Provinciales de Santa Fe empezaron a operar en 1995, Aguas de Santiago en 1997, Obras Sanitarias de Mendoza y Aguas de Salta en 1998, Aguas de Misiones en 1999 y Aguas del Valle (Catamarca) en 2000. En esa época, el argumento del gobierno de Carlos Menem fue que “lo que hacía el Estado estaba mal hecho”, afirmó a Cash el ex subsecretario de Recursos Hídricos de la gestión de la Alianza Víctor Pochat (ver aparte).

Los organismos multilaterales de crédito apoyaron esta estrategia por medio de diversas operaciones; por ejemplo, contribuyendo “a la creación y puesta en marcha de marcos y entes regulatorios (o facilitando) recursos para el diseño e implantación de los procesos de licitación de contratos de concesión, e incluso en el financiamiento directo de algunos operadores privados”, afirma un reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo.

En el año de la megadevaluación coexistían más de 1700 operadoras en la Argentina. En las zonas más alejadas, las cooperativas, uniones vecinales y municipios se hicieron cargo del servicio. Mientras que 22 empresas privadas, mayoritariamente en manos de trasnacionales, eran responsables de la provisión de agua a casi el 60 por ciento de la población del país.

A medida que se avanzó con la renegociación de los contratos, varios operadores privados del sector fueron desplazados. En algunos casos, las empresas fueron reestatizadas. En otros, fueron vendidas total o parcialmente al capital privado local o extranjero, describe el trabajo de Flacso. En concreto, desde marzo de 2002 cuatro concesiones pasaron a manos del Estado –con lo que el capital privado pasó de casi el 60 al 16 por ciento de la población atendida y el Estado, del 12 al 53 por ciento– y otras cinco fueron transferencias entre privados.

Las empresas más importantes del sector a nivel mundial ingresaron al país en los primeros años de los ’90. Las trasnacionales Suez, Aguas de Barcelona, Azurix, Saur, Dycasa, Impregilo, Dragados, Bilbao Vizcaya, FCC, Vivendi fueron socias principales en nueve concesiones, mientras que las locales Latinaguas y Sagua Int. Corp controlaron las cinco restantes. Varias de éstas se fueron del país –y algunas también de la región– a partir de 2002. Aquí se describen tres casos de empresas que volvieron a manos del Estado.

Azurix Buenos Aires. La compañía liderada por el grupo energético Enron ganó la licitación del servicio de agua y saneamiento en 49 partidos y 72 localidades de la provincia de Buenos Aires en mayo de 1999, al ofertar un canon muy superior al ofrecido por sus competidoras. Juan González, director en Representación de los Usuarios en Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires, definió como “predatorio” el canon pagado y aclaró que era un monto “irrecuperable a corto y largo plazo”. Al poco tiempo, Azurix pretendió readecuar el programa de expansión y el valor de la tarifa, pero no lo consiguió. Entonces, a fines de 2001, declaró rescindido el contrato “por culpa del concedente”, pero recibió el rechazo de las autoridades provinciales a esa pretensión. Según el informe elaborado en 2002 por el entonces Organismo Regulador de Aguas Bonaerense –actual Ocaba–, Azurix tenía “severos atrasos” en la extensión de las redes: más del 80 por ciento en agua y prácticamente total en cloacas. Ese ente de control agregó que en los primeros dos años se cumplió con el 7 por ciento de las inversiones comprometidas.

Aguas Argentinas. El Area Metropolitana de Buenos Aires, integrado por la ciudad de Buenos Aires y 14 partidos bonaerenses, había quedado en manos de Obras Sanitarias de la Nación, quien concesionó el mayor sistema de agua a nivel mundial al consorcio liderado por la francesa Suez. A partir de la pesificación de la economía, en 2002 comenzó la renegociación del contrato de Aguas. La concesionaria reclamó al Estado un seguro de cambio para hacer frente a su deuda de 700 millones de dólares y la suspensión de las inversiones comprometidas. En mayo de 2004 se firmó un Acta Acuerdo con la que se acordó mantener el valor de las tarifas, suspender la demanda ante el Ciadi, recomponer la deuda y suspender las multas aplicadas a la empresa. Después de cuatro años de negociaciones, en marzo de 2006 se rescindió el contrato de Aguas y se creó la estatal Agua y Saneamiento. “El fracaso de la privatización tuvo que ver en parte con los incumplimientos en la expansión del servicio y en las inversiones”, opinó ante Cash Américo García, de la Unión de Usuarios y Consumidores. Y agregó: “La debilidad regulatoria de la Argentina fue favorable a las empresas. No hubo una regulación firme, se dio a las empresas lo que querían y eso se expresó en la rentabilidad”.

Aguas de Santa Fe. El proceso de renegociación que llevó a la rescisión de esta concesión, que abarcaba la ciudad de Santa Fe y 14 municipios (casi el 60 por ciento de la población de la provincia), tuvo similitudes con el caso de Aguas Argentinas. El gobierno provincial acompañó la estrategia del gobierno nacional y apuntó a los incumplimientos de la empresa liderada por Suez, señala el informe de la Flacso. Por su parte, la investigadora del Conicet Julieta Pesce opinó que “la reestatización se concretó luego de varios intentos frustrados de venta de las acciones, en los que incluso se volvió a ofrecer a la propia Suez retomar la prestación del servicio con aumentos tarifarios del 25 por ciento”. En 2004 hubo un endurecimiento de la posición de la empresa y del gobierno provincial. Por un lado, el grupo Suez exigió un aumento de sus ingresos del 60 por ciento. Por otro, el Ejecutivo exhortó a la empresa a definir si seguiría con el servicio y presentara un nuevo plan de obras. Un año después, Aguas de Santa Fe anunció que dejaría la concesión en manos del gobierno provincial. “Uno de los puntos más controvertidos –agregó Pesce– fue la condición impuesta por el gobierno provincial a la concesionaria y sus accionistas de renunciar a la demanda presentada en el Ciadi. Esta exigencia devino en la disolución de la compañía y en la reestatización de la empresa, para lo cual fue creada una sociedad anónima estatal provincial, con participación de los municipios.”

DEMANDAS DE LAS EMPRESAS ANTE EL CIADI

Juicios contra el Estado

De las cuatro concesiones que fueron rescindidas, los accionistas de tres de ellas se presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). La última en volver a manos del Estado en julio de 2006, Aguas del Gran Buenos Aires, aún no concretó su demanda, aunque no se descarta que la italiana Impregilo –su mayor accionista– recurra al tribunal arbitral del Banco Mundial amparándose en los tratados bilaterales firmados entre Argentina e Italia. Aquí se describen los principales argumentos presentados por los accionistas de las empresas de agua que fueron reestatizadas.

  • Azurix Buenos Aires. La concesionaria manifestó en su demanda que Argentina incumplió obligaciones tales como “evitar que la inversión de Azurix sea apropiada y nacionalizada, otorgar un trato justo y equitativo, cumplir obligaciones asumidas respecto de la inflación, proveer entera protección y seguridad”. Además sostuvo que “se vio forzada a restablecer los subsidios (tarifarios) anteriores a la privatización con importantes pérdidas en sus ingresos” y que percibió una “negación de financiación” de los organismos multilaterales “como consecuencia de la inestabilidad regulatoria, la imposibilidad de aplicar (aumentos) tarifarios y la politización de la concesión”. En julio del año pasado, el Ciadi falló a favor de Azurix y dispuso el pago de 165,2 millones de dólares por parte del Estado nacional, un 29 por ciento de lo que la firma había reclamado.

  • Aguas Argentinas. Sus accionistas extranjeros sostienen que las medidas adoptadas por el Estado provocaron pérdidas significativas que constituirían “una expropiación de la inversión”, ya que sus ingresos debían ser suficientes para la operación, mantenimiento, expansión del servicio y para hacer frente a su endeudamiento externo en dólares. Otro punto es la pretensión de “restablecer el equilibrio de la concesión”, alterado por la devaluación. Por último, afirman que sus inversiones no tuvieron “un trato justo y equitativo” porque la política económica impulsada a partir de enero de 2002 modificó el marco jurídico en el que se celebraron las pautas de inversión. Además, reclama una compensación del Estado por las “pérdidas” originadas por la caída de la demanda y las deudas incobrables.

  • Aguas de Santa Fe. En el caso de esta empresa, se presentaron como demandantes el consorcio y los accionistas. Aguas demandó al Estado provincial por la disminución del valor de la concesión, la caída de la demanda y los montos incobrables. En forma independiente, los accionistas Suez, Agbar e Interagua incluyeron como argumentos la disminución en el valor de sus participaciones en esa compañía y las pérdidas asociadas a ello, además de la caída en la demanda y los montos incobrables, coincidente con la presentación del consorcio. Por su parte, Suez agregó a su reclamo las pérdidas por honorarios de operación no percibidos. A comienzos de 2006, el consorcio solicitó su retiro del juicio, sin perjuicio de los reclamos de sus accionistas, que continuaron con la demanda.

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Claves

Una decena son los cambios de manos en el servicio de agua potable y saneamiento desde la salida traumática de la convertibilidad.

Esas operaciones, en gran parte, están asociadas a reestatizaciones, con el alejamiento de firmas de capitales extranjeros.

Con las privatizaciones, 22 empresas, la mayoría trasnacionales, eran responsables de la provisión de agua a casi el 60 por ciento de la población del país.

Los organismos multilaterales de crédito apoyaron esta estrategia por medio de diversas operaciones.

A medida que se avanzó con la renegociación de los contratos, varios operadores privados del sector fueron desplazados.

En algunos casos, las empresas fueron reestatizadas. En otros, fueron vendidas total o parcialmente al capital privado local o extranjero.

Desde marzo de 2002, cuatro concesiones pasaron a manos del Estado, con lo que el capital privado pasó de casi el 60 al 16 por ciento de la población atendida.

 
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