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Por Natalia Aruguete

El creciente nivel de indigencia llevó al Gobierno a impulsar programas de asistencia social que fueron objeto de repartos discrecionales y usos proselitistas. A pesar de anunciar la nueva alianza con el sector productivo, el Gobierno no ha financiado los proyectos productivos por encima de las políticas asistencialistas. Un ejemplo es el Programa ProHuerta, que intenta mejorar las condiciones alimentarias de la población en situación de pobreza a través de un proyecto autogestivo. El éxito de la propuesta y el crecimiento de la demanda no lograron revertir la escasa asignación presupuestaria de 10 millones de pesos para este año. A nueve meses de haber empezado el año, el programa sólo recibió el 30 por ciento del presupuesto acordado, lo que podría provocar su desaparición.
El ProHuerta fue impulsado hace 12 años por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y pretende crear estrategias de autoproducción en los sectores más desprotegidos, promoviendo y acompañando modelos de huertas y granjas de autoconsumo a nivel familiar, escolar, comunitario e institucional. Actualmente, cubre una población de 2.844.959 personas. El INTA presta la estructura y los recursos humanos disponibles, mientras que el financiamiento y la gestión provienen del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente.
El programa comprende la provisión de semillas de las principales hortalizas y animales de granjas que son compradas a Fecoagro, una asociación de minifundistas y obreros rurales, creada por el programa de Minifundio del INTA en 1992, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pequeños viticultores sanjuaninos. Los equipos técnicos capacitan a los beneficiarios del programa para la construcción y preparación de las huertas. Y hacen un seguimiento y evaluación del trabajo realizado. El resto depende de la participación activa de voluntarios que aseguren la permanencia de la iniciativa.
La incorporación al ProHuerta implica el pasaje de la cultura del subsidio a la del trabajo, ya que propone una participación activa de sus beneficiarios. Se trata de un aporte novedoso en relación con la propuesta de otros programas sociales que asisten necesidades básicas, en la medida en que apunta a la movilización de capacidades y al fortalecimiento de la autoestima a partir de una propuesta de trabajo y aprendizaje compartidos. A setiembre sólo se ha otorgado el 30 por ciento del presupuesto y se estima que en el último trimestre habrá una reasignación de 2.500.000 pesos. Monto que no cubre lo establecido en el presupuesto inicial. En el Ministerio de Desarrollo Social argumentan que la falta de presupuesto se debe a la merma en la recaudación de Lotería Nacional, la entidad que provee los recursos para los planes sociales.
El vínculo del proyecto con la población se da a través de instituciones escolares, organizaciones piqueteras, asambleas barriales y ONG, sin importar la bandera política o las religiones. Actualmente, son 6200 las instituciones responsables de que la prestación llegue a destino. Muchos municipios se acercaron al INTA. Organizaron a los beneficiarios y articularon el programa con los planes Jefes de Hogar Desocupados. La intermediación de las instituciones sociales disipa la imagen asistencialista del Gobierno. Más aún, ningún gobierno, ni provincial ni municipal, puede hacer uso de las partidas, ya que la compra de los insumos se hace en forma centralizada desde el gobierno nacional y está gestionada por el INTA. La abrupta caída del poder adquisitivo y las dificultades para acceder a la canasta básica hizo que este año la demanda creciera en más de un 50 por ciento. Pero la partida no aumentó. Y a lo largo de los años fue disminuyendo.