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Domingo, 1 de marzo de 2015

GASTO, EMISIóN, CONSUMO Y DóLARES

Déficit fiscal o energético

El déficit fiscal no aumentó por el gasto descontrolado en diversos sectores en formas de subsidios o transferencias populistas. La clave de las tensiones en las cuentas públicas se encuentra en el déficit energético.

 Por Ignacio Vila, Martín Fernández y Nicolás Taiariol *

La ortodoxia económica del establishment remite mecánicamente a los graves desequilibrios fiscales y monetarios que tiene la Argentina, fruto de un Estado que derrocha el dinero público y que emite sin límites cuando los recursos recaudados se le terminan. Analizando las diferentes variables económicas, se concluye que el problema no es fiscal, sino que la clave es el déficit energético, en el marco del crecimiento económico más importante de su historia.

Hasta 2011, el kirchnerismo se había caracterizado por ser un modelo de crecimiento basado en los superávit gemelos, es decir que exportaba más de lo que importaba (superávit comercial) y recaudaba más de lo que gastaba (superávit fiscal). Este resultado se modificó por primera vez en 2012, año en que se mantuvo el superávit comercial pero se incurrió en déficit fiscal. En 2011 ya se había registrado una fuerte contracción del superávit fiscal, pasando de 25 mil millones de pesos en 2010 a casi 5 mil millones en 2011. Y esta reducción de 20 mil millones de pesos tiene una relación directa y estrecha con la situación de la balanza energética.

Hasta 2010 Argentina tuvo superávit energético: más de 2041 millones de dólares ese año, mientras que en 2011 el déficit energético representó casi 2800 millones de dólares, lo cual determina una caída de aproximadamente 20.800 millones de pesos (más de 4800 millones de dólares al tipo de cambio vigente en aquel momento), entre pérdida de ingresos y aumento de los egresos, monto muy similar al tamaño de la caída interanual en el resultado fiscal de 2011.

En 2012 el resultado fiscal empeoró en 9200 millones de pesos. El déficit energético fue similar al del año anterior, pero el peso argentino terminó en diciembre de 2012 con un valor 20 por ciento superior al del año anterior. Esto significa que el Tesoro Nacional necesitó más pesos para comprar al BCRA los dólares necesarios para importar los recursos energéticos: alrededor de 13.400 millones de pesos.

En 2013, año de consumo energético record, Argentina tuvo déficit energético por 6163 millones de dólares, acompañado de microdevaluaciones que arrojaron un dólar de 6,52 pesos hacia fin de año. En 2013 el déficit fiscal fue finalmente de 22.479 millones de pesos.

Desde el Ministerio de Economía acaban recientemente de anunciar el resultado fiscal primario de 2014: saldo negativo de 38.562 millones de pesos. A su vez, diferentes estimaciones expresadas por el oficialismo calculan que el déficit energético había rondado ese año entre 7000 y 8000 millones de dólares, convertido a pesos al tipo de cambio de diciembre de 2014 (8,58 pesos) es equivalente a entre 60.000 y 69.000 millones de pesos. Otra vez un valor superior al del resultado fiscal primario.

¿Por qué decimos que Argentina tiene un problema energético y no fiscal?

Si del cálculo de los ingresos y los egresos de fondos al Estado se deja afuera el cargo que le genera el déficit energético, habría superávit fiscal. Esto es un mero ejercicio analítico, pero permite comprender la causa principal del déficit fiscal. No es el gasto descontrolado en diversos sectores en formas de subsidios y transferencias populistas.

Entre el aumento de consumo energético debido al fuerte incremento del consumo de los hogares, más la importante suba del consumo industrial, Argentina aumentó su demanda de energía a casi el doble en diez años. La oferta de energía no ha acompañado el crecimiento de la demanda en igual medida. La expropiación del 51 por ciento de las acciones de YPF responde a la necesidad de atender esa situación. Este cuadro obligó a la Argentina a importar energía, sobre todo gas, debido a que la matriz energética depende principalmente de este combustible, en un mercado internacional con subas en los precios del petróleo y sus derivados.

Este combo de necesidad de importación, sumado a la devaluación de la moneda y el crecimiento de la demanda energética, junto a la decisión de no trasladar a la industria el aumento de los costos internacionales de la energía a través de subsidios han generado esa situación fiscal.

El déficit energético también tuvo un impacto en la balanza comercial. En 2013, por ejemplo, la balanza comercial fue superavitaria en unos 7000 millones de dólares, y el déficit energético representó un monto similar; 6163 millones de dólares. Si hacemos el ejercicio de eliminar la balanza energética de la ecuación, Argentina hubiese contado con un superávit comercial de más de 13 mil millones de dólares.

Sin la cuestión energética, Argentina se mantendría con el modelo de superávit gemelos. Y el estrangulamiento externo sería, al menos, una problemática de un impacto menor.

Emisión e inflación

Otro de los caballitos de batalla de la ortodoxia económica es que el Gobierno emite dinero para poder financiar ese déficit, o sea, después de gastar el dinero que acumuló básicamente a través de impuestos, comienza a imprimir para seguir gastando. Vayamos por partes. En primer lugar, asumir que un aumento de la emisión monetaria por encima del incremento de la oferta de productos y servicios genera una aceleración inflacionaria de la misma magnitud implica dejar de lado el poder de fijación de precios de los principales actores económicos. La lógica de que a un aumento en la tasa de emisión le corresponde un aumento similar de la tasa de inflación es absolutamente falaz. En segundo lugar, una economía con inflación y devaluaciones requiere de mayor cantidad de pesos para adquirir la misma cantidad de bienes. De esta forma, la cantidad de dinero no es exógena como asume la ortodoxia, sino que sigue a la actividad económica: la emisión viene detrás de la inflación.

Los economistas que exigen devaluación y luego declaman en contra de la emisión están pidiendo abiertamente un ajuste, o bien que se produzca un enfriamiento de la economía, lo cual implica contraer la oferta de dinero para que caiga la demanda –básicamente la popular– y bajen los precios.

Pero nuevamente nos encontramos que el crecimiento de la emisión en Argentina, que está ligada al aumento del déficit fiscal, es un problema, en realidad de déficit energético. “Emiten descontroladamente para financiar el gasto público, y como hay tantos pesos en el mercado se devalúan, la gente no los acepta y, por lo tanto, pierden valor”, se escucha repetir a diario a los voceros de la ortodoxia económica, casualmente afines al discurso de las grandes corporaciones económicas.

Si el déficit fiscal está explicado desde el déficit energético, entonces la emisión para cubrir ese déficit no puede generar inflación de ninguna manera. El Gobierno emite pesos con los cuales le compra al BCRA los dólares necesarios para pagar la importación de combustible, por lo que esos pesos que se emitieron nunca entran al circuito económico nacional, por lo tanto estamos frente a una situación en que no es siquiera discutible el argumento de la emisión inflacionaria, más allá de su escasa rigurosidad teórica.

Como dijo el ministro de Economía Axel Kicillof, “¿cómo va a ser inflacionario el gasto público en dólares?”. El Gobierno, al usar dólares de sus reservas para comprar combustible, no inunda el mercado de pesos. Lo único que se incorpora al mercado en esta situación es el combustible importado, y el principal problema es el deterioro que esta situación genera en las reservas internacionales.

El Gobierno podría reducir fuertemente el déficit energético si decidiera trasladar el precio al que importa la energía a la industria. Es decir, Argentina importa el gas a un precio muy superior al que lo compra la industria nacional. Esta decisión de subsidiar a la industria como política de generar competitividad y mantener los niveles de empleo tiene sentido en el marco de un proyecto que tiene como objetivo el pleno empleo, el desarrollo del mercado interno, la inclusión social y la generación de oportunidades para todos.

De todas maneras, destacamos que en el caso de que la industria recibiera menos subsidios y debiera pagar precios más altos por la energía, los principales afectados, dado el alto grado de concentración industrial, serían las pymes y los trabajadores, que verían subir el precio de sus insumos y de los productos y servicios que consumen.

* Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

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La experiencia de la UNS sirve para el debate sobre la actual enseñanza de la economía.
Imagen: Télam
 
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