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Existe el consenso de la clase media indignada de que es “justo” el fallo que redolariza los depósitos bancarios. También existe otro consenso de la clase media castigada de que es “justa” la pesificación de las deudas con el sistema financiero. Esas medidas de “justicia” implican un costo para el Estado de por lo menos 30.000 millones de pesos. Si no fuera por el poder de influencia en la opinión pública de ese sector, que tiene a la mayoría de los comunicadores como aliados porque resulta simpático acompañar esas causas, la resolución de ese conflicto hubiera sido otro. Sólo hay que detenerse en lo que les pasa a los excluidos, que paulatinamente van perdiendo el favor de los medios, políticos e incluso de una parte de la población que se preocupaba de la miseria en el auge de las cacerolas. Cada vez más aislados, los pobres, en su versión piquetera, van mendigando planes sociales de apenas 150 pesos de un programa global de 2 millones de subsidios por un total de 3600 millones de pesos anuales. La comparación de esas cifras globales es incómoda, pero sirve para reflejar cómo se interviene en la distribución de los costos ineludibles de una crisis y cómo se definen prioridades al momento de la repartija de compensaciones para amortiguar los efectos de una debacle. ¡Más vale que esa clase media pauperizada, que sale a defender su patrimonio, no es culpable de esa inequidad! Ahorristas y endeudados fueron defraudados. Pero la desesperación de unos y otros fue utilizada, con la complicidad del gobierno de Duhalde, por grandes inversores y grupos económicos para instrumentar una brutal transferencia de ingresos a favor de sus bolsillos.
Resultaba evidente que la devaluación afectaría a los endeudados en dólares. La cuestión pasaba por ver cuál de aquellos debería ser compensado para evitar el colapso de la economía. Los deudores hipotecarios, pequeñas empresas y hasta grandes, cuya base de negocios es el mercado interno, tenían motivos para reclamar una licuación. Fue un absurdo con costos elevadísimos para la sociedad cuando se incluyó en ese jubileo a grandes empresas con ingresos dolarizados (exportadoras), que han vendido activos y tienen recursos disponibles en dólares (casi todos los grupos), que han contabilizado ganancias en dólares increíbles para los estándares internacionales (privatizadas) o que tienen millonarios depósitos en el exterior (todos).
El simple trabajo de determinar criterios de aceptación o rechazo para sumarse a la pesificación hubiera servido para que esa medida no se transformara en un escándalo, convocando al recuerdo la infame estatización de deuda privada de 1982. Algunas de las consideraciones para definir beneficiarios podría haber sido el nivel de facturación, el monto de transferencia de utilidades al exterior, si sus casas matrices están radicadas en el extranjero, si podrían tomar líneas de crédito en el exterior o si son privatizadas.
¿Cuál ha sido el criterio de equidad para que Pérez Companc, ahora en manos de la brasileña Petrobras, recibiera el beneficio de la pesificación de sus más de 350 millones de dólares? ¿Qué motivo económico existía para que ese “regalo” se extendiera a Techint, cuando una de sus principales empresas, Siderca, terminó el 2002 con una ganancia de 1493 millones de pesos? ¿Por qué Amalita se benefició por la pesificación de la deuda de 237 millones de Loma Negra, o las privatizadas y el resto de las compañías que conforman el núcleo duro del poder económico?
Pesificación-licuación más devaluación es la combinación de una limpieza injusta e inequitativa de pasivos de empresas. Un ejemplo de semejante obscenidad es la deuda en dólares de Pérez Companc en el sistema financiero local: se convirtió en 350 millones de pesos, que se reduce a 100 millones de dólares a un tipo de cambio de 3,50 pesos. Pérez vende petróleo, con cotización internacional en dólares, y por lo tanto sus ingresos son en moneda dura. Lo mismo vale para la deuda de 310 millones de Repsol-YPF.
Si Nito Artaza con sus ahorristas fieles y los deudores angustiados por la eventualidad de la redolarización de sus créditos hubieran invertido su meritorio esfuerzo en defender el “derecho de propiedad” en la tarea de presionar para que esa lucha no sea la vía para beneficiar a quienes no lo merecen, ahora no quedarían mezclados en el barro de una transferencia de ingresos brutal con consecuencias lamentables para la economía.