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Ante la “actitud patoteril”, según el calificativo de la Secretaría de Agricultura, de la multinacional Monsanto, resulta útil repasar algunos datos del conflicto en marcha por el pago de regalías. El primer punto a considerar es que la amenaza de la firma por cobrar 15 dólares por cada tonelada exportada de soja argentina que llegue a puertos europeos es, como sintetizó el secretario Miguel Campos, “una bravuconada” y sólo eso. Resulta sumamente improbable que los tribunales europeos acompañen el reclamo para conseguir el cobro compulsivo sobre las ventas. Entre otras razones, porque en el mejor de los casos el pago legitimaría un doble cobro.
A grandes rasgos, alrededor de un tercio de la soja producida en el país proviene de semillas “legales” compradas a empresas a las que Monsanto licenció la producción, otro tercio surge del uso propio garantizado por la ley de semillas Nº 20.247 y el tercio restante, sí, a las bolsas blancas o semillas “ilegales”, un mercado informal que puede considerarse consecuencia directa del diferencial de costo pretendido por las multinacionales.
La fuerte reacción del Gobierno –aunque adecuada– se entiende en el contexto del debate por el aplazo del proyecto de regalías. Luego del impulso inicial de la iniciativa gubernamental que, sintetizando, proponía un pago de 3 dólares por tonelada exportada, sin discriminar rindes ni origen, y mantenía la libertad del uso propio para los pequeños productores, el tema se estacionó en vía muerta generando el nerviosismo de Monsanto. Si el objetivo de la “bravuconada” fue regresar la cuestión al centro de la escena, la estrategia de la compañía parece haber sido exitosa.
El segundo punto reside en una pregunta: ¿Es justo que Monsanto continúe cobrando regalías por la introducción en algunas semillas, comenzando por la de soja? Aunque la firma promociona su capacidad biotecnológica sobre la base de este logro y augura la futura introducción de nuevas maravillas, como la de cultivos resistentes a sequías, lo cierto es que lo único que tiene por ahora es una semilla atada a un herbicida preexistente que, en su momento, resultaba más barato que los de uso tradicional, lo que explicó su difusión. Esta resistencia a un fitosanitario no guarda ninguna relación con los rendimientos por hectárea. Luego de haber fracasado en su intento por consolidar una situación monopólica limitando la producción local de glifosato, tarea en la que argumentó dumping en los insumos importados desde China, a la compañía no le queda otra alternativa que garantizarse las regalías por las semillas.
Pero lo expuesto no responde la pregunta: ¿Es justo, en el sentido de justicia, de dar a cada uno lo suyo, el cobro que pretende Monsanto?
Una aproximación a la respuesta fue dada en un discurso pronunciado el 21 de octubre de 2002 por un hombre de quien difícilmente pueda sospecharse una actitud contraria a las patentes que incentivan y premian los descubrimientos: el presidente estadounidense George W. Bush. Si bien el discurso se refería a las patentes de medicamentos, resulta homologable al caso de las semillas. Bush señalaba en su alocución la preocupación de su administración por encontrar un equilibrio entre innovación y accesibilidad a los nuevos productos. El problema residía en los pequeños cambios provocados por los laboratorios para prorrogar la vigencia de las patentes evitando que se transformen en genéricos, cuyo valor de mercado resultaba, en promedio, más de 4 veces inferior. “Nuestro mensaje (a las empresas innovadoras) es claro: ustedes se merecen una retribución justa a su trabajo de investigación y desarrollo, pero no tienen derecho” a mantenerla de cualquier manera, explicaba. Monsanto ya cobra por las semillas legales. El uso propio está permitido por la ley de semillas; si existe un mercado informal de una tecnología fácilmente reproducible, debe ser en todo caso perseguido por las fuerzas de seguridad. Intentar cobrar a todo el mundo de cualquier manera no parece la vía más adecuada para una retribución justa de la innovación.