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Por Susana Díaz
De los 7300 millones de pesos que los distintos sectores de la economía adeudan al Banco Nación, 2500 millones corresponden al sector agropecuario. Dentro de estos pasivos privados se cuentan los 900 millones del régimen de Reinserción Productiva a 20 años. La contrapartida de estos pasivos son alrededor de 10 millones de hectáreas hipotecadas. Del total de los créditos, el 65 por ciento están en mora. Lo destacable de este último dato es que, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, el porcentaje de morosos del agro es menor al del promedio del banco, que llega al 70 por ciento, según datos compilados por Coninagro. La mejora en la posición relativa se debe a los beneficios posdevaluación.
Por otra parte, del total de las tierras hipotecadas, el 43 por ciento corresponde a productores en situación de emergencia o desastre agropecuario. Sin embargo, el porcentaje de tierras hipotecadas cuyos titulares están en mora es un poco menor, el 38 por ciento. La conclusión es simple y sirve para entender de qué se habla cuando los organismos financieros internacionales insisten en abrir el capital del Banco Nación a la participación del sector privado: en juego está la propiedad de alrededor de 4 millones de hectáreas.
El problema del endeudamiento fue tratado políticamente por el banco público en diversas oportunidades. En consecuencia, se establecieron dos regímenes especiales. Uno es el sistema de quitas para la cancelación de las deudas vencidas impagas al 31 de diciembre de 1999, que prevé un plazo de refinanciación de 8 años con tasa de cartera general más 6 por ciento y honorarios legales de entre el 3 y el 4 por ciento, según el monto adeudado. Las limitaciones que los productores agropecuarios critican a este sistema son dos: La primera es que, dada la “pesada mochila” de la mayoría de los beneficiarios, la sola quita de los punitorios en el recálculo de deuda a cancelar no es suficiente. La segunda, que la tasa es muy elevada.
El otro régimen es el de Reinserción Productiva a 20 años. Este régimen ofreció a algunos deudores la posibilidad de comprar un bono por el 15 por ciento de la deuda, cuyos intereses durante 20 años permitirían cubrir el capital adeudado. Mientras tanto, se pagarían los intereses semestral o anualmente. Pero devaluación y default alteraron esas reglas.