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DERECHO
Nos interesa remarcar –como docente de Derecho Constitucional– algunas informaciones dadas en el artículo de la sección Agro del Cash, edición del 03/08. La especialista da cuenta de nuestros padecimientos como consumidores de productos lácteos, cuyo encarecimiento y escasez derivan de distorsiones provocados por el “libre juego de la oferta y la demanda”. Que al mismo tiempo está llevando a los arruinados tamberos a dedicarse al cultivo de la soja, acotando de paso que esta sustitución se está dando en muchas otras áreas. Esto afecta hasta la extinción el ejercicio de derechos humanos como el del consumidor a un medioambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo, biodiverso, tornando inaccesibles alimentos imprescindibles para la vida y la salud y también amenazando convertir nuestro territorio, otrora ricamente variado como pocos, en una inmensa planicie monocultivada. Estos derechos están especificados y protegidos, entre otros, en los artículos 41 y 42 y en el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos ellos en la Constitución nacional. El Estado, en este caso a través de la Secretaría de Agricultura, pareciera iniciar el cumplimiento de su rol de garante de la vigencia de estos derechos. Todos somos el Estado y por lo tanto cuando un organismo público conviene, regula, pacta con los sectores que tienen el poder económico sencillamente lo estamos haciendo nosotros. El mote de intervencionista sirve para ocultar este mecanismo, dándole un matiz de irregular, anormal, como extraño a la vinculación jurídica social. Con un diseño de Derecho Público de verdadero bienestar –Reforma de 1994–, sería un suicidio social no utilizar las normas constitucionales.
Ana María de Benito
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