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Domingo, 6 de diciembre de 2015

DEBATE › EL APORTE DE CIENCIA Y TECNICA AL DESARROLLO

Repensar la política tecnológica

No se identificó la dependencia tecnológica externa como un problema a ser resuelto ni hubo negociaciones con grandes generadores de tecnologías para ampliar márgenes de maniobra nacional.

 Por Germán Linzer *

Los gobiernos kirchneristas avanzaron en la lucha política y económica para generar las condiciones del desarrollo. “El modelo” puso a la política en el centro de la escena y debatió contra corporaciones empresariales e intereses retrógrados (mediáticos, judiciales, sindicales) las bases del nuevo desarrollo económico con inclusión social y conciencia política. Sin embargo, treinta años de destrucción de las capacidades de planificación hicieron mella en la forma en que debía llevarse adelante la parte más conceptual y técnica del modelo de desarrollo: la transformación económica estructural que permita profundizar y consolidar el modelo industrial con inclusión social.

El coraje y desgaste político de enfrentar a todas las corporaciones simultáneamente, no tuvo, en la última etapa de gestión, el acompañamiento político de una parte del electorado de 2011. Ello en buena medida se debió a la pérdida de impulso económico. Si se hubiera podido anticipar y resolver las limitaciones y contradicciones inherentes a la expansión industrial, probablemente se hubieran podido conservar las bases de legitimidad política “ampliada” (es decir, la basada fundamentalmente en el crecimiento económico).

En varias áreas claves para la estrategia industrial no se lograron resolver o anticipar los cuellos de botella o no se fue mucho más allá del crecimiento cuantitativo en recursos, sin alterar las limitaciones estructurales. Entre ellas podemos mencionar a la política industrial, la energética, la de transportes interurbanos y, en el caso de que se ocupará este artículo, la política de Ciencia y Tecnología (CyT).

La noticia de la continuidad del ministro Lino Barañao causó sorpresa. Desde la alianza ganadora se mostraba en dicha designación una pretendida superioridad de reconocer una de las (pocas) cosas buenas del kirchnerismo. No pretendo realizar un juicio de valor sobre la persona de Barañao, que si es confirmado por dos gobiernos tan abiertamente diferentes, debe tener sus méritos bien ganados. Sin embargo, argumentaremos que la visión de política del ministro Barañao está mucho más en sintonía con el ánimo eficientista del gobierno entrante, que con las necesidades de profundización del modelo industrial, a partir de la transformación económica estructural, que requería de él el gobierno saliente. Pero vayamos de a poco para poder explicar la situación.

El kirchnerismo abordó con coraje y decisión fundadora a la CyT como pilar constitutivo del proyecto productivo. Apostó a la generación de la industria nacional y del desarrollo científico y tecnológico local. La comunidad científica se sintió validada y jerarquizada como nunca en la historia y por eso brindó su apoyo mayoritario al proyecto kirchnerista.

Los significativos esfuerzos políticos, económicos y sociales para inversiones en CyT, la recomposición de la carrera de investigación, la virtuosa proliferación de universidades nacionales, los significativos logros científicos y tecnológicos de la etapa y las extraordinarias muestras de divulgación y popularización, son un logro destacado de estos años. En esto tuvo que ver, sin duda, la gestión de Barañao.

No obstante ello, esa gestión también puede ser pensada como una historia de continuidad. No sólo ahora que fue confirmado para el próximo gabinete, sino también con las medidas de política en CyT que se empezaron a tomar a mediados de la década del ‘90 en el marco de las “reformas de segunda generación” impulsadas por el BID. No es que Barañao haya sido funcionario en esa época, sino que pareciera compartir con los ideólogos de esas reformas el diagnóstico sobre las causas de la falta de desarrollo tecnológico en Argentina y su visión sobre la función de la CyT en la sociedad. Tratemos de explicar un poco esta situación.

Su gestión, igual que la de sus predecesores de la década del 90, estuvo signada por la inspiración que otorgan las ideas de las corrientes académicas predominantes en las políticas de CyT: el neoshumpeterianismo y el evolucionismo. Para esas visiones, el sujeto de la historia capitalista es el empresario emprendedor. Sin embargo, no se reniega de la acción del Estado. Más bien proclaman y requieren la participación del Estado, incluso para funciones que van más allá de la resolución de las “fallas del mercado”.

Ese “progresismo pragmático”, aparentemente, desideologizado, no debe llevarnos a error. La visión es que el Estado debe participar activamente, pero para generar las condiciones que el emprendedorismo tecnológico empresarial requiera. Es decir, la función del Estado es entendida como la de crear las condiciones para la inversión tecnológica, tal como lo habrían hecho países ya desarrollados que son tomados como modelos (especialmente Estados Unidos).

Sin embargo, ni en el discurso ni en los planes del ministro Barañao estuvo presente la idea de que la CyT esté involucrada en la transformación estructural de la economía (más bien dicha transformación podría ser presupuesta como resultante de una especie de “derrame” de aprendizajes y capacidades generadas por los empresarios emprendedores). Durante su gestión las articulaciones con otras áreas de política, como industria, agricultura, transporte o energías, por mencionar algunas, fueron escasas. No se identificó la dependencia tecnológica externa como un problema a ser resuelto, ni hubo negociaciones con grandes generadores de tecnologías para ampliar márgenes de maniobra nacional.

El hecho de que no se haya protagonizado ninguna discusión contra los poderes fácticos podría hablar bien de un ministro de perfil “técnico”, desprejuiciado y capaz de tomar lo mejor de cada idea en busca de un equilibrio “winwin”. Más aún, podría pensarse que como nadie puede estar en contra del desarrollo de la CyT, no habría necesidad de un ministro embarrado en la discusión propia de las pujas de poder.

Pero la realidad es que si hubiera participado activamente en peleas para generar ámbitos que permitan reemplazar tecnología importada por nacional a partir del “poder de fuego del Estado” (“compre nacional”, condiciones fiscales preferenciales, políticas crediticias); si hubiese requerido y direccionado mayores fondos del Estado para apoyar el surgimiento de “industrias nacientes”; si hubiera tratado de forzar un salto tecnológico cualitativo en nuestras “maquilas” electrónicas y automotrices o si se hubiese impulsado decididamente la generación de proveedores nacionales para esos sectores como proponía Aldo Ferrer; si hubiera entrado en el roce de la discusión con las grandes multinacionales propietarias de las tecnologías de semillas para dar lugar a criaderos biotecnológicos nacionales; si se hubiera apostado a la producción pública de medicamentos; en fin, si algo de todo eso, o algo similar a eso hubiera ocurrido, es probable que se hubiera acusado al ministro de cometer un abuso populista contra la iniciativa privada y su imagen “técnica” se hubiera derrumbado. Pero también es probable que si ello hubiera ocurrido se hubiera contribuido de manera más audaz y decidida a concretar las potencialidades de la CyT para participar en los procesos de transformación económica estructural.

El estudio de las políticas de CyT es un campo joven y aún poco desarrollado. Sin embargo, el mismo está muy sesgado a una visión en la que se entiende que el rol del político es ser un “buen gestor” que pueda ayudar a poner el foco en los “negocios tecnológicos”. Esta visión será un leitmotiv en los próximos cuatro años. Poner en el debate temas como la “dependencia tecnológica” o el estudio comparado de las políticas de desarrollo económico, ayudarían a entender a la CyT como parte de los instrumentos por la disputa por la hegemonía mundial y darían mayor claridad para comprender el rol del Estado como generador de tecnologías y mercados (desde la histórica planificación del complejo industrial-militar, y la potenciación de sus aplicaciones civiles, hasta su rol como “capitalista de riesgo”).

La lucha por los aprendizajes será también parte de la batalla política.

* Licenciado en Economía de la UBA y máster en gestión de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de la Universidad de Sarmiento.

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Lino Barañao.
 
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