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Domingo, 2 de diciembre de 2012

OPINIóN › FONDOS BUITRE

Justicia

 Por Arturo H. Trinelli

La decisión de Thomas Griesa a favor de los fondos buitre motivó el repudio general de toda la dirigencia política, a la que se sumaron empresarios reunidos en la última Conferencia Anual de la UIA. Sin embargo, en los últimos días también se filtraron insólitas justificaciones a la injusta y arbitraria resolución del juez norteamericano.

Apenas horas después de difundida la sentencia, el macrista Federico Sturzenegger llegó al absurdo de afirmar que los fondos buitre, en realidad, eran un invento del Gobierno “que siempre tiene que crear un adversario externo para disimular problemas internos”. A su vez, el editorial de La Nación del día siguiente llegó a calificar el fallo como “el valor de honrar las deudas”, reclamando al gobierno argentino evitar actitudes confrontativas y abrirse a una negociación. Un columnista del mismo matutino admitió que habría sido fácil negociar con Paul Singer –-titular de Elliot Managment, que promovió el embargo de la Fragata Libertad y maneja recursos equivalentes a 15 mil millones de dólares–- pero el Gobierno “optó ir por la vía judicial”. “Negociar”, se entiende, equivaldría a pagar la totalidad de lo reclamado, que es en realidad lo que solicitan quienes parecieran en nuestro país estar pidiendo a los gritos “justicia para los fondos buitre”.

En línea con este planteo, César Deymonnaz, ex subsecretario de Servicios Financieros de la Nación, manifestó en una nota de Clarín que para la Argentina el pago de deudas no es prioritario, alineándose con el reclamo de los fondos buitre al afirmar que nuestro país es “lo más parecido a un incumplidor serial, con poco apego a las normas”, pese a que Argentina viene cumpliendo en tiempo y forma con sus compromisos externos, razón por la cual en agosto acaba de pagar en dólares la última cuota del Boden 2012.

En realidad, ninguno de estos argumentos reconoce acaso lo obvio: los fondos buitre son la expresión más despiadada del notable endeudamiento que condujo a la Argentina a declarar el default en el 2001 y que hoy, más de diez años después, todavía se negocia y padece. La operatoria que hoy realizan sobre nuestro país es la misma que vienen ejecutando desde hace años en tantos otros. En Panamá, por ejemplo, lograron cobrar 57 millones de dólares en 1996 por una deuda contraída el año anterior en 18 millones. Lo propio ocurrió en Perú, que pagó en el 2000 58 millones de dólares por una deuda original de 11 millones.

Años de políticas neoliberales fueron las responsables de niveles exorbitantes de endeudamiento en toda la región, que incluso algunos medios en nuestro país actualmente consideran vigente y hasta en aumento, asegurando que, en realidad, el menor ratio deuda/PBI y la poca incidencia de deuda nominada en moneda extranjera es parte de un relato ficticio, cuando se trata de un cambio macroeconómico estructural que posibilitó niveles de inclusión social y distribución del ingreso sin precedentes en las últimas décadas.

La decisión de Griesa, que estos argumentos tanto se empeñan en justificar, constituye un peligroso antecedente que podría incidir sobre futuros procesos de reestructuración de deudas de otros países. El riesgo sistémico que ello genera en un mundo con gran cantidad de naciones sobreendeudadas es evidente. Es saludable entonces la suspensión que ordenó la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos a esa arbitraria resolución, aunque ello no impida corroborar que en la Argentina los fondos buitre cuenten con algunos avales, afortunadamente en notable minoría frente a un colectivo dispuesto a continuar en el camino del desendeudamiento externo

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