La media sanción en
 Diputados a los cambios a
 la Carta Orgánica del
 Banco Central ha sido el
 primer paso para la
 recuperación de
 importantes facultades de
 intervención pública en el
 sistema financiero. El
 Banco Central no puede
 aplicar una política
 disociada de la del
 gobierno nacional, ya que
 así estaría alterando las
 condiciones de equilibrio
 macroeconómico y, en ese
 caso, el Estado deja de ser
 soberano en materia de
 política económica. La
 resistencia a una autoridad
 política fuerte,
 independiente de los
 intereses de los bancos,
 proviene de los mismos
 que defendían la
 “convertibilidad” o la “tablita
 de Martínez de Hoz”.
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