La media sanción en Diputados a los cambios a la Carta Orgánica del Banco Central ha sido el primer paso para la recuperación de importantes facultades de intervención pública en el sistema financiero. El Banco Central no puede aplicar una política disociada de la del gobierno nacional, ya que así estaría alterando las condiciones de equilibrio macroeconómico y, en ese caso, el Estado deja de ser soberano en materia de política económica. La resistencia a una autoridad política fuerte, independiente de los intereses de los bancos, proviene de los mismos que defendían la “convertibilidad” o la “tablita de Martínez de Hoz”.
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