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Viernes, 2 de octubre de 2015

EXPERIENCIAS

La gran reforma

El lanzamiento de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y Contra las Violencias, que involucra a 25 universidades nacionales, se propone sensibilizar, atender y orientar sobre situaciones de discriminación y violencia de género en esos ámbitos. La iniciativa que promueve la Universidad Nacional de San Martín incluye la reelaboración de códigos de convivencia y protocolos de todas las facultades.

 Por Marta Vassallo

Septiembre comenzó con una experiencia necesaria y auspiciosa: la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y Contra las Violencias, que involucra a 25 universidades nacionales, ya está rodando, y su lanzamiento, desde la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), no fue en absoluto casual. Allí funciona desde 2014 el pionero Programa contra la violencia de género, ideado en respuesta al doble femicidio de Valeria Gioffre, alumna de esta universidad, y su madre Silvina Eiriz, perpetrado en noviembre de 2013 por el ex compañero de Eiriz.

El 3 de este mes, una semana después que la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación lanzara la Red Nacional Interuniversitaria de Políticas de Género y Diversidad, encabezaron el acto de apertura el vicerrector de la Unsam, Daniel Di Gregorio, la presidenta del Consejo Nacional de Mujeres (CNM) Mariana Grass, la vicerrectora de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Silvia Bertal, y la rectora de la Universidad Nacional General Sarmiento (UNGS) Gabriela Diker, que firmaron el Acta de compromiso de cooperación entre el CNM y las universidades.

La iniciativa del Programa contra la violencia de género le cabe principalmente a su coordinadora general, la doctora en Ciencias Sociales Vanesa Vázquez Laba, docente en la Unsam e investigadora del Conicet. El objetivo es “sensibilizar, capacitar, atender y orientar sobre situaciones de discriminación y violencia de género”. Se trata de detectar y erradicar “actos de discriminación, acoso, acoso sexual, abuso de poder y cualquier forma de violencia física, psíquica, emocional y simbólica basada en la orientación sexual, identidad de género, clase, étnica, religiosa o de nacionalidad”. La tarea incluye la reelaboración de los códigos de convivencia y los protocolos de las distintas facultades para que sean compatibles.

El área de Dispositivo de Atención y Operadores coordinada por Ana Zeliz atiende los casos de violencia de género denunciados y la Consejería en salud sexual y reproductiva. El equipo está formado por 12 voluntarixs, en su mayoría estudiantes de la universidad que se reúnen una vez por semana. Han atendido hasta el momento cuarenta casos. “Los más difíciles, dice la coordinadora, son los casos internos, donde aparecen conflictos con las reglamentaciones de la Universidad, que hay que revisar”. El área de Formación y Capacitación a cargo de Cecilia Rugna realiza capacitaciones para lxs operadorxs en temas de violencia y de derechos sexuales y reproductivos. Creó también, con el Programa provincial de Salud Sexual y Procreación Responsable, la Diplomatura en Salud sexual y reproductiva.

La Red va al encuentro de una demanda no siempre explícita, que responde a situaciones de violencia vividas sistemáticamente en las distintas comunidades universitarias, tanto en las relaciones de los docentes y no docentes con los estudiantes, como de los estudiantes y de los docentes entre sí, de allí su repercusión. Dora Barrancos, Directora del Área de Ciencias Sociales y Humanidades del Conicet, evocó en el acto de lanzamiento, “la primera oportunidad en que las académicas feministas nos reunimos en la Universidad de Luján, en 1991”, oportunidad a partir de la cual se fueron instalando “líneas programáticas, centros, áreas, instituciones de investigación sobre la condición de las mujeres”, hasta llegar a la actualidad en que hay 129 becarios e investigadores del Conicet trabajando ya no solamente sobre las mujeres, sino sobre todos los géneros no hegemónicos. “Las académicas –agregó- tratábamos militantemente la violencia, pero pensando siempre en el afuera, no en lo que sucedía dentro de las paredes de nuestras casas de estudio.”

El vicerrector Daniel Di Gregorio definió a la Unsam como “una universidad socialmente comprometida, que concibe al conocimiento como la herramienta que vincula el desarrollo con la justicia social”. La Ley 26.150 de Educación sexual integral, la Ley 26.485 para Prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, la Ley 26.618 de Matrimonio civil y la Ley 26.743 de Identidad de género son recientes e innovadoras mostró que las universidades nacionales tienen más estudiantes mujeres que varones, que las mujeres egresan en mayor proporción y con mejores calificaciones, pero esas proporciones no se reflejan en las de profesores titulares universitarios y mucho menos en las de las autoridades. Sobre las 53 universidades nacionales que hay en la actualidad, nueve están dirigidas por mujeres, quienes en cambio ocupan la mayoría de las secretarías académicas.. La multiplicación de femicidios a manos de parejas o ex parejas de las víctimas coexiste con la vitalidad de un movimiento social de mujeres que reaccionó con la marcha realizada el pasado 3 de junio bajo la consigna #NiUnaMenos. La iniciativa de la Red surge a favor de la coyuntura dada por estos marcos universitario, legal y social: una universidad socialmente comprometida, leyes de avanzada, un movimiento social de mujeres amplio y activo, y una sociedad donde es ostensible el predominio de concepciones, valores y prácticas sexistas, cuya manifestación extrema son los femicidios.

La plenaria que culminó la Jornada decidió la continuidad de la Unsam en la conducción de la Red, y de las 50 universidades nacionales existentes, está asegurada la incorporación de 30. Vanesa Vázquez Laba evaluó como “un paso cualitativo enorme” el acuerdo con el CNM, el organismo encargado de hacer cumplir la Ley integral de protección contra la violencia haca las mujeres, “para que las universidades fortalezcan sus dispositivos de intervención, o los armen, o empiecen a discutir políticas institucionales en ese sentido”. Sobre los próximos pasos de la Red, anunció la posibilidad de “institucionalizarnos en el marco del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), lo cual nos daría mayor legitimidad y presupuesto para organizar de manera regular, dos veces al año por ejemplo, encuentros donde discutir políticas universitarias desde la agenda feminista”. La vicerrectora de la UNC, Silvia Bertal, concluyó orgullosa que “estamos en condiciones de generar una nueva gran reforma universitaria”. En los proyectos de esta vanguardia contra el sexismo, la Red interuniversitaria se perfila como una puerta abierta hacia una nueva etapa.

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