Viernes, 2 de abril de 2004 | Hoy
PERFIL
La decisión de Elena Highton de Nolasco de no dar entrevistas generó silencio, pero también rumores alrededor de su nominación para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su objetivo parece ser mantener el perfil bajísimo que cultivó siempre, aglutinando el respeto de sus colegas por una trabajada trayectoria judicial y académica, en la que sin embargo, también se pueden advertir algunas zonas grises.
Por Sandra Chaher
Elena Highton de Nolasco
tiene 61 años, es jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil desde junio de 1994 (empezó la carrera judicial en 1973 como
Defensora Oficial de Incapaces y Ausentes ante la Cámara Nacional de
Apelaciones); tiene un largo currículum como docente e investigadora
en la Universidad de Buenos Aires (donde empezó como ayudante en 1974);
es la vicepresidenta del Consejo Honorario de la Fundación Libra (la
presidenta es la camarista Gladys Alvarez), una institución pionera en
la introducción de la mediación en la Argentina; es miembro fundadora
de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina (AMJA); tiene una
larga trayectoria como militante de la lista blanca (conservadora) de la Asociación
de Magistrados de Buenos Aires, donde desempeñó varios cargos;
y está casada con Alberto Nolasco, con quien tiene dos hijos.
A fines de los ‘80 Highton empezó a formarse en temas de mediación
en Estados Unidos, en la Escuela de Leyes de Harvard y en la Universidad de
Nevada. En 1991, junto con Gladys Alvarez, que también se había
formado en Estados Unidos, fundaron Libra, desde donde introdujeron la mediación
como una herramienta de resolución de conflictos en la Justicia argentina.
La sociedad con Alvarez pareciera fundarse en la complementariedad: mientras
Highton es recatada, introvertida, y “muy british” (como la define
Silvia Dopazo, abogada y directora de la revista jurídica Fojas Cero,
que la conoce desde comienzos de los ‘70), Gladys Alvarez es extrovertida
y desenfadada.
En 1991, un mes después de fundarse Libra, y con León Arslanian
como ministro de Justicia del gobierno de Carlos Menem, Highton –que en
ese entonces era jueza nacional de Primera Instancia en lo Civil– fue designada
ad honorem por el Ministerio de Justicia para integrar dos comisiones que debían
elaborar un proyecto de Ley de Mediación. “El proyecto que ellas
diseñaron –dice Dopazo refiriéndose a Highton y a Gladys
Alvarez– fue diferente a la ley que finalmente se aprobó, pero ellas
decían que eso era lo que se podía hacer en ese momento y así
lo aceptaron.” Entre agosto del ‘93 y diciembre del ‘95, Highton
fue designada Directora del Proyecto Piloto de Mediación dentro del Ministerio
de Justicia, manteniendo a la vez su cargo de jueza. Acá podría
uno detenerse a hacer la primera pregunta: ¿Se puede ser juez de la Nación
y a la vez funcionario del Poder Ejecutivo? Pero la vinculación de Highton
con el Gobierno, y con el menemismo en particular, fue aún más
lejos: en 1996 escribió el libro Mediación y Justicia, editado
por Depalma, junto con Gladys Alvarez y Elías Jassan, en ese entonces
secretario de Justicia de la Nación. Un año después, en
junio de 1997, Jassán, ya en ese entonces ministro de Justicia, debía
renunciar a su cargo al comprobarse –en el marco de la investigación
por el asesinato de José Luis Cabezas– un centenar de llamados desde
una de las empresas de Alfredo Yabrán a su celular. Sigue Dopazo: “Cuando
Jassán era secretario de Justicia, Alvarez y Highton vieron un resquicio
para instalar el tema de la mediación. Creo que pensaron que a través
de él tendrían más injerencia en la instrumentación
de los procedimientos. Pero después ellas se pusieron muy mal porque
el tema se les fue de las manos.”
Lo que se les habría ido de las manos a Highton y Alvarez es el gran
negociado que significó la capacitación de los mediadores y que
las benefició tanto a ellas, a través de Libra, como a Jassán.
En una nota realizada en el Nº 45 de Fojas Cero, en noviembre del ‘95,
aparecían las 6 instituciones autorizadas para capacitar a los 800 mediadores
que debían estar trabajando para abril del ‘96, y los precios que
cobraban por los cursos. Las instituciones eran, además de Libra: la
Asociación Iberoamericana para la Resolución Alternativa de Disputas
(Airad); la Fundación Nueva Justicia (presidida por el mismo Jassán);
el Instituto Argentino de Negociación, Conciliación, y Arbitraje;
Interfaz; y el Las Heras High School, una escuela primaria y secundaria, dirigida
por la esposa de Jassán, según relata Dopazo. Por el ciclo introductorio
y la etapa de entrenamiento, Libra cobraba $ 150 y $ 650, respectivamente; Nueva
Justicia: $ 190 y $ 2950 (la segunda etapa se realizaba en Estados Unidos e
incluía el pasaje ida y vuelta y la estadía de media pensión
además del curso); y el Las Heras High School: $ 150, y $ 500, respectivamente.
No olvidemos que en ese entonces un peso equivalía a un dólar.
Mientras duró, el negocio fue más redondo que un círculo
perfecto del que se beneficiaron justamente los pioneros.
La diputada Marcela Rodríguez aporta un dato relevante a la hora de evaluar
los antecedentes sobre mediación de Highton en relación con las
mujeres: “Desde una perspectiva de género, la mediación es
un tema conflictivo aplicado a casos de familia. Es más, en temas de
violencia está contraindicado. En Estados Unidos hay estadísticas
de cómo impacta negativamente en los juicios que involucran a minorías
étnicas, y si afecta a las minorías, seguro afecta a las mujeres.”
Las ideas de Highton sobre este tema no se conocen. Entre las publicaciones
de la camarista sobre temas de mediación que figuran en el extenso currículum
presentado al Ministerio de Justicia, no hay ninguna que refiera a una perspectiva
de género, y en la Fundación Libra se abstienen de informar sobre
el tema.
La Corte
El nombre de Highton de Nolasco como posible candidata para la Corte Suprema
de Justicia fue echado a rodar por el diario La Nación en cuanto se supo
que habría cargos vacantes. De hecho, La Nación fue el único
medio de comunicación al que Highton concedió una entrevista.
Inmediatamente la Fundación Fores –una institución que propicia
la reforma del sistema judicial, considerada políticamente conservadora,
y que se opuso a la candidatura de Eugenio Zaffaroni y no se expidió
sobre la de Cármen
Argibay– salió a apoyar su candidatura.
Las lecturas que pueden hacerse de la nominación de Highton a posteriori
de las de Zaffaroni y Argibay, son varias. Por eso los rumores abundan. El que
más circula es que, con su perfil conservador, fue candidateada para
equilibrar las designaciones de Zaffaroni y Argibay, ubicados políticamente
cerca de la izquierda y ambos penalistas, mientras queHighton viene del fuero
civil. Se dice incluso que la presión de la Fundación Fores contra
la candidatura de Argibay por su posición a favor de la despenalización
del aborto, no tenía como objetivo final desacreditarla a ella sino sembrar
el terreno para que el Gobierno virara a la derecha con la siguiente designación.
También se dice que la Embajada de Estados Unidos hizo escuchar su pedido
en la Casa Rosada. El vínculo de Highton y Gladys Alvarez con el gobierno
norteamericano tiene su origen en el tema mediación. No sólo porque
ambas se formaron en ese país sino porque Estados Unidos apoyó
la instalación de la mediación obligatoria en la Argentina, fundamentalmente
a través de programas financiados por la Agencia para el Desarrollo Internacional
(AID).
Finalmente, podría tratarse de una concesión con beneficios. Paralelamente
a la candidatura de Highton, el Gobierno postuló a Esteban Righi, un
hombre también cercano a la izquierda, para la Procuración General
de la Nación.
El no nacido
Desde la designación de la candidatura de la camarista, el 17 de febrero,
hasta mediados de marzo, la Iglesia no se expidió públicamente
sobre ella. Hicieron saber su malestar por un artículo publicado en 1993
en la Revista de Derecho Privado y Comunitario (Editorial RubinzalCulzoni),
llamado La salud, la vida y la muerte: un problema éticojurídico:
el difuso límite entre el daño y el beneficio a la persona, en
el que la posición de Highton sobre el aborto resulta ambigua. Finalmente,
el 13 de marzo, el diario La Nación salió con la buena nueva:
La Iglesia no objetará a la jueza Highton, Luego de concluir que no tiene
una postura en favor del aborto, no se opondrá a su postulación
para integrar la Corte Suprema, fue el título de la nota. En ella se
decía que si bien la Iglesia se había preocupado porque la postura
de la magistrada parecía favorable al aborto, luego de entrevistar a
la candidata el tema se había aclarado. “La Iglesia quedó
tranquila. Entendemos que la doctora (Elena) Highton no es partidaria del aborto”,
se decía en la nota que había confirmado “una alta fuente
de la Iglesia, de contacto diario con el cardenal Jorge Bergoglio”. Sin
embargo, el polémico artículo despertó inquietud a izquierda
y derecha. El Boletín Notivida (“noticias argentinas sobre temas
que se relacionan con la promoción y defensa de la vida humana y la familia”),
en una nota publicada el 22 de febrero, manifestaba su preocupación porque
en el mencionado artículo “Highton se muestra favorable al aborto”,
y reproducían párrafos del mismo. “Consideramos que en el
tema del aborto está en juego no sólo la colisión de intereses
entre el valor vida del embrión o del feto frente al valor libertad y
autodeterminación de la madre sino también –y esto es importante
de resaltar– el conflicto propio del derecho del no nacido y no querido
-reproducen en Notivida del texto de Highton–. Pues debe resolverse dónde
hay daño, si en la supresión de la persona o futura persona o
en llevar un embarazo a término y hacer ver la luz a un niño forzadamente,
para que sea maltratado, quede abandonado física o moralmente o esté
a cargo de instituciones de beneficencia y del Estado. (...)... Consideramos
que en tanto puedan conocerse problemas y detectar enfermedades, la genética
es un beneficio, y que no hay daño para las personas involucradas y sus
familias sino la posibilidad de elegir responsablemente el camino a tomar. Las
estrategias y técnicas disponibles para la prevención y tratamiento
de estos males constituyen beneficios, aún a costa de tener que terminar
(o más bien poder elegir terminar) con una gestación en marcha.
Lo importante e interesante de este tema, más que la opinión personal
que a cada uno pueda suscitarle tremendo problema ético, es que en otros
países seconsidera daño el haber nacido e irresponsabilidad médica
el haber dejado nacer, habiéndose constituido en eventual beneficio la
posibilidad de no haber llegado al mundo en las condiciones desfavorables para
las que estaba destinado el ‘nascituros’”.
Una funcionaria gubernamental, reconocida defensora de los derechos humanos,
que por su cargo no puede dar su nombre, manifiesta “horror” ante
este texto, pero por razones opuestas a Notivida: “Es muy grave. Es una
posición racista. Es hablar del derecho a nacer, pero desde un punto
de vista eugenésico: los que no me gustan, los pobres, los negros, que
no nazcan. Es una postura pro-aborto que no tiene nada que ver con el planteo
feminista.”
Para completar un panorama confuso, Silvia Dopazo comenta que en los días
posteriores a su nominación, Highton le comentó que no haría
declaraciones sobre el aborto, “pero yo creo que su posición es
parecida a la de Carmen Argibay en el sentido que ella querría que empezara
a hablarse del tema en la sociedad”, aventura la abogada.
Los riesgos de callar
El argumento de Elena Highton para negarse a dar reportajes es que, como todo
juez, ella habla por sus fallos. Más allá de que no está
siendo sincera, ya que concedió entrevistas al diario La Nación
y a miembros de la Iglesia, el tema debería ser considerado desde varios
aspectos.
El espíritu del decreto 222 –por el cual son designados los jueces
de la Corte Suprema– es que durante el mes siguiente a la nominación
por parte del Poder Ejecutivo, la ciudadanía pueda emitir su opinión
sobre el candidato. Esto puede hacerse en forma particular o a través
de organizaciones y es una garantía más de la democratización
del proceso. Los fallos judiciales y los textos jurídicos, en general,
no son de fácil acceso para el público por dos motivos: no se
sabe muy bien dónde y cómo buscarlos y, lamentablemente, los jueces
siguen utilizando un lenguaje críptico, con lo cual si no se tiene un
conocimiento mínimo de términos y cuestiones jurídicas
se hace bastante difícil comprenderlos. Los medios de comunicación
tienen un sentido social: ser un puente entre los diferentes protagonistas de
una sociedad: gobierno, instituciones, opinión pública. Con un
lenguaje llano, muchas veces “traducen” textos provenientes de ámbitos
poco accesibles como la Justicia o la Academia. Pero además, son un vehículo
para que la ciudadanía conozca a actores sociales que de otra manera
ignoraría. Al negarse a dar entrevistas, Highton nos quita a los ciudadanos
el derecho a conocerla y juzgarla por sus dichos.
Desde el punto de vista de la magistrada, cabría preguntarse si su intento
por mantener un perfil bajo no se le está transformando en un boomerang:
especulaciones, trascendidos, desconocimiento, rumores. Nada más alejado
de la transparencia que se espera de la designación de jueces en la nueva
instancia democrática que intenta instalar el Gobierno del presidente
Néstor Kirchner.
Y desde el punto de vista de la ciudadanía, habría que preguntarse
si no tenemos derecho a conocer mejor las opiniones de una persona que probablemente,
pronto legisle sobre los casos más importantes del país. En un
tema como el aborto, fundamental para las mujeres: ¿Qué nos transmite
una mujer que no aclara sus pensamientos ante un periodista, pero sí
lo hace ante miembros de la Iglesia?
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