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Viernes, 10 de marzo de 2006

SALUD

Un paso adelante

A tres años de aprobada (y reglamentada) la ley nacional de salud reproductiva, está por comenzar el dictado de la primera cátedra dedicada al tema en un ámbito universitario: la Facultad de Derecho. Pablo Rosales y María Silvia Villaverde, sus titulares, explican aquí su postura y defienden la necesidad de reflexión para no invisibilizar la dimensión política.

 Por Soledad Vallejos

Al tribunal llegan muchas causas por ligaduras de trompas, en las que los hospitales –especialmente los públicos– nos hacen un pedido de autorización. A raíz de eso nos encontramos con algunas cuestiones que son inimaginadas, sobre todo cuando se trata del informe socio-ambiental. Yo tengo especialmente guardado, desde hace algunos años, uno de esos informes: la mujer tejía los preservativos con hilo, a crochet. No parece verdad, pero lo es. Son cosas que ocurren y que una no imagina: el tema de tejerlo, de imaginarse que son bichitos, que no saben de qué tamaño son... ese informe lo guardé, porque, francamente, si a mí me lo contaran, me parecería una exageración, algo que no puede ser. Y es.” La jueza María Silvia Villaverde refiere el episodio no tanto por afán de generar asombro como por la necesidad de ser explícita a la hora de fundamentar qué tan importante considera lo que ella y el abogado Pablo Rosales están a punto de inaugurar: la primera cátedra que, en el marco de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se dedicará a Salud Sexual y Reproductiva. Tres años han pasado desde la sanción de la ley nacional que instauró a nivel federal el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, casi quince desde que algunas provincias se dieran de manera local legislaciones equivalentes, y, sin embargo, recién ahora el tema encuentra un cauce institucional que exceda lo meramente aplicado (vale decir, el mecanismo de funcionamiento) para abrir el juego a lo reflexivo (en términos políticos, pero también de articulación) y el enfoque global capaz, quién sabe, de lograr un efecto dominó que abra el juego. El bautismo del que, de momento, es un curso de posgrado (“a posgrado pueden incorporarse propuestas a decisión de cada facultad; en cambio, cambiar la currícula de grado requiere una decisión del rectorado, y eso lleva tiempo aunque haya voluntad política”), exhibe las marcas de una decisión política.

Pablo Rosales: –Hemos puesto un nombre diferente al de la ley, que es de “salud reproductiva y procreación responsable”. Y es que el marco legal se refiere a la sexualidad como algo que tiene por objetivo una familia con hijos y centrada en la procreación. Nuestra propuesta, en cambio, se llama de Salud Sexual y Reproductiva porque apuntamos a las dos cuestiones. En realidad, el tema de la salud sexual también se discutió en los grandes tratados internacionales: cuando se firmaron Beijing y El Cairo, los documentos de las dos grandes reuniones que impulsaron el concepto de salud reproductiva, también hubo discusiones respecto de introducir en las declaraciones la sexualidad como disfrute, como placer y no solamente el procreación. La ley nuestra también tuvo que hacer esas concesiones, y se llama de salud sexual y procreación responsable: tampoco toca el tema de la salud sexual entendiendo el sexo solamente como placer. Pero nosotros sostenemos que la salud sexual excede lo anticonceptivo.

Teniendo en cuenta que asumen ese punto de vista, ¿resultó complicado lograr la aprobación de la currícula?

P. R.: –Nosotros pensamos que iba a resultar difícil. Sin embargo, presentamos la propuesta del curso en noviembre, y en diciembre ya estaba aprobado por el consejo de la Facultad de Derecho. Y ahora lo empezamos a dictar. Es muy raro, pero esto evidentemente habla de la necesidad que tenía la facultad.

¿Cómo evalúan el momento: es tarde, es temprano?

María Silvia Villaverde: –¡No es temprano! Tendría que haberse hecho mucho antes, lo llamativo es que no haya pasado. De todas maneras, nosotros procuramos hacerlo de manera tal que hiera la menor cantidad posible de susceptibilidades para poder generar espacios y que, a partir de allí, se pueda dar cabida a la mayor cantidad posible de voces sobre el tema. Pero no es temprano en absoluto.

P. R.: –La ley nacional tiene ya tres años, pero pasa algo curioso: nosotros tenemos un país federal, donde cada provincia tiene facultades propias en salud. Por eso es que, mientras esta ley tiene tres años, hay leyes o programas provinciales que llevan 15 años. Y hay una figura muy importante que en la ley nacional no está: la consejería. En el caso de la provincia de Buenos Aires, con cuyo equipo de capacitación (no más de cuatro, cinco personas para un distrito que reúne la tercera parte de la población del país) trabajamos en el curso, sí considera la consejería. ¿Y qué es? La definición que da la doctora Ana María Touceda, titular de capacitación de la provincia, es que se trata de ayudar a las personas a decidir qué es lo mejor para ellas en su situación particular, asistir a través de la escucha y el entendimiento para que puedan reconocer cómo se sienten, respetando sus creencias y sus valores. ¿Qué significa? Primero, una escucha activa: hay que ver cuál es el marco social, personal, no es lo mismo una mujer que viene a la consulta con 8 hijos y un marido que no quiere usar métodos anticonceptivos que, por ejemplo, una mujer religiosa. La ley plantea un trabajo a demanda: a nadie se le obliga usar métodos anticonceptivos si no lo desea. La idea es que el consejero es el intermediario entre estos derechos que surgen de la ley, y que ofrece cada una de las jurisdicciones provinciales, y la necesidad de las personas. Por eso nada mejor que una escucha activa. Un error que cometen los funcionarios es que deciden sin preguntar. Por otro lado, la ley plantea derechos tanto para mujeres como para varones, porque en realidad si bien la salud reproductiva tiene un peso importante en la mujer, porque el feminismo y el crecimiento de las políticas y las miradas de género han logrado que programas como éste puedan sostenerse y salir adelante, la mujer en parejas heterosexuales vive con hombres. Entonces, en realidad, si la capacitación y la consejería no están también dirigidas al varón, lo que puede ocurrir es que haya una mujer absolutamente informada pero que no puede tomar decisiones porque hay otras cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo personal, con el género, con cosas que hacen que ella no pueda decidir no tener hijos, porque el compañero sí quiere tener hijos, o decidan tomar un anticonceptivo porque el compañero no quiera ponerse un condón. Entonces, la ley tiene un discurso y está apoyado en el movimiento de mujeres, pero lo cierto es que el hombre también tiene que estar alcanzado por la normativa: con él también hay que trabajar. Otro tema que tiene la ley es que no considera las parejas gays. Supongamos en el caso de parejas de mujeres, donde una de ellas pueda quedar embarazada. Pero la idea de familia en el derecho argentino es un matrimonio heterosexual con hijos.

¿Cuáles creen que son los límites a la hora de pensar y tratar el tema en un marco académico, institucional?

M. S. V.: –Más allá de este posgrado, creo que el tema cultural es una variable a tener en cuenta porque tiene que ver con lo íntimo, con cómo se constituyó cada subjetividad, con los contextos. Requiere tener una serie de reparos que otros temas no exigen. Por otro lado, la facultad hace que, por ejemplo, hayamos pensado en enfocar el análisis del discurso: es preciso profundizar en cuáles son los discursos especializados que se habían disputado la autoridad en materia de sexualidad, esto es, el discurso jurídico, el discurso religioso, el discurso del Estado. Pensábamos, por ejemplo, que por allí se podría canalizar de una manera que fuera menos conflictiva, creando un marco más plural que el que hubiera resultado de obviar directamente el discurso religioso. No plantearlo es hacer silencio sobre una cuestión que debe quedar planteada.

P. R.: –Por otro lado, en salud sexual y reproductiva lo interdisciplinario es la esencia del tema. Acá no se puede obviar a un psiquiatra, un psicólogo, un asistente social, un sociólogo. Esos análisis son necesarios para poder evaluar desde diferentes miradas cuál es la situación de una provincia. Pero, a diferencia de otras políticas nacionales que han sido impuestas como la de genéricos, en este tema no se ha logrado avanzar todo lo que se debería. Cuando armamos el curso recorrimos librerías jurídicas y sociales y no encontrábamos material. En la facultad te preguntaban qué es salud reproductiva, “¿es fertilización asistida?”. La gente en general, y gente preparada en la universidad, no sabe de qué estamos hablando. Eso nos dio mucha curiosidad. Evidentemente no está tan en boga como pensábamos, la gente lo identifica más con la entrega de anticonceptivos.

De hecho, el sistema de obras sociales hace año y medio que debió haber creado un programa y no lo hizo. Las obras sociales están obligadas a dar la cobertura de salud reproductiva, pero el organismo de control no ha establecido un programa como lo establece la norma del Ministerio de Salud.

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