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Viernes, 26 de octubre de 2007

VIOLENCIAS

El otro encuentro

Con la temperatura encendida por el último Encuentro Nacional de Mujeres se abrieron las jornadas Violencia, sexualidad, reproducción, tensiones políticas, éticas y jurídicas. Firmaron la invitación organizaciones como Cecym (Centro de Encuentros Cultura y Mujer), Cedes (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) y RAAC (Red de acción y aprendizaje comunitario sobre género). Durante dos días se discutió sobre cómo los derechos sexuales y reproductivos, ya reconocidos en convencionesinternacionales y leyes nacionales, se reflejan (o no) en las prácticas concretas de las instituciones públicas. Aquí, dos experiencias diversas: España y Bélgica.

 Por María Mansilla

España: mejor ley, mas femicidios

Suicídate antes de matarla”, disparaba una campaña de la Junta de Andalucía que duró poco. Era demasiado explícita, quizás demasiado... violenta. Tanto como la realidad española que, a pesar de contar con leyes favorables, dice que 1 de cada 7 mujeres sufre violencia de género. La mitad de los femicidios se producen en el ámbito familiar. La mayoría de los agresores han sido detenidos y un tercio de ellos intentó suicidarse. Por eso el slogan censurado. Por eso, además, la violencia intrafamiliar es la intervención que más se está realizando en aquel país a través de las políticas públicas.

Laura Nuño, de Acsur Las Segovias. Foto: Arnaldo Pampillon

“En España, con una legislación de avanzada en materia de igualdad (la Ley Orgánica de Medidas de protección integral contra la Violencia de Género, sancionada el 28/12/04), los femicidios se disparan: aumentaron un 13% en 2006. Porque lo que le provoca al patriarcado es la pretensión de autonomía de las mujeres”, dice Laura Nuño, de Acsur Las Segovias. Según una investigación de La Caixa, en los últimos 5 años la violencia de género aumentó en España en un 50%, y también surgieron otros tipos de violencia, como el acoso escolar y las agresiones de niños y niñas a sus padres. Nuño, una madrileña bien enérgica, habla en nombre del movimiento de mujeres y apunta a las dificultades que aparecen a la hora de concretar cada intervención. Además de desmitificar el progresismo legislativo.

¿Cómo se plantea a la violencia de género desde las políticas públicas?

–No se plantea ni como un problema de salud pública ni como una forma de manifestarse la desigualdad de género. Resulta que el terrorismo o determinadas agresiones plantean un problema de legitimidad democrática, pero la violencia de género no plantea ningún problema social porque es considerado un problema individual. La responsabilización colectiva es nula.

Se lo reduce a un problema amoroso...

–Se lo reduce a un problema entre víctima y maltratador. Se piensa a la víctima sólo como víctima y no como ciudadana. Es más, se la criminaliza: que por qué no lo había denunciado, que cómo vivía con él... Pero es un problema social porque tú tienes reglas sociales que dicen que no está mal que un hombre mande a una mujer. Por tratarse de violencia intrafamiliar, la intervención depende de la denuncia de la víctima. Por eso hay una campaña española que intenta sensibilizar al entorno de la persona agredida. Tiene gracia: si le están robando, el vecino llama a la policía, pero si la están matando, no. Porque funciona eso de que los trapos sucios se lavan en casa. Si el mensaje social generalizado es que lo que hace un hombre vale más, que un hombre manda en la calle, ¿por qué en casa va a mandar menos? La intervención en violencia debe superar esas barreras especialmente sanitarias o penales. El mensaje tiene que ser global y coherente. Porque la violencia es un problema político que repercute en la sociedad, que estructura jerárquicamente a las personas en función del sexo con el que nacen.

¿Cómo se trabajan entonces los modelos de pareja?

–Hay un problema con la construcción de los modelos afectivos: la mujer es la cuidadora, responsable de la unidad familiar. Ese “ser en el otro” plantea un problema a la hora de intervenir porque la ruptura le genera una crisis de identidad a la mujer. El factor de riesgo, ante la violencia, es ser mujer y tener una construcción identitaria que la permita. Por eso el mensaje social es importante. Hicimos un proceso de sensibilización con diputados y diputadas del Congreso español y cuando se identificaban, ellas, diputadas y todo, decían: “Soy Fulana, estoy casada, tengo 2 hijos”. Se definían primero por sus relaciones afectivas. Ellos, no. Decían: “Me llamo Manolo, soy del Barça y soy abogado”...

El aborto según Bélgica

Hay algo en común entre Argentina y Bélgica en el esfuerzo puesto a favor de la despenalización del aborto. Y es un hombre. Un médico: Jorge Boute, que nació en Buenos Aires en 1922 pero pronto volvió a Bruselas, la tierra de sus padres. Allá se convirtió en un personaje representativo de esta lucha, igual que muchos de sus colegas. Porque, casualmente, si hay algo no común entre Argentina y Bélgica en el esfuerzo por la despenalización del aborto es el activismo de la comunidad médica. En el país europeo, las y los profesionales de la salud entendieron que apoyar esta práctica no sólo era una cuestión de derechos femeninos, tampoco sólo de salud pública, sino un tema de justicia social.

Pascale Maquestiaux, de Le Monde Selon Les Femmes.

De esta experiencia habló la cálida Pascale Maquestiaux, de Le Monde Selon Les Femmes (El mundo según las mujeres). Vive en Europa. Es enfermera, y en los ’80 se radicó en Bolivia, donde empezó a hacer “abortos clandestinos, por solidaridad”, y luego trabajó 9 años aquí, en la Argentina.

Maquestiaux nos cuenta que la ley belga que despenaliza el aborto se consiguió en 1990 –tarde en el contexto europeo–. Si bien no lo despenaliza totalmente, suprime la infracción cuando la mujer que lo requiere se encuentra en “situación de desamparo-angustia”. Ese “estado de angustia” se refiere obviamente a un rechazo a seguir con la gestación y demás causas que ella considere suficientes. Esas causas –subjetivas– son inobjetables; esto desplaza cualquier intentona inquisitoria de parte de médico/a y juez/a que intente probar la veracidad de sus razones. Lo que importa es la palabra de la mujer. “Desde el principio se descartó tratar la demanda de un aborto como una enfermedad, en contraposición, por ejemplo, a la práctica española, porque esto saca la responsabilidad y la autonomía a la mujer”, subraya la enfermera.

En Bélgica, no son pocas las mujeres migrantes –sobre todo bolivianas y ecuatorianas– que al saberse embarazadas se sienten “angustiadas y desamparadas” y se acercan a abortar.

Entonces: hecho el pedido, el aborto debe practicarse dentro de los 6 días, en las primeras 12 semanas de gestación y en un lugar donde la mujer reciba apoyo psicológico, información sobre programas sociales relacionados y métodos anticonceptivos disponibles. Hay que pagar 1,45 euros. “Sería demagógico pensar que va a elegir el aborto como método anticonceptivo, que la despenalización aumenta la incidencia al ser legal y que esto lleva a un libertinaje sexual precoz”, dice Maquestiaux desafiando los lugares comunes.

Como lo hicieron

Hoy, cuando se habla de planificación familiar, en Bélgica, se habla de atención médica –incluido el aborto–, psicológica, social y jurídica. ¿Cómo llegaron hasta aquí? La cruzada comenzó en los ’60: la vigente era una ley de 1923 –tiempo de posguerra y de la necesidad de repoblar el territorio– que prohibía siquiera informar sobre anticonceptivos. En ese tiempo, las que querían tomar la píldora la mandaban a pedir a Inglaterra; las que decidían abortar (y podían) corrían hasta Holanda. Hasta que algunos médicos comenzaron no sólo a dar información sobre los distintos métodos sino a practicar abortos “solidarios”.

Fue en pleno Mayo Francés cuando “los médicos entran en la lucha por la despenalización del aborto por razones de salud pública. Toman conciencia de la incidencia en la salud de la mujer que representa la práctica clandestina. Se genera un movimiento en demanda de justicia social donde el acceso a la seguridad social es uno de los reclamos básicos”, reconstruye Pascale Maquestiaux. En 1973, el ginecólogo Willy Peers grita públicamente haber interrumpido 200 embarazos, y desnuda la incoherencia que existe entre ley y realidad. Peers va preso, y ese movimiento en demanda de justicia social genera más y más alianzas, suma también a políticos. “Esta mezcla de las prácticas multidisciplinarias con las militantes nos llevó a trabajar hacia la superación de los modelos jerárquicos disciplinarios. Seguramente, ayudó al compromiso médico bajando el estrés que produce la responsabilidad moral-legal de interrumpir un embarazo.”

Los años ’80 fueron decisivos: campañas del estilo “Yo aborté” y la participación de distintos sectores logran que se anule aquella ley de 1923. El aborto pasa a ser una práctica ilegal pero no clandestina, que se practica en más de 15 centros de planificación familiar desafiando a la ley penal, al poder político y judicial; por eso también nace un grupo de abogados y abogadas con el objetivo de defender a profesionales y mujeres llevados a juicio.

Los resultados quedan a la vista: a partir de esta apertura de hecho, en el hospital Saint Pierre de Bruselas, por ejemplo, de 128 mujeres atendidas en 1969 por abortos mal hechos, pasaron a 20 mujeres en 1979. Por otra parte, en 1975, 12.000 belgas fueron a abortar a Holanda; en 1979 fueron 7500; en 1985, 4800.

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