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Lo que me sigue sorprendiendo, lo que de verdad me asusta es el retroceso en terrenos que ya parecían ganados, en los que sólo podían esperarse avances”. Juliana Marino no habla de la situación institucional del país, aunque la frase podría encajar a la perfección, en realidad al momento de realizarse esta entrevista el país era otro. Y otros eran los peores fantasmas, ahora acostumbrados a convivir con un nuevo repertorio de temores. La legisladora de la Ciudad de Buenos Aires se refiere en cambio a la visibilización y el tratamiento de la violencia y el abuso sexual intrafamiliar, dos temas tabú hasta hace menos de dos décadas cuando el movimiento de mujeres, de manera transversal, comenzó a buscar consensos para el dictado de leyes que servirían como herramientas para tratar este tipo de casos. En noviembre de este año, en uno de los últimos actos de la Legislatura de Ciudad, una nueva ley se promulgó para garantizar que lo avanzado hasta ahora no se choque contra el muro de lo que Marino llama “una ola reaccionaria”. Se trata de la Ley de Protección a Profesionales Denunciantes de Maltrato Infantil, aprobada por mayoría, un instrumento que lo que intenta es garantizar el funcionamiento de los servicios para víctimas de violencia intrafamiliar, que a lo largo de los años de democracia se fueron afianzando, pero que también han sido objeto de persecución por parte de quienes, según Marino, “sacralizan la familia por encima de cualquier otro valor, como la protección efectiva de sus miembros, y por delante de cualquier circunstancia particular”. Detrás de esta ley hay una historia que contar.
–Yo no podría situar exactamente cuándo empezó esto que yo llamo una ola reaccionaria, pero desde hace un tiempo distintos legisladores empezamos a recibir las denuncias y la preocupación de muchos profesionales -asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras y pediatras– que estaban siendo perseguidos judicialmente por abogados patrocinantes de personas denunciadas como abusadores de menores. Profesionales que al ser acusados de mala praxis por haber firmado peritajes que abonaban la imputación de los procesados, o por haber denunciado casos de abuso sexual o maltrato, debían responder con sus propios medios a estas denuncias que no eran hechos aislados, sino una respuesta corporativa que avanzaba ideológicamente sobre el tema de la violencia familiar de forma muy reaccionaria. Y que incluso llegaron a acusar a profesionales reconocidos de falta de idoneidad o de feministas, algo que ya no pensábamos que podía descalificar a nadie.
–¿Qué quiere decir con respuestas corporativas?
–Quiero decir que las denuncias no son casos aislados sino que responden a una ola de reacción que creció cuando, a partir del trabajo de muchos años, los casos de violencia familiar se empezaron a hacer visibles en las clases sociales más altas. Hay agrupaciones que recomiendan cómo actuar en estos casos e incluso una base teórica que se expuso en la revista La Ley del 15 de noviembre de 2000 y que sirvió como fundamento a muchas acusaciones. Aun cuando muchos no podemos creer que ese escrito del ex juez Eduardo José Cárdenas, titulado “El abuso de la denuncia de abuso”, sirva para algo más que el descrédito de sí mismo. Ese artículo menciona a los jefes de los servicios de violencia de los hospitales públicos, a algunos profesionales y hasta la perito forense de la Corte Suprema de la Nación acusándolos, entre otras cosas, de feminismo y de no advertir la existencia del “lavado de cerebro” que las madres o padres denunciantes pueden hacer sobre sus hijos para enfrentarlos y separarlos de los denunciados. No podemos decir que no existan las denuncias falsas sobre abuso sexual o maltrato intrafamiliar, pero según las estadísticas no llegan ni al 1 por ciento. Además hay herramientas comprobadas como útiles para detectar estos casos, pero son justamente las que se quiere minimizar apelando a argumentos ideológicos. Lo que notamos en estas denuncias de mala praxis es que se trata de una estrategia que tiende a debilitar los servicios y atemorizar a los actores. Y digo que es una respuesta corporativa porque hay organizaciones visibles detrás de esto.
–¿Por ejemplo?
–Por ejemplo la Asociación de Padres Alejados de sus Hijos (Apadeshi) que en sus documentos, fáciles de consultar en Internet, sitúan el aumento de denuncias de abuso a la promulgación de la Ley 24.270 que penaliza a los papás o mamás que obstruyen el vínculo de los hijos con los progenitores no convivientes y dan una serie de reglas a seguir en caso de ser denunciado. Y éste no es un detalle menor. Para que finalmente se promulgue la ley de Violencia intrafamiliar debieron pasar diez años desde la vuelta de la democracia, se necesitó un gran trabajo transversal del movimiento de mujeres para acordar un texto. Incluso hubo posiciones penalistas que ordenaban el arresto del que ejecuta el maltrato. Pero haciéndonos cargo de lo que decían las organizaciones no gubernamentales que ya trabajaban en el tema, de lo que decían las mismas mujeres víctimas de maltrato, lo que se promulgó fue una ley civil que da una lista de medidas cautelares y que deja expedita la vía penal. Así, creíamos, se podía actuar mejor frente al tema y a las causas. Llamativamente cuando Apadeshi viene con la propuesta de penalizar la obstrucción del vínculo esta ley que empieza poniendo penas de arresto se sanciona sin discusión y a los pocos días, en Córdoba una mujer fue presa, acusada de impedir que sus hijos vean al padre. ¿Cuántos golpeadores viste presos? ¿Cuántos deudores alimentarios? Eso fue un símbolo del verdadero significado de esa ley. Aun cuando no estoy de acuerdo con quienes hacen de sus hijos rehenes. Esta ley es buena en cuanto obliga a sostener los vínculos, pero empieza penalizando y a mi juicio, sirve para proceder de una manera donde no se está atendiendo lo más importante: tutelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que es el deber del Estado.
–¿Hubo dificultades en el recinto para plantear este tema?
–Hubo que explicarlo adecuadamente, pero contábamos a favor que fueron muchos los legisladores preocupados por la desprotección de los profesionales que no hacen más que cumplir con sus obligaciones. Ya había más de un proyecto cuando se terminó sancionando éste que hace responsable a la Procuraduría de la defensa legal de los profesionales de los servicios de violencia familiar. Pero, parece mentira, la primera reacción es la sospecha. Todavía resulta más fácil creer que la mujer ‘enloquece y puede hacer cualquier cosa’, como una denuncia falsa, que visibilizar avanzadas directas como el texto de Cárdenas. Y esto abona mi feminismo cada vez más. En cualquier caso hay herramientas reconocidas internacionalmente para detectar si una denuncia es admisible o no. Esverdad, hay que probar un hecho delictivo y ése es el procedimiento. ¿Por qué entonces cuestionar a quienes se han formado para eso? Incluso el II Congreso Argentino de Pediatría Ambulatoria dijo este mismo año que sólo se difunde uno de cada diez casos de abuso sexual infantil ¿Por qué creer entonces que los denunciados son los casos falsos?
–La sospecha de la usted habla parece basada en viejos estereotipos de género en el que la mujer, por ejemplo, es acusada de loca para explicar cualquier conducta disonante con su rol tradicional.
–Es cierto, esa primera sospecha nos pone de frente a una sociedad que no ha abandonado el pensamiento androcentrista y patriarcal. En la que siempre parece haber una vuelta de tuerca, hay ondas que vuelven sobre lo mismo: sacralizar la familia por encima de todo. Yo pienso también que la situación ideal para un niño es crecer con una familia, contar con adultos que lo protejan y le brinden amor y contención. Pero esto no quiere decir un universal ni que en todas las familias los progenitores, uno u otra, sean los más adecuados para favorecer el crecimiento del niño.
–Volviendo al tema de los profesionales, ¿por qué el Estado, en este caso en el ámbito de la Ciudad, debería garantizar su defensa jurídica ya que no ocurre lo mismo con otros profesionales que dependen del mismo Estado?
–Lo que convierte la situación de estos profesionales en algo especial es que ellos están obligados a denunciar por ley los casos que detecten de abuso o de violencia. Además hay tratados internacionales que comprometen al Estado en la defensa de los niños y niñas y en estos casos de denuncias indiscriminadas se ve como hay relaciones de poder que obturan lo que puede ser la verdad y la posibilidad de que los menores puedan tener una cura después de su trauma. De lo que se trata es de proteger los servicios que amparen a los niños y niñas, servicios que costó muchos años poner en funcionamiento.