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Viernes, 8 de noviembre de 2002

DEBATES

La nueva peste mundial

En el reciente Foro Internacional de Mujeres contra la Corrupción, novedosas y profundas miradas sobre el tema coincidieron en que se trata no sólo de un cáncer local sino también regional y transnacional. En esta nota, la chilena Clara Szczaranski –presidenta del Consejo de Defensa del Estado de Chile–, la académica británica Ruth Pearson, la periodista guatemalteca Marielos Monzón, la abogada italiana Adriana Rossi, la psicóloga dominicana Francisca Ferreira y la economista ugandesa Daisy Owmugasho, exponen sus ideas. En el reciente Foro Internacional de Mujeres contra la Corrupción, novedosas y profundas miradas sobre el tema coincidieron en que se trata no sólo de un cáncer local sino también regional y transnacional. En esta nota, la chilena Clara Szczaranski –presidenta del Consejo de Defensa del Estado de Chile–, la académica británica Ruth Pearson, la periodista guatemalteca Marielos Monzón, la abogada italiana Adriana Rossi, la psicóloga dominicana Francisca Ferreira y la economista ugandesa Daisy Owmugasho, exponen sus ideas.

 Por Sandra Chaher

Monique Altschul, coordinadora general del Foro Internacional de Mujeres contra la Corrupción que sesionó en Buenos Aires el fin de semana pasado, recuerda que las primeras referencias sobre el tema las escuchó en eventos sobre ciudadanía en México e Italia donde se hablaba de Educación para la Legalidad. El MEI (Movimiento Mujeres en Igualdad), que Altschul preside, propuso entonces en Buenos Aires debates sobre Corrupción y Género que devinieron en la realización del Primer Foro Nacional de Mujeres contra la Corrupción en el año 2000. Y de ahí a este primer encuentro internacional, lo que medió fue la búsqueda de información, el trabajo en redes, y el contacto con mujeres que en distintas partes del mundo trabajaban el tema o cuestiones afines. Porque aún no existe un corpus de conocimientos que cruce la perspectiva de género con la corrupción. A las 25 ONG que organizaron este evento les resultó bastante difícil encontrar bibliografía sobre el tema, e incluso la mayoría de las panelistas expusieron los temas de forma separada.
Por eso, la realización de este Foro Internacional tuvo un enorme valor político. Mujeres de varios países disertaron sobre corrupción en la Justicia, los medios de comunicación, la política, los programas gubernamentales, la salud, la familia. Todos los ámbitos son coto de caza de corrupción si se toma como definición de ésta el beneficio que obtiene de los recursos públicos un particular o un miembro del Estado y que usa para su propio provecho. Debajo de este gran paraguas, las mujeres aparecen como uno de los grupos vulnerables a las maniobras corruptas que socavan sus derechos humanos fundamentales, desde la salud a la vivienda o la educación. Como el poder sigue siendo detentado mayoritariamente por hombres, cuando de repartir se trata, se perjudica a los sectores con menos margen de presión y negociación en beneficio de los más poderosos.

Cultura de la legalidad
Dos cuestiones atravesaron casi todos los paneles: comprender la corrupción como un fenómeno social y no exclusivamente estatal; y preguntarse si hay menos mujeres involucradas en hechos de corrupción porque ellas son menos corruptas, o simplemente porque tienen menor acceso a los puestos de poder. Si bien esta pregunta quedó abierta, la mayoría se inclinó por la segunda opción. La primera hubiera implicado un razonamiento esencialista compartido por pocas.
La Educación para la Legalidad de la que escuchó hablar Monique Altschul, fue retomada en este foro por la abogada chilena Clara Szczaranski, una mujer que no casualmente vivió 12 años en Italia mientras la península atravesaba el proceso Mani Pulite. “Creo que en los países que han tenido una gran experiencia en la lucha contra la corrupción, como Italia, se llega a la conclusión de que hay que hacerimperar en la gente la cultura de la legalidad. Una vida acorde al estado de derecho, con los conflictos resueltos jurídicamente y no a cuchillazos, ha dejado paso en muchos países, y creo que lo está haciendo en los nuestros, a una cultura donde el tipo que tiene más fuerza sobrepasa a los demás y lesiona los derechos. ¿Qué le garantiza a un ciudadano tener una vida segura, con certezas e igualdad jurídica? Sólo el estado de derecho.”
El análisis de Szczaranski proviene además de su experiencia como presidenta del Consejo de Defensa del Estado de Chile, un organismo autárquico dentro del Estado chileno que puede tanto querellar a particulares en nombre del Estado como al Estado si éste vulnera los intereses públicos. Su único principio es la defensa del estado de derecho consagrado en la Constitución y las leyes. La actuación en el Consejo del Estado le permite también analizar la corrupción desde la órbita pública y privada. “La corrupción involucra muchos actos y sujetos, y no se entra a ella sólo porque te pagan, hay gente que lo hace por proteger a su familia, a un amigo, para manifestar poder, para llevar adelante un grupo de intereses o ideológico. La corrupción es más que recibir una coima. Es un problema de la sociedad, en el que hay asociados públicos y privados, y en el que los grupos más perjudicados son los más vulnerables, entre ellos las mujeres.” Szczaranski visualiza la solución en la educación de los pueblos, y más precisamente en el voto informado. “La vida de hoy es tremendamente sofisticada. No conoces el mundo de educación, comercio y negocio que te rodea porque te informas a través de los medios. Tus transacciones las mediatiza un banco; el comercio y la industria son globales, con lo cual una persona que no se dedica a esto nunca va a entender que unas zapatillas pueden tener la suela hecha en Taiwan y la parte de arriba en España. Son vidas económicas y jurídicas muy complejas. En este momento son más las personas jurídicas, las sociedades, que las personas naturales en el mundo. Si tú quieres cometer un delito, vas a involucrar a diez pisos de personas jurídicas, que finalmente pueden ser parientes de sangre, pero son sociedades anónimas y no tienes idea de quién está metido en el negocio. Finalmente son unos pocos los invitados a la cena, los que pueden comer de ese plato informativo. Entonces tú, pueblo, que vives en una democracia, votas y eliges a tu mandatario que te va a representar, en el fondo le das un cheque en blanco, porque nunca vas a entender lo que está haciendo ni lo que te está diciendo. Cuanto menos cultura tiene un pueblo, más te pueden pasar gato por liebre, y más aumenta la corrupción. Creo que se están dando condiciones cada vez mayores para que el representante crea que tiene todas las luces verdes. Entonces el discurso de la democracia participativa es una tomada de pelo, porque ésta es una sociedad que por su sofisticación misma es opaca, no transparente, tú no ves nada de lo que ocurre. Yo creo que hay que replantearse si el voto directo es la manera de asegurar que una persona tenga voz y capítulo en su futuro. Siempre se habló de voto informado y yo creo que hay que actualizar ese concepto. Tal vez las campañas políticas deban ser mucho más educativas, pedagógicas. No es cuestión de ir a la plaza sino de saber de qué se va a hablar en la plaza.”

Globalización y equidad
Ruth Pearson, una economista internacional que dicta clases sobre Estudios del Desarrollo en la Universidad de Leeds, Gran Bretaña, centró su ponencia en los Códigos Voluntarios de Conducta (VCC), una herramienta propuesta por organismos internacionales en los años ‘70, en los comienzos de la globalización, para regular la producción transnacional.
La mayoría de la fuerza de trabajo de las empresas que fabrican en el tercer mundo para los mercados de países desarrollados está compuesta por mujeres. Desde las maquiladoras mexicanas hasta los talleres textiles filipinos, la internacionalización y descentralización de la producciónque se está dando en el mundo desde hace 30 años, las desfavorece especialmente. Entonces, frente a la presión de consumidores primermundistas concientizados de las condiciones desfavorables de producción, empresas como Levi’s Strauss, Nike o Reebok incorporaron en los últimos años los VCC para no perder ingerencia en el mercado. Los VCC fueron creados en los años ‘70 por organismos internacionales como la OIT (Organización Internacional del Trabajo), pero las empresas no los incorporaron hasta los ‘90 y aún son pocas las que lo han hecho. No se aplican multas penales por no cumplir los códigos, pero están las sanciones de los consumidores que son las más temidas por las empresas. Pearson recuerda que hace pocos años los estudiantes norteamericanos hicieron una campaña contra varias de estas compañías, llamada Los estudiantes contra las sudaderas, oponiéndose a comprar las remeras sudaderas que llevan el logo de la universidad y de la empresa que la sponsorea, al enterarse de las condiciones en las que trabajaban los empleados de los talleres subcontratados. La denuncia había sido iniciada por estos mismos trabajadores. Porque una de las características de la producción internacional actual es que las transnacionales no siempre abren factorías en el tercer mundo sino que contratan los servicios de talleres pequeños que fabrican para varias de ellas, y donde la gente trabaja en condiciones económicas, laborales y legales semi esclavas. Esto fue mostrado magníficamente por la francesa Marie-France Colliard en la película Ouvrières du Monde (Obreras del Mundo), que se dio en el último Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, donde tomando el caso particular de Levi’s, la directora relataba las condiciones infrahumanas de trabajo de las mujeres de Filipinas y Turquía.
“Los VCC no cambian nada directamente. Pero la existencia de los códigos les da a las mujeres, como mayoría laboral, la posibilidad de tener decisión y voz en el diseño de sus demandas –explica Pearson–. Cuando las mujeres participan en el contenido de los códigos, sus prioridades son muy distintas de las que surgen en los códigos generales (Pearson se refiere a que si bien el 60 por ciento de los VCC es elaborado multisectorialmente, hay cerca de un 10 por ciento que es redactado unilateralmente por la empresa). En Nicaragua desarrollaron un código modelo que fue adoptado luego por el Ministerio de Trabajo, en el que además de sueldos justos se priorizó la no aceptación del abuso verbal, físico, mental o sexual; el respeto por los derechos de las embarazadas; los servicios de salud reproductiva; el cuidado de la salud y la seguridad en el trabajo; el pago de las horas extra; la limitación de la semana laboral; y la priorización de las condiciones físicas de las fábricas como el estado de los baños. Con este código, ellas están poniendo sobre la mesa cosas nunca antes discutidas. Es cierto que las cosas no necesariamente mejoran con la adopción de los VCC, pero yo creo que hay que verlos como una oportunidad de crear estructuras alternativas para enfrentar las peores tendencias de la globalización de la producción.”

Crimen organizado
Hay ámbitos más específicos y otros más generales desde donde observar el fenómeno de la corrupción. Uno de los ámbitos generales son los medios de comunicación. En una de las mesas sobre el tema, estuvo presente la periodista guatemalteca Marielos Monzón, una mujer de apenas 31 años, con dos hijos, uno de 11 y otro de 9, amenazas de muerte sobre ella y su familia, y el estigma no sólo de hacer periodismo con mirada de género en un momento difícil de la transición política de su país sino además señalada por ser una de las voces que se levantan contra todas las formas de corrupción, no sólo la estatal. Después de 36 años de lucha entre la guerrilla y los militares, en 1996 se firmaron en Guatemala varios tratados de paz que intentaron sentar las bases de un país más justo. Pero seis años después, y con cuatro gobernantes en medio, la agenda no se cumplió, los paramilitares y los militares están de nuevo en actividad, el campesinado está furioso, y según Marielos el país no está lejos de un estallido social. Con catorce familias controlando la economía, incluidos los medios de comunicación, no es fácil ser periodista. Ella tiene aún su columna de opinión política en uno de los diarios, y hasta hace dos meses tenía su propio programa de radio, en el que hacía las investigaciones por las que fue censurada y amenazada. “El papel de los medios de comunicación ha sido en estos años fiscalizar y denunciar los casos de corrupción. Pero, ¡ojo! Aparece un único actor visible denunciado: el Estado. No se toca a los corruptos del sector privado: la banca, los organismos internacionales, los banqueros extranjeros que llegan a lavar dinero. Entonces, la poca credibilidad que se tenía en las instituciones se ha visto socavada. Yo creo que los medios no son meros observadores de la realidad, son actores políticos concretos que mueven sus piezas según les convenga. Es insoslayable el tema de la corrupción en la agenda periodística, pero no puede hacerse sin ética. Tenemos que hacer una cobertura que permita realmente entender lo que está pasando, y que haga que la gente asuma la responsabilidad que le cabe en el proceso. Porque parece que los ciudadanos no tuviéramos nada que ver en el descalabro de nuestros países. En la medida en que pones toda las responsabilidad en el Estado, te des-responsabilizas como ciudadano. Es como que la cobertura mediática está creando ciudadanos irresponsables.” El pedido de claridad informativa que hace Marielos no es muy distinto del de Clara Szczaranski.
Entre las áreas más específicas o evidentes del ejercicio de la corrupción está el crimen organizado, “un tipo de criminalidad que tiene ramificaciones internacionales, conexiones con el poder y está enquistada en las estructuras estatales”. Dos ponencias abordaron este aspecto desde distintos ámbitos: la mujer como protagonista de hechos criminales; y como víctima, en el caso de la trata de blancas. Adriana Rossi, una italiana que reside hace varios años en la Argentina, presentó los primeros resultados de un estudio internacional financiado por la Universidad de Palermo, Italia. Después de investigar las estructuras delictivas argentinas, hizo una primera tipificación: las que tienen ramificaciones internacionales y actúan dentro de sus propias comunidades, como la mafia china; las que tienen relación con el hampa y el poder, son muy cerradas y están insertas en las fuerzas de seguridad; las redes de narcotraficantes; y el Estado como matriz delictiva, algo a utilizarse para sacar provecho, con clientelismo y prebendas. Tomando los últimos dos casos, Rossi caracterizó a las mujeres que participan en esas organizaciones. En la estructura del Estado “hay mujeres con poder y mujeres del poder -diferenció–. Las primeras pertenecen a ámbitos partidarios o sindicales; son funcionarias que vaciaron al Estado en beneficio propio o ajeno; están muy seguras de su poder; tienen impunidad judicial; usaron y fueron usadas por el poder; obedecen con fidelidad a su grupo; y su condición de mujeres no agravó las críticas hacia ellas porque al identificarse con las cualidades de la política perdieron su identidad de género. Las mujeres del poder, en cambio, son la esposa, amiga, hermana o amante de algún hombre poderoso; ocupan cargos por lealtad; son las que mueven los hilos detrás del poder; tienen más influencia a nivel local que nacional; y son vulnerables, no tan leales a sus grupos de pertenencia”. En cuanto a las que participan de las redes de narcotráfico, Rossi las llama “las otras”, y dice que si bien son consideradas victimarias en verdad son víctimas, los eslabones débiles de esta cadena criminal, que en general se involucran con las drogas para mantener a sus familias y en muchos casosvan a la cárcel porque las organizaciones no las protegen. “Con respecto a la relación con el Estado, hay un abismo entre ambos grupos. ‘Las otras’ son abandonadas por el Estado; las primeras, en cambio, lo usan y tienen una visión masculina del poder, con una lógica de dominio que implica el vaciamiento del mismo y el autoritarismo. Sin embargo, todas comparten una mirada machista, en la que las vinculadas con el Estado se benefician por compartir la lógica del poder, y las otras tienen un rol secundario y desvalorizado.”
En la definición de crimen organizado que dio Rossi entrarían también las redes de tráfico de mujeres. Hubo dos mesas en el Foro dedicadas a este tema, en las que se destacaron dos dominicanas: la abogada Carla Conde, que está haciendo su estudio de grado sobre el tráfico de mujeres desde su país hacia la Argentina, y Francisca Ferreira, una psicóloga que trabaja en el Centro de Investigación Integral (COIN), una ONG que desarrolla programas de educación, salud y derechos humanos con mujeres prostituidas, migrantes irregulares o ilegales, y trabajadores industriales.
En el ‘94, el COIN empezó a recibir pedidos de asesoramiento de mujeres que deseaban emigrar, especialmente a Europa, y querían saber a quién podrían recurrir allí en caso de tener problemas. Así empezaron a tejer la trama del tráfico de mujeres dominicanas hacia el exterior que ya llevaba unos años. Les costó comprender que se trataba de redes internacionales, con inserción en altos estamentos estatales y privados. Y actualmente tienen armada una red de contención para las dominicanas que están en el extranjero y no desean volver, y para las que retornan necesitando ayuda sanitaria y psicológica. “Muchas están en un estado emocional muy frágil, y también muy enfermas, con sida, venéreas, adicción al alcohol y a las drogas.”
“Muchos nos preguntan ¿por qué las mujeres dominicanas y no de las de otros países pobres? Pero si tú vas a Europa, no encuentras sólo dominicanas. Las redes focalizan en países pobres, con mujeres en condiciones de vulnerabilidad, pocos recursos para sobrevivir allí, jóvenes, madres solteras y con hijos que necesitan proveer. Y entonces entra también Colombia, Brasil, y en este momento Cuba. Y también Europa del Este y el norte de Africa. Pero la demanda hacia cada país puede ser diferente. Los europeos buscan dominicanas como bailarinas, camareras y para la prostitución. Claro que ésta es la oferta, pero no siempre lo que encuentran las mujeres cuando llegan, y por lo general terminan involucradas en la prostitución. También hay ofertas de trabajo como domésticas, sobre todo desde España, Italia, y fue la forma en que vinieron a la Argentina en los últimos diez años. Pero en España ya están teniendo más posibilidades de inserción legal porque se estableció allí una comunidad dominicana que las ayuda y protege. Es la misma razón por la que no tenemos mujeres prostituyéndose en Estados Unidos o Puerto Rico: allí ellas llegan a las comunidades donde tienen amigos o parientes y encuentran trabajo en las fábricas, como domésticas, cuidando niños o ancianos, o como vendedoras”, indica Ferreira.
–En el caso de la Argentina, quedó involucrado el gobierno dominicano en el tráfico. ¿Esta extensión evidente de la corrupción al ámbito público se registró con otros casos en su país?
–Es el primer caso de este tipo que se denuncia en la República Dominicana. Pero no quiero decir que es el único que exista. Porque para que haya tráfico y redes tiene que haber necesariamente personas con cierto poder que facilitan la entrada y salida de mujeres y traficantes. Se han desmantelado por ejemplo redes de falsificadores de documentos generalmente constituidas por personas de la sociedad civil, pero a veces aparece un militar o un funcionario involucrado.
–¿Qué posibilidades tienen estas mujeres de volver a su país?
–El drama es bastante fuerte, porque muchas no saben cómo zafarse ni tienen los elementos para hacerlo. Están endeudadas y tienen que servirles a estas personas hasta que paguen sus deudas, y esto puede durar años. Además están ilegales y no pueden trabajar en otra cosa. Incluso para ejercer la prostitución en países como Holanda tienen problemas ahora, porque la prostitución es legal allí y en Austria. Otra cosa es que ellas no quieren volver con las manos vacías por temor a ser rechazadas, porque sus familias o hijos están esperando que lleguen con dólares para resolver sus problemas. Y si bien es cierto que países como el nuestro viven hasta cierto punto de las remesas que mandan los y las migrantes, y esto a veces hace que los gobiernos se retraigan en su accionar, también hay que decir que es un dinero que no se invierte en programas de desarrollo. Se gasta en la sobrevivencia de la gente y no se ve un cambio real en la problemática social y económica de esa comunidad. O sea que el sacrificio que hacen estas mujeres yéndose al extranjero no tiene mucho sentido. Es todo una gran trampa.
Estaba previsto que hubiera una importante delegación de mujeres nigerianas en el Foro, que lamentablemente nunca llegó. La voz de Africa, y en parte del mundo musulmán de este continente, estuvo representada aisladamente. Una de las panelistas que mostró cuán avanzada está la corrupción que afecta a las mujeres en estos países, debido al poder detentado casi exclusivamente por los hombres, fue la ugandesa Daisy Owmugasho. Algunos datos que, aun siendo imaginables, asombraron a las oyentes: si una pareja contrae matrimonio, la propiedad de la casa que habitan es del varón; las niñas no tienen derecho a educarse ni a heredar, sólo a formar una familia, y si bien las mujeres trabajan más que los hombres en todo el continente, las oportunidades laborales son muy limitadas para ellas y en peores condiciones que para los hombres. “La discriminación, opresión y sumisión al hombre que sufrimos las mujeres está originada en la corrupción de la sociedad –concluyó Owmugasho, enfundada en un típico y colorido vestido fucsia–. Nosotras sufrimos por los malos usos de la administración.”
El objetivo de las organizadoras es que el Foro se repita dentro de dos años, con otro país tomando la posta como sede. En parte por eso que –y en parte porque los diagnósticos suelen ser buenos pero, las dificultades aparecen cuando hay que pasar a la acción– Altschul explica los tres ejes programáticos que se propusieron al organizar este encuentro: compartir el relato de casos de corrupción en diferentes países y espacios; conformar una Red de Ciudadanas en Acción entre las presentes que empiece a trabajar por la defensa de los derechos humanos de las mujeres en ámbitos nacionales e internacionales; y la elaboración de estrategias para combatir la corrupción en los planos político, jurídico, y social-económico. “Existen herramientas internacionales, como la Convención Interamericana contra la Corrupción o la Convención contra el Soborno, que se ocupan de la corrupción. Nuestra propuesta es insertar en la agenda internacional, y en cuanto espacio aparezca, la perspectiva de género en estos temas.”

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Marielos Monzón, Ruth Pearson, Francisca Ferreira, Clara Szczaranski.
 
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