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Viernes, 2 de mayo de 2014

VIOLENCIAS

La vida de quién

Una chica de 13 años fue violada por su padrastro en Moreno. Su mamá hizo la denuncia, pero ni la Justicia ni la policía la acercaron a un hospital público para asistirla. Cuando confirmaron que estaba embarazada pidieron la realización de un aborto no punible. En el Hospital Mariano y Luciano de la Vega denunciaron el caso y sus autoridades alegan que el plazo está vencido para realizar la intervención y que la adolescente corre riesgo de vida. Sin embargo, ginecólogas y abogadas desmienten este peligro.

 Por Luciana Peker

“Quiero que se termine todo”, dice ella. Tiene 13 años y sabe lo que quiere. Y lo que no quiere. Ella no tiene nada que hacer en una sala de maternidad internada junto a las madres que reciben la llegada de sus bebés. Ella no quiere eso. Ni los dolores de panza de las contracciones que ya sufrió. Ni que le pregunten, como hicieron médicos del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, si tiene novio y si mantiene relaciones sexuales. Esas son preguntas que invaden su intimidad, un orden de deseos que no tiene por qué hacer públicos, bastante ya con tener que declarar por un delito en el que fue víctima. Pero le hablan como si no le creyeran, como si su palabra no fuera cierta, como si su decisión no fuera suficiente.

Su padrastro la violó. Ella se lo contó a su mamá –identificada como Susana para preservar la identidad de la niña– y ella asentó la denuncia un mes atrás. El acusado –Gustavo Gómez Benítez– está libre, y en la comisaría cambiaron la palabra violación por abuso, como si se pudiera aligerar la magnitud del dolor. La causa –que fue denunciada en Las Catonas y en Paso del Rey y quedó radicada en el Juzgado de Garantías Nº 3 de Moreno, a cargo de la fiscal María Celina Andohain– recién se empezó a mover cuando su caso se hizo público y la inacción estatal quedó al descubierto.

El sábado 26 de abril fue al hospital y el domingo 27 quedó internada por contracciones. Le dieron medicación para preservar la vida del feto. Guardaron, en un primer momento, la declaración jurada que convalida que fue violada –y que, por lo tanto, tiene derecho a un aborto no punible– y la interrogaron sobre su vida sexual. También alegaron objeción de conciencia (que puede ser individual, pero nunca institucional, ya que en el hospital tiene que encontrarse alguien dispuesto a realizar la intervención) y la directora asociada, Mariana Dunayevic, denunció a la madre por maniobras abortivas, en violación del secreto profesional, por lo que Susana fue llamada a declarar en menos de 24 horas. Recién después alegaron que si realizaban el aborto la niña corría peligro, ya que cursa la semana 23 de embarazo.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires emitió un comunicado que asusta: “Una niña de 13 años que ingresó con un embarazo de seis meses. Los médicos le hicieron una ecografía que arrojó como resultado un embarazo de 23 semanas de gestación y un peso de 600 gramos. La nena ya no estaba en condiciones de ser sometida a un aborto por lo avanzado del embarazo y las condiciones de salud. Esa práctica implica un alto riesgo de muerte para la paciente”. Sin embargo, la ginecóloga Stella Manzano refuta la amenaza del riesgo para la vida de la niña que pide por su derecho. “Esto era hace casi treinta años. Ahora el misoprostol volvió el aborto seguro. En menos de 12 horas, con las dosis apropiadas, se logra en más de un 95 por ciento de los casos el aborto en primer trimestre, y en mayor porcentaje en el segundo trimestre, en que el útero responde a dosis menores”. La médica no habla sólo con teoría. Ella misma realizó una intervención en un caso similar al de Moreno. “Yo he hecho abortos de 23 semanas, el primero fue en una niña violada por su padrastro, igual que en este caso, en que se demoró la resolución judicial, en Chubut. Fue pocos días después de la niña del caso FAL (que mereció un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a favor de la no judicialización de los casos de aborto no punibles). La Cámara Penal de Apelaciones nos dejó a los médicos la responsabilidad de decidir si aún correspondía y decidí realizarlo.”

Por otra parte, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires recomienda explícitamente que la niña continúe con el embarazo, se haga una cesárea y dé en adopción al hijo de su violación. Más allá de los cuestionamientos éticos y en relación con la autonomía de la adolescente, Manzano también puntualiza que la continuidad del embarazo es más riesgosa que su interrupción. “No se informa que el mayor riesgo para la vida y la salud de la niña es llegar al tercer trimestre, parto y/o puerperio. En Argentina, según el informe OMS del 2008, una mujer de cada 530 muere por causas vinculadas al embarazo. Hay un 30 por ciento (unas 100 mujeres al año) que mueren por complicaciones de aborto inseguro, el otro 70 por ciento muere por causas que en su mayoría aparecen luego de los seis meses de embarazo: hipertensión asociada al embarazo, pre-eclampsia, eclampsia, síndrome Hellp. Estas enfermedades se pueden tratar, pero no impedir. También están la diabetes gestacional, las hemorragias del tercer trimestre, la embolia de líquido amniótico, las hemorragias puerperales, desgarros uterinos. En cambio, por aborto hecho en condiciones seguras, el riesgo es de una mujer cada 200.000 abortos, en los países en que el aborto es legal. Finlandia refiere que no tuvo muertes en treinta años, desde que lo legalizó. Uruguay no lleva ninguna en este año. Nosotros ninguna en ninguno de los abortos no punibles que hemos realizado”, puntualizó Manzano. Mientras que Católicas por el Derecho a Decidir y el Comité de América latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem), entre otras organizaciones, también alertaron: “Deben ser considerados todos los riesgos que presenta un embarazo no deseado producto de una violación: depresión, intento de suicidio, suicidio, estigmatización, abandono”.

Por otra parte, el gobierno provincial adujo que por el tiempo de gestación ya no podía considerarse un aborto. En contra de este argumento, la abogada Natalia Gherardi, directora ejecutiva de Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), explica: “En el derecho argentino no se establecen plazos para la interrupción legal de embarazos en los casos contemplados por la ley. Por lo tanto, aun cuando otras normas, protocolos o directivas de organismos nacionales o extranjeros, pudieran pronunciarse en ese sentido, en ningún caso podrían implicar una reforma del Código Penal o una limitación del alcance del derecho que allí se contempla. En una publicación del año 2012, la Organización Mundial de la Salud dio recomendaciones muy específicas sobre la forma en que deben realizarse los abortos quirúrgicos y los abortos médicos para las distintas semanas de gestación. Entre estas recomendaciones se incluyen pautas de acción hasta las 24 semanas de gestación, dejando indicaciones también para plazos superiores a las 24 semanas. Por lo tanto, si bien es lamentable y condenable la oportunidad desperdiciada por el Estado que no habría ofrecido a la niña y su madre la posibilidad de decidir acceder a un aborto legal cuando se formalizó la denuncia de violación hace cuatro semanas, esto no es un obstáculo para poder cumplir con la ley vigente y garantizar el ejercicio de su derecho al aborto legal”.

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Organizaciones de mujeres reclamaron frente a la casa de La Provincia de Buenos Aires.
 
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