Una ley no libera las voces y, menos aún, emancipa de las cadenas que nos atan a la reproducción de la banalidad. Pero esta ley genera un espacio efectivamente democrático de comunicación. O sea: un espacio de disputa y de conflicto, de creación y de afirmación, respecto de cómo y cuándo se producen las intervenciones públicas. La ley postula que un tercio de las frecuencias pase a manos de grupos de la sociedad civil y abre la posibilidad de una comunicación menos regulada por la grilla de las conciencias mediáticas o por los intereses empresariales y más apegada a la propia producción de las experiencias comunitarias y políticas. Por eso, es una enorme posibilidad para el activismo social y para poner en la agenda pública valores, ideas y tonos ausentes en el sentido común. La ley es posibilidad e incentivo para que una realidad polifónica irrumpa en una escena mediática acostumbrada al monólogo.

* Integrante de Carta Abierta.