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Sábado, 6 de septiembre de 2008

SAN TELMO

Audiencia por Defensa

Como para tratar de entender por qué el gobierno porteño se empeña en hacer de la calle Defensa una peatonal desde la Plaza de Mayo hasta el Parque Lezama, la Comisión de Patrimonio de la Legislatura citó para este miércoles a las 16 al director general del Casco Histórico, Luis Grossman, y al director general de Proyectos Urbanísticos y Arquitectura, Miguel Ortemberg. Como se explicó el sábado pasado en m2, la idea despertó la cerrada oposición del barrio porque los vecinos la ven como perfectamente inútil, orientada al turismo –en la peor acepción de la frase– y corrosiva del aspecto patrimonial del barrio. Entre otras cosas, porque se levantarán adoquinados, cordones de piedra y veredas coloniales para repavimentar todo al mejor estilo international Florida Street, berreta y olvidable. Los vecinos agregan que se perderán líneas de colectivo y recuerdan a los funcionarios –o mejor dicho a Grossman, el único que se anima a ir a sus reuniones– que ellos viven allí y usan el barrio.

Entre otras preguntas que la comisión quiere realizar a los funcionarios del Ejecutivo resulta prominente la de la ilegalidad de la obra. Resulta que el gobierno porteño no puede andar levantando empedrados y peatonalizando calles así como así. Si los adoquines están en zona histórica, como en San Telmo, no se los puede sacar, y de hecho habría que reponerlos donde fueron retirados, según una ley específica. Y para peatonalizar algo hace falta una ley votada por la Legislatura. Simplemente, prohibir autos no es un poder del Ejecutivo sino del Legislativo. Como el gobierno ya está por hacer preadjudicaciones, el tema resulta urgente, porque preadjudicar y luego no poder adjudicar puede terminar en juicios al Estado, dinero fácil para la constructora.

Los vecinos de San Telmo, por su parte, le mandaron esta semana una nota al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y a su ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín. La nota, firmada por un quién es quién del barrio, pide la inmediata suspensión de la iniciativa y destaca la dudosa legalidad de un llamado a licitación.

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