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Sábado, 17 de julio de 2010

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El CAAP destruye de a cientos

 Por Sergio Kiernan

Se esperaba que fuera todavía peor, pero la cuenta es ésta: en lo que va del año, el CAAP lleva tratados 843 edificios, la mayoría sin el menor mandato legal, y autorizó la demolición de 708. Otros once ya estaban demolidos o casi totalmente destruidos al llegar al Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales. Y sólo 124 estaban tan perfectos que convencieron a los consejeros de proponer catalogarlos.

O sea, que en 2010 se firmaron más de setecientos permisos finales y definitivos de demolición. Y se enviaron algo más de cien edificios a la oficina que en algún momento preparará los expedientes para girarlos a la Legislatura para su tratamiento. Y allí se encontrarán, por ejemplo, con la Comisión de Planeamiento, cuyos miembros –y cuya directora– opinan que catalogar cien edificios es una extravagancia adolescente.

Las demoliciones ya están. Las catalogaciones se verán.

Día a día

El CAAP se reúne todos los martes a la tarde supuestamente para actuar bajo el mandato de la ley 3056. Esta ley le da alzada para filtrar cada pedido de demolición o de obra de remodelación de cualquier edificio anterior a 1941 en la ciudad de Buenos Aires. La idea era no dejar en manos del Ministerio de Desarrollo Urbano los permisos de demolición.

Pero resulta que el CAAP es un ente asesor justamente de ese ministerio, se reúne en oficinas de ese ministerio, y está presidido y sostenido por empleadas de ese ministerio. Y ese ministerio tuvo una idea genial para cooptarlo del todo y sacarse de encima toda traba a liberar demoliciones: cada edificio sobre el que se pide permiso de demolición es acompañado por toda la manzana. En nombre de la “eficiencia”, se permiten demoliciones por docena.

Curiosamente, la ley 3056 en ningún momento habla de manzanas enteras ni nada por el estilo, con lo que el procedimiento del CAAP es manifiestamente ilegal. Sus miembros son funcionarios públicos –hasta los que no lo son de carrera, por el solo hecho de participar en las reuniones y votar– con lo que se supone que tienen el deber básico de no romper la ley. Hasta el Código Penal habla de esto, bajo la figura de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Resultados

La idea con el CAAP era que se compilara una lista de edificios a catalogar, por lo que los legisladores incluyeron un mandato abierto de ubicar e identificar edificios a proteger. Lo que hicieron el ministro Daniel Chain y su secretario Héctor Lostri fue dar vuelta la idea y lograr una lista de edificios a demoler.

Esto vale millones. Chain y Lostri, sólo en nombre miembros del PRO, cumplen con su verdadera base, la industria de la construcción, aun a costa del partido y el gobierno. A Chain ni le importó que se amotinaran los vecinos con tal de llevar a cabo su sueño de peatonalizar la calle Defensa, con lo que cabe imaginar que mucho menos le importa quebrarse una ley para cumplir con sus verdaderos líderes. Si piantó tanto voto por su ego...

El extravío de los consejeros es notable. Hasta las funcionarias que representan el Ministerio de Cultura piensan más en el Código de Planeamiento Urbano que en la cultura. Si un edificio está sobre una avenida, se tendrá más en cuenta lo que se puede construir allí –bien alto– que los valores del edificio. Si una casa tiene una ventana cambiada, si un local no tiene el cerramiento original, el edificio será descartado con desprecio.

En el caso de Susana Mesquida y demás funcionarios de Desarrollo Urbano, esta actitud es obediencia debida. En el caso de las ONG es inexplicable. En el de las funcionarias de Cultura es simplemente una traición a toda noción de cultura.

La que se viene

La mayoría de las autorizaciones de demolición no tienen mandato ni sustento legal: el CAAP no tiene vela en ese entierro, porque la 3056 no autoriza que “desestimen” nada que no entre por ventanilla, con trámite de pedido de demolición. Por supuesto, Desarrollo Urbano dice que sí, pero vagamente cita reglamentaciones internas. Y las reglamentaciones internas no están a la altura de una ley, como podría explicarles cualquier asesor letrado.

Todo esto va a terminar donde siempre terminan los inventos de Chain, en un amparo o peor. Mientras, el ministro habrá cumplido con la industria de la construcción y los especuladores inmobiliarios, con sus funcionarios alineados y la secretaria de Patrimonio de Cultura firme a su lado, en el penoso papel de cómplice de la destrucción del patrimonio.

La ciudad va a perder cientos de edificios por culpa de estos personajes. Cientos.

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