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Sábado, 10 de septiembre de 2011

El gobierno se tragó un “sapito”

Un truco legal para evitar los amparos contra obras “para la foto” le salió mal al gobierno porteño y terminó en un fallo con consecuencias.

 Por Sergio Kiernan

Los atentos lectores recuerdan el Plan Sapitos del actual gobierno porteño, típica muestra de trabajo “para la foto”, con obras que no son, pero parecen. En este caso, se pretende buscar soluciones a la interface tránsito-ferrocarriles, una distorsión producida por décadas sin inversiones. Esta ciudad tiene una red ferroviaria trazada en la época del tranvía y el caballo, irradiando sin tocar la vieja Buenos Aires, lo que explica que no haya vías en el Centro. Pero todo se fue llenando y los autos se hicieron legión y dejaron en claro que las barreras no alcanzan.

Resulta que una de las cosas más rígidas de la historia argentina son los transportes: con la máquina del tiempo, la Buenos Aires de 1930 resultaría misteriosa en todo menos en los colectivos, que ya pasaban exactamente por donde pasan hoy. Por lo tanto, las barreras actuales son prácticamente las mismas del plan original, con agregados que representan un muy bajo porcentaje de expansión. Ciertamente hay que hacer algo al respecto, porque cada barrera ferroviaria es hoy un tapón que genera embotellamientos. Para que no haya tantos embotellamientos, hay menos trenes, con lo que el problema de moverse se agudiza: no se puede aumentar la frecuencia de servicios para no entorpecer el tránsito, con lo que hacen falta más colectivos y más autos para moverse.

Pero el macrismo es esencialmente cosmético y nunca pensó en soluciones reales porque eso da trabajo, toma tiempo y demora la foto del jefe inaugurando. El ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, preparó un plan convenientemente rápido, se diría electoral, para que Mauricio Macri pudiera cortar cintas. en lugar de túneles, soterramientos de vías y otras complejidades tan cansadoras. Se harían “túneles de bajo gálibo”, el feo tecnicismo para lo que en el barrio llamamos sapitos. Son esos tunelitos que permiten el paso de autos y nada más, de tan bajos que son, pero se hacen rápido.

Cuando se conoció el Plan Sapitos y se publicó el mapa, los vecinos se alzaron en armas. Chaín debería saber que con 17 años de vida autónoma, los porteños se acostumbraron a considerar este tipo de cosas como política, con lo que ya no quedan giles. Los sapitos son desviadores de tránsito que no solucionan el problema de base, apenas llenan de autos apurados calles tranquilas que nunca sufrieron este tipo de impactos. Por ejemplo, los proverbiales embotellamientos en la Avenida San Martín se podrían solucionar con una obra importante, un túnel de verdad. Pero poner sapitos en las laterales sólo permitirá que los coches –ni camiones, ni camionetas, ni colectivos, ni fletes siquiera– se escapen picando. Habrá embotellamiento y también ruido en las tranquilas laterales.

Como Chaín, que tiene una personalidad imperial, no escucha, los vecinos hicieron llover amparos contra las obras. La mayoría, una docena, fueron a los juzgados a cargo de Liberatori y Cataldo, que les hicieron lugar. Uno apenas, el del sapito de la calle Deheza, terminó en el escritorio del juez Zuleta, que no le hizo lugar. Fue entonces que algún “genio” municipal tuvo la idea de pedir que se unificaran todas las causas en el juzgado de Zuleta. La lógica era que si el juez había rechazado uno, rechazaría los demás.

Liberatori y Cataldo se negaron y con fuertes razones. Cuando se ve un panorama así, de causas conexas, emparentadas, se puede pedir la unificación, que recae en el juzgado que tenga más. En todo caso, dijeron los jueces, las causas se debían unificar en alguna de sus sedes y no en la de Zuleta, que tenía apenas una. La Procuración porteña apeló a la Cámara que, curiosamente, le dio la razón: todos los amparos pasaron al juez Zuleta.

Este favor de la Cámara al gobierno porteño no sirvió para nada. Evidentemente, nadie había leído los fundamentos con que el juez Zuleta rechazó el amparo por el sapito de la calle Deheza. El juez la rechazó por la debilidad de sus argumentos, que sólo citaban los ruidos molestos y el potencial daño a los vecinos en las inmediaciones de los futuros tunelitos. Pero los otros amparos tenían ideas mucho más solidas, provistas por la Defensoría del Pueblo porteño. En las resoluciones firmadas por Alicia Pierini y llevadas adelante por su adjunto Gerardo Gómez Coronado, la Defensoría señalaba que se violaba expresamente la Ley 2930 –el Plan Urbano Ambiental, que a veces sirve para algo– y la sección 6 del Código de Planeamiento.

¡Con lo que el juez Zuleta hizo lugar a los amparos! Si en la Procuración se hubieran molestado en leer el fallo por Deheza y hubieran pensado un poco en decisiones anteriores de este juez, no hubieran creado un bodrio judicial con la Cámara para llegar a este pobre resultado. El juez Zuleta atendió el amparo por el Quartier San Telmo y convocó a una audiencia con vecinos demandantes, funcionarios, la empresa y la Defensoría, donde dijo que el edificio le parecía un bodrio, que si él fuera vecino estaría furioso, pero que no encontraba base legal para frenarlo. Más clarito, con agua.

Ahora Chaín tiene un regio brete que resolver. Como los sapitos no solucionan el problema de fondo, el ministro tendrá que presentar un cronograma prometiendo eliminar las barreras existentes, o tendrá que transformar sus sapitos rápidos en túneles de verdad, donde puedan pasar colectivos (y fletes). Si bien es un amparo, de naturaleza provisoria, el fallo de Zuleta es de enorme importancia porque le pone límites a la costumbre del gobierno porteño de hacer lo que quiere por razones de “oportunidad, mérito y conveniencia”. Esto no es argumento para hacer cosas que van contra las leyes. Que este principio se aplica a las leyes sobre patrimonio es transparente y evidente.

Un golazo para los vecinos y para la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires.

Por la city

Este martes, la Comisión de Planeamiento de la Legislatura porteña verá, por segunda vez, el proyecto de ley que crea el Area de Protección Urbana de la city porteña. El asunto tiene ya primera lectura y fue votado una vez, pero, como todo lo que sea proteger el patrimonio de nuestra castigada ciudad, tiene que ser votado dos veces. Con lo que aquí vamos de nuevo.

El proyecto es de Patricio Di Stefano, diputado por el PRO y presidente de la Comisión de Patrimonio, y es parte de una movida suya para que Buenos Aires tenga una zona de protección patrimonial que vaya de Parque Lezama a Plaza San Martín. El paso por Planeamiento es de los finales para que este APH empiece a ser realidad, pero no va a faltar polémica. Resulta que el radical Campos tiene una disidencia en un tema técnico, ya que la idea es poner en la city una altura máxima de construcción –de acuerdo con el entorno– y Campos quiere mantener el uso del FOT. Ambos campos señalan que la idea del otro es la que permite construir más y más alto, lo que ocurre siempre que entra al ruedo ese bicho incomprensible llamado FOT. Es que todo el mundo sabe cuánto son, digamos, veinte metros, pero nadie sabe cuál sería el Factor de Ocupación de un Terreno con lote consolidado, perímetro libre y niveles de cochera y ascensor. Es tan misterioso que existe la profesión de interpretador de estas cosas.

El problema es que el diputado Campos suele frenar cosas importantes por cuestiones como éstas. Ahí anda penando la ley que permitiría a los dueños de edificios patrimoniales vender su “aire”, los metros que nunca construirán por la catalogación. Esto es de enorme importancia porque levanta el argumento del “daño económico” que menea la piqueta. Pues Campos lo demora porque quiere un impuesto a ese nuevo objeto. Tal vez debería pensar que para cobrar el impuesto al sello no hace falta demorar la invención del sello, sino pasar más tarde otra ley tasándolo.

En fin, que la city tenga su ley de una vez para que se acabe el negoción de hacer torres ahí.

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