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Sábado, 9 de febrero de 2013

El pozo tapado

La incompetencia del gobierno porteño lo forzó a abandonar la estación de subte en Recoleta, un caso fotografiable de imprevisión. El amparo por la casa de Podestá muestra a quién defiende el macrismo y un memo de un funcionario menor da la punta de una interna.

 Por Sergio Kiernan

Uno de los grandes temas de filosofía aplicada es aquel que se pregunta dónde acaba la incompetencia y dónde arranca la mala fe en la gestión macrista. La pregunta es relevante para intentar entender la errática conducta del gobierno porteño, su costumbre de tropezar siempre con la misma piedra y su sorpresa ante la protesta general ante las “mejoras” que quiere regalarles a los vecinos. Un elemento es clarísimo: ni a Mauricio Macri ni a sus funcionarios políticos les importa realmente gobernar Buenos Aires sino llegar a la presidencia. Esto se nota en que las prioridades son cosméticas, para la foto, con una verdadera alergia al aburrido trabajo de mantenimiento que hace a la gestión municipal.

Sin embargo, este elemento no alcanza para explicar las idas y venidas en nuestro municipio, con lo que hay que sumar el religioso cuidado de Macri hacia “su” industria, la construcción especulativa del tipo hagamos cualquier cosa que no hay mañana. Y esto no es un tema de corrupción, es un tema de riñón, de centro, de solidaridad entre empresarios del mismo rubro.

Pero ni así alcanza para explicar la falta de política, las obras que despiertan motines barriales en lugar de ganar votos, los amparos de ONG, la ínfima calidad de lo que construyen. Hay un aspecto en que la única razón suficiente es la incompetencia. Quien quiera ver un ejemplo enorme, simbólico, físicamente masivo, puede acercarse a la plaza Intendente Alvear, donde encontrará grandes camiones llevando tierra y una pala mecánica aplanando el pozo que iba a ser la estación Plaza Francia del subte H. El gobierno porteño se rindió, desistió de hacer la estación en ese espacio protegido como monumento nacional y ahora cavila dónde ponerla.

El titular de Sbase, la empresa estatal que maneja el subterráneo, acusa a Basta de Demoler de haberle “hecho perder” 50 millones de pesos con el amparo que detuvo las obras. El funcionario no es un intelecto enorme, con lo que tal vez no comprenda cabalmente que si se perdió semejante dinero fue por insistir en hacer una obra fuera de la ley. La Legislatura que aprobó el plan de obras votó que la estación Plaza Francia estuviera –vaya originalidad– en la Plaza Francia. Sbase decidió un buen día que era más fácil evitar un gran caño bajo Pueyrredón y hacer la excavación y las obras en la Intendente Alvear. El funcionario a cargo hasta intentó explicarle al juez del amparo que “era lo mismo” porque “todo el mundo le dice Plaza Francia a la Intendente Alvear”. La cara del juez resultó inolvidable...

O sea que la pérdida de dinero se debe, directamente, a la creatividad ingenieril del PRO en funciones. Ahora hay que ver dónde habrá estación en la zona, si al pie de la Facultad de Derecho, como se hablaba el año pasado, si frente al Palais de Glace, en la plaza que ordena la ley, o en ninguna parte. Y también queda la pregunta de qué van a hacer con el desastre causado por la obra frustrada en el paisaje diseñado por Charles Thays. ¿Será restaurado? ¿O quedará a cargo de la creatividad del paisajista Santilli, ministro de Espacios Públicos? Sbase se limitó a decir en un comunicado que le encargaron el tema al paisajista Eduardo Ottaviani, que antes de fin de mes debe presentar un anteproyecto. El problema es que la empresa de subtes dice que su encargo es “que conserve la armonía del conjunto y entorno” y también que “evalúe realizar mejoras”. Ojalá que no, que no realicen “mejoras”.

Podestá

Si el cargo de que el macrismo en el poder defiende los intereses de las constructoras suena exagerado o crispado, la discusión por la protección de la vieja casona del obispo Podestá puede servir de ejemplo claro. La casona italianizante es vieja de más de un siglo y una joyita escondida en el sentido literal. Fue casco de una quinta o chacra sobre un camino que luego fue la avenida Gaona y el sucesivo loteo de su parque la dejó oculta en el pulmón de manzana. De hecho, parece una miniatura, porque lo único que se ve de afuera es un portón de reja que da a un pasillo larguísimo.

La casa, por vieja, bien preservada y usada por un defensor señero de los derechos humanos, fue declarada patrimonio porteño con el muy raro grado de protección estructural. Esta figura no sólo la protege de cualquier cambio, sino que limita severamente cualquier obra en su entorno. Pues bien, la ciudad autorizó a la firma Summa a demoler y construir en una vieja propiedad que tiene medianeras con la casa de Podestá, algo explícitamente controlado por el grado estructural. Un amparo detuvo la obra en la etapa de demolición.

La constructora podría –acaso debería– haber accionado contra la Ciudad por haberle dado un permiso de obra ilegítimo, que no tiene validez. Pero prefirió apelar el amparo, con lo que el juzgado pidió un peritaje. Este lunes, 4 de febrero, se debería haber realizado el acto a la mañana, pero no concurrió nadie del juzgado y cuando los abogados de las partes se encontraron en el lugar se desayunaron con que el perito oficial de la Ciudad había llegado media hora antes, había hecho unas anotaciones y se iba afirmando que haría su escrito en su casa... Hasta los abogados de la Ciudad protestaron ante semejante disparate.

En el caso de la primera sede de la parroquia de la calle Mansilla, otro edificio catalogado que la ciudad permitió demoler y fue salvado por un amparo, la protección a los empresarios fue todavía más explícita. Una audiencia de conciliación se realizó en el Ministerio de Desa-rrollo Urbano y tuvo como protagonista a la funcionaria Susana Mesquida, del CAAP y supuesta defensora del patrimonio, tratando de convencer a los vecinos de aceptar la propuesta de los inmobiliarios. Que se limita a un museo en la planta baja de la torre a construir sobre los escombros del edificio.

Filosofías

Este relato da una impresión de coherencia que no responde a la realidad del macrismo porteño, que tiene contradicciones –más incompetencia– o simplemente internas, como la que parece que le quiere armar el ministro de Cultura, Hernán Lombardi, a su colega de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín. A mediados de enero, un funcionario de bajo rango le envió al director general técnico, administrativo y legal de Cultura, Alejandro Capato, un memo que contiene una verdadera bomba de tiempo contra Chaín, su secretario Héctor Lostri y otros funcionarios. La historia es pequeña, pero los escándalos, como los árboles, crecen de semillas.

El funcionario autor del memo es Ricardo Pinal, el ex tercer candidato suplente a comunero –perdidoso– que fue elegido a dedo para hacerse cargo de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural porteño. Esta entidad, mixta de la Legislatura y Cultura, es un histórico sello de goma desconocido para el público hasta que la tomó Mónica Capano, una kirchnerista que descubrió que así tenía un asiento en el Consejo Asesor en Asunto Patrimoniales. Este CAAP decide el destino de los edificios anteriores a 1941 y tiene el sí fácil hacia los demoledores, con lo que Capano comenzó una sistemática campaña de denuncia de manejos, permisos y ocultamientos.

Para sacársela de encima, el PRO puso al poco sutil Cristian Ritondo, que quebró la tradición de que la Comisión tuviera un titular de la oposición y puso el proyecto sobre tablas, sin aviso. El golpe funcionó y el 12 de julio el ex tercer suplente se hizo cargo de la entidad, por la que apareció por primera vez recién en agosto. Pinal, tal vez por orden superior, comenzó a hacerle la vida imposible a todo el personal contratado por Capano, llegando al extremo de darlos por despedidos sin telegrama. La diputada Susana Rinaldi hizo un pedido de informes, que Pinal tuvo que responder vía Capato. Y allí aparece la bomba.

Sucede que la ex titular Capano no iba en persona a todas las sesiones del CAAP y enviaba a tres delegados en su nombre. Pero Pinal acusa por escrito, con su firma y con membrete porteño que no aparece, “el registro de designaciones de representantes ante el CAAP”. Esto, formalmente, es una acusación contra Capano, pero las repercusiones superan por mucho este nivel: si los enviados por la Comisión al CAAP no tenían mandato, sus votos no fueron válidos y las actas que permitieron demoler cientos de edificios no tienen entidad legal, son impugnables.

Pinal depende directamente del ministro Lombardi y el CAAP del ministro Chaín, con lo que se sabe cuál es el submarino que manda el misil y cuál es el objetivo a volar. Sería un espectacular caso penal si esto fuera cierto, con lo que es difícil aceptar que un funcionario menor y de tan poco peso político propio como Pinal actúe solito poniendo semejante cosa por escrito. Otro misterio a resolver en el futuro.

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