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Aunque parezca mentira, el gobierno de Mauricio Macri sí posee algunos funcionarios notables por su astucia, si no por su inteligencia. Un caso es el de su director general de Interpretación Urbanística y Registro, arquitecto Antonio Ledesma, un verdadero creativo a la hora de interpretar lo urbanístico a favor de la industria inmobiliaria especulativa. Este mes, el Boletín Oficial publicó dos disposiciones de Ledesma que autorizan obras con argumentos preocupantes para el público y –deberían serlo– para el funcionario, que francamente firma todo.

El primer caso es del viejo asilo de Sánchez de Bustamante 2351, cerquita de Pacheco de Melo, un rincón de la ciudad justo atrás del Hospital Rivadavia, que sufrió una especie de ataque colectivo de los especuladores. Casi simultáneamente se vendió y se demolió la esquina francesa de planta baja con local –una linda casa de té– y primer piso, con la increíble autorización del increíble Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, que “desestimó” un edificio de época intacto. Como previó un vecino en una pintadita anónima sobre el cartel de obra, se iba a construir “otra caja de zapatos” sin talento y sin el menor amague de arquitectura.

Mientras ocurría esto, el asilo iba siendo demolido de adentro para afuera, sin permiso de ningún tipo. Los vecinos protestaron airadamente ante esta obvia ilegalidad, pero lo único que lograron –ayudados por la Defensoría del Pueblo y por Basta de Demoler– fue que un par de tímidos inspectores fueran al lugar. Lo de tímidos va porque el cuidador no los dejó entrar y se retiraron sin “comprobar” el ilícito, cosa que este suplemento y cualquier hijo de vecino pudo hacer mirando por las ventanas abiertas.

Nada de esto le importó al arquitecto Ledesma, que emitió una disposición donde cita interminables parrafadas técnicas sobre ocupación del terreno, “esquemas compensatorios de volúmenes”, retiros, pulmones de manzana y otras cosas seguramente aplicables a un lote vacío. Pero sobre la demolición en sí se escuda en una resolución de su jefe Héctor Lostri, secretario de Planeamiento Urbano, que en 2010 se tomó otra vez la libertad de sacar por mano propia al asilo del catálogo preventivo, hábito que debería ser de interés penal. Los fundamentos eran que el edificio estaba muy deteriorado, con “corrosión” en sus hierros y humedades.

Así cubierto, Ledesma procede a “considerar factible desde el punto de vista urbanístico y en un todo de acuerdo en los considerandos” a la futura torrezota a erigir en el terreno de 1600 metros cuadrados.

Otro caso en el que impunemente se demolió sin permiso, se dejó caer las ruinas y se obtuvo un blanqueo. Ni siquiera hubo una multita.

En Floresta también

Los atentos vecinos de Floresta, por su parte, no salen de su asombro con la creatividad desatada del gobierno porteño. Nuevamente, es el arquitecto Ledesma quien termina firmando cosas preocupantes para la ciudad y también para él. En este caso, es la disposición 358/DGIUR/13, publicada en el Boletín Oficial de este lunes, que trata sobre el triste destino de la hermosa casa de la foto, que agraciaba la esquina de San Nicolás y Bacacay. Legalmente, el papel firmado por Ledesma trata del expediente 1.966.547 iniciado el año pasado, que pide saber si es posible instalar una perfumería y una farmacia en el horrendo local que reemplazó esta quinta de primera agua. Según el expediente, son locales por un total de 122 metros cuadrados en San Nicolás 218. ¿Por qué tanta pregunta? Porque la esquina está en plena Area de Protección Histórica, con lo que las actividades permitidas tienen límites.

Según informa la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano (parece que existe tal cosa, aunque no se note para nada) en su dictamen 4429, se puede poner ese tipo de comercio si es menor a 200 metros de superficie. El dictamen continúa hablando de la “obra nueva” en el lugar, con foto y todo, y hasta cita un Informe de Verificación Especial que se habría realizado en el lugar.

Es entonces en que el dictamen se pone interesante, porque pasa a citar la intervención de algo llamado Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos, categoría que ahora parece incluir farmacias de esquina. La pregunta que se le hace a esta entidad es clave: “determinar si el inmueble puede considerarse preexistente para la localización del rubro Farmacia”. Resulta que la ley de APH dice que se puede instalar una farmacia, de hasta 200 metros, pero solamente si ya había un local en el lugar. Lo que no se puede hacer es justamente construir un local nuevo.

Grandes Proyectos Urbanos contesta haciendo un largo y farragoso resumen de la legislación sobre farmacias, pero va al tema en el punto b, que dice que “de la observación del Plano de Obra Nueva adjunto a fs. 42 surge que fue registrado bajo Expediente Nº 75.284/2006 y con fecha 30 de Junio de 2011, para el edificio en cuestión”. Esto se refiere al nuevo local. Y con este argumento incomprensible, GPU llega a la conclusión que “en este caso particular, sería posible la localización del uso Comercio Minorista de Artículos de Perfumería y tocador”, pero no la farmacia, simplemente porque ni San Nicolás ni Bacacay son avenidas.

Los colegas de Supervisión Patrimonio Urbano, pasivamente, concurren y recomiendan permitir la perfumería y prohibir la farmacia. Ahí es donde Ledesma, con pompa pública, dispone “Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso Comercio Minorista de Artículos de Perfumería y tocador para el inmueble sito en la calle San Nicolás Nº 218” y “Deniégase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la localización del uso Comercio Minorista: Farmacia”, que es lo mismo pero a la Luis 14.

Pero resulta que Ledesma no puede decir que el Estado es él y su disposición termina siendo analizada por los minuciosos miembros de Salvar Floresta, una ONG que vigila su barrio y su APH con un estilo ejemplar. Lo primero que señalan estos vecinos es que la dirección San Nicolás 210 no tiene existencia legal, ya que el lote está registrado como Bacacay 3601 (sección 77 | manzana 116 | parcela 021C). Esto puede sonar a tontera, pero lo que sigue no: como indican las fotos, en esa esquina nunca hubo un local. Quienes construyeron los nuevos locales destruyeron una de esas magníficas quintas que alguna vez fueron comunes en Buenos Aires.

Esto es tan específico que hasta existe una actuación de la Defensoría del Pueblo del 14 de noviembre de 2011. En esa fecha, el ombudsman adjunto Gerardo Gómez Coronado pidió a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro que informara si había una solicitud de obra para la casa antigua. DGROC se tomó cinco meses para contestar, el 19 de abril de 2012, que efectivamente había un pedido del 30 de junio de 2011 para construir nueve locales cuya habilitación se podrá hacer sólo en los términos de la ley que creó el APH. Gómez Coronado, nada satisfecho, le vuelve a escribir al director general, Guillermo García Fahler, para saber si hay un expediente de demolición y para que le remita los planos autorizados. La respuesta llega el 23 de octubre, diciendo que no, que no hay expediente alguno.

Ahora bien, resulta que los vecinos saben más que el gobierno municipal sobre qué está pasando en Floresta, zona vandalizada por los outlets, y adjuntan a su denuncia un barrido de fotos. En la de 2007 se ve la casa intacta, preciosa. En 2008 se la ve desaparecer gradualmente, los techos primeros, y en la de 2009 se ve un lote vacío, lo que se confirma por una foto aérea tomada por el mismo gobierno porteño. A todo esto, finalmente sí aparece un expediente sobre el terreno, que curiosamente tiene fecha del 2006 y es para construir locales del rubro textil.

En resumen, dice Salvar Floresta, la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos no hizo ni remotamente bien en autorizar “en este caso particular” la apertura de nada pero nada en esa esquina donde nunca existieron locales. Es más, la autorización de 2006 era para textiles, no farmacias o perfumerías, y todo debería haberse reinterpretado a partir de la APH. Pero con este gobierno, el ladrillaje siempre tiene la razón.

Sin tono

Como si les proveyera el servicio la vieja Entel, el Ministerio de Desarrollo Urbano sigue sin Internet. Según se rumorea, porque nadie explica, la página fue hackeada en marzo y desde entonces no funciona, con lo que no hay manera de saber en qué andan el notable Daniel Chaín y sus adláteres, lo que es siempre preocupante. Nadie parece muy preocupado por el tema, ni apurado por resolverlo, porque es una bella excusa para no subir la información del Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, entre otras molestas de la publicidad de los actos de gobierno. La Defensoría General –la penal– ya está estudiando el caso.

¿Van por La Paz?

Los mozos del muy tradicional bar de la calle Corrientes, verdadera base de la intelligentsia porteña, andan preocupados por el rumor: la tentadora esquina de Montevideo recibe cada vez más ofertas para la venta-demolición-construcción de torrezota. La Paz es un Bar Notable de la ciudad, pero la comisión específica apenas respira y raramente sirve para algo, con lo que son los vecinos movilizados los que salvan otros notables como el Británico o el Gato Negro. Habrá que estar de ojo, entonces.

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