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Sábado, 27 de abril de 2013

La batalla de la Guadalupe

La congregación del Verbo Divino quiere hacer una torre en la calle Mansilla. El secretario Lostri le encuentra “valor social” y la autoriza. En un amparo brillante, se exhibe la ilegalidad de esa lógica.

 Por Sergio Kiernan

En la zona de Palermo que una vez fue Barrio Norte y luego se ganó el nombre de Villa Freud, alguien cometió hace poco más de un siglo un ejercicio de urbanismo francés. La placita Güemes apareció ovalada y generando un coqueto juego de diagonales y esquinas desiguales, agudas o romas, cosa de quebrar la cansadora grilla española. Hoy complicada por el intenso tránsito, esta traza sigue funcionando bien los domingos tranquilos, en los que uno puede demorarse viendo el boulevard, con su colegio de techos negros, y eso que está tapado de una exageración de monumentos, fuente, estrado y pérgolas.

Una de las calles que se fugan en diagonal es Mansilla, que nace ahí mismo en el 3800 y forma uno de los lados de una manzana irregular. La manzana pertenece a la congregación del Verbo Divino, provincia argentina sur, y está ocupada por la bella iglesia de Guadalupe, que aprovecha una de las anchas esquinas de ángulo raro como atrio. Desde hace un año y medio, esta manzana es el objetivo de una batalla legal entre vecinos, congregación y gobierno porteño sobre la demolición de un edificio histórico. Los argumentos legales de los amparistas y de la Defensoría General pusieron una fuerte luz sobre los poderes extraordinarios que se arroga Héctor Lostri, secretario de Planeamiento del Ministerio de Desarrollo Urbano.

Todo empieza en agosto de 2011, cuando el cura Mario Keiner, apoderado de la congregación, se presenta ante el gobierno porteño para pedir permiso para demoler el viejo edificio sobre Mansilla 3845. El religioso adjunta los planos de un edificio de diez pisos que incluye un jardín de infantes privado –en rigor, una ampliación del colegio igualmente privado que toma la mayoría de la manzana– más oficinas y alojamientos de religiosos, por un total de casi 2500 metros cuadrados.

El problema de Keiner es que todo el conjunto de iglesia, colegio, patio y otros edificios está en el catálogo preventivo, con lo que no puede ir por ventanilla y listo. De hecho, el Area Técnica de patrimonio le rebota el proyecto y le indica que lo “reformule” para adecuarlo a las normas. El 10 de noviembre, el cura vuelve a la carga: tal vez mejor informado, directamente pide una “reconsideración”, pero no presenta un proyecto nuevo. Todavía mejor asesorado, Keiner retoma el tema el 17 de enero de 2012, presentando un nuevo proyecto. El secretario Lostri pide un parecer a la Dirección General de Interpretación Urbanística y Registro, su subordinada, que le contesta simplemente que “en lo que respecta al tratamiento de fachadas y al contexto patrimonial” la decisión es del secretario.

No hay problema, porque a Lostri le gusta lo que ve. El nuevo proyecto es de un modernismo irritante que contradice todo el carácter de la manzana, muy del siglo XIX, pero al menos se “retira” de sus vecinas y le abre un hueco atrás a la iglesia, además de fingir un basamento de similar altura al del colegio lindero y acomodar parecido las ventanas. A Lostri no le molesta que la altura del proyecto nuevo sea desmesurada para la cuadra y la manzana, y concluye que “no existirían inconvenientes”. Y luego se desboca con una frase en la que los abogados se fijarían con lupa: “el gran interés social que reviste el proyecto presentado resulta por demás superior para el barrio de Palermo y para la ciudad que el valor patrimonial que posee el inmueble”. Donde se descubre que un jardín de infantes privado y pago, más hotelería religiosa, tienen valor social...

De su puño y letra, Lostri vuelve a arrogarse el “déjase sin efecto” la existencia del edificio de Mansilla dentro del catálogo preventivo, un poder que no tiene ni tuvo jamás, pero que le gusta ejercer y es tan rentable para tantos.

Defensoría

Como siempre, nada de esto se supo hasta que empezaron las obras, porque Lostri y el macrismo hablarán mucho de intereses sociales, pero nunca les dan vela a los vecinos, a los que forman lo social. El 3 de octubre del año pasado, se presenta la señora María Campoy en la Unidad Especial Temática de Patrimonio Histórico Urbano de la Defensoría General para pedir ayuda y detener la demolición del edificio en Mansilla. La Unidad, por entonces bajo el mando de Andrés Gallardo, toma el tema y emite una resolución apoyando a la señora Campoy que tiene párrafos de gran brillo.

El documento, firmado por José Iglesias, hace la historia de la congregación en Palermo y de la parroquia de Guadalupe, cosa de subrayar el valor patrimonial e histórico del conjunto. Pero la cosa se pone jugosa cuando van al centro de todo este negocio, el poder que se arroga Lostri para sacar edificios del catálogo preventivo. Para la Defensoría General, es un acto administrativo “viciado de nulidad absoluta” por no cumplir con una lista de requisitos legales.

Para empezar, que la Secretaría de Planeamiento “carecía de competencia para disponer por sí la descatalogación y aprovar (sic) una demolición y obra nueva”. Sucede, razona el equipo jurídico de la Defensoría General, que el “artículo 10.1.4 del Código de Planeamiento Urbano dispone que la consulta a la Secretaría es al solo efecto del tratamiento de fachadas y al contexto patrimonial”. Como cae de peso propio, autorizar una demolición “excede la facultad normativa local de pronunciarse sobre su tratamiento”, porque cuando se destruye un edificio no hay tratamiento posible.

La Defensoría General avanza todavía más al avisar que el proceso de descatalogación también alcanza a los edificios del catálogo preventivo. Según el artículo 10.3.4, el tema tiene que pasar por el Consejo Asesor en Asuntos Patrimoniales, que gobierna el mismo Lostri, paso que nadie se molestó en dar. Lostri tampoco consultó con el Legislativo, con lo que “en suma, en la especie el órgano de aplicación ha actuado sin competencia propia y omitiendo la participación de órganos relevantes que participan previamente a la decisión final”. Este razonamiento es seminal, porque Lostri acumula decenas de excepciones como éstas, un verdadero prontuario que algún día –cuando no goce de tanta protección política– puede permitir un proceso penal.

Mientras llegue ese día, la Defensoría se presenta como patrocinante de la vecina Campoy, ahora junto al vecino Ricardo Castañeda, en un amparo presentado en enero de este año para frenar la demolición. La Justicia porteña concede la cautelar, pero no antes de que los contratistas del padre Keiner se carguen de mala manera todo el interior del edificio, del que queda apenas la fachada y alguna parte de la estructura.

La Ciudad, a todo esto, contestó la demanda con un escrito francamente violento de su apoderada Silvina del Huerto Aquino. Seguramente escrito por el abogado Fernando Conti, el texto dice que “NO ES CIERTO”, todo en mayúsculas, una larga serie de elementos de la demanda de los dos vecinos. Para Del Huerto Aquino, el edificio no es histórico, no hace al patrimonio de la zona, no forma conjunto con el resto de los predios de la Guadalupe y el gobierno porteño no incumplió ninguna norma. De hecho, la apoderada se permite afirmar que Lostri tiene todo el derecho de permitir demoliciones, aunque en ningún momento cita la existencia de la lista preventiva, y hasta se concentra largamente en intentar convencer a los jueces de que hacer amparos por decisiones administrativas es “improcedente”.

La Justicia no le prestó mucha atención a todo esto y procedió a conceder la cautelar, ya apelada. El gobierno porteño va a gastar recursos legales, tiempo y dinero, en favorecer a su industria mimada, la que demuele y especula, con la coherencia de siempre.

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