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Sábado, 8 de junio de 2013

Rebelión en Goya

En diciembre del año pasado, el Senado hizo algo realmente novedoso, crear por ley nacional un área histórica urbana. La bella ciudad de Goya, en Corrientes, era el centro de la movida, nacida de un proyecto de ley de Nito Artaza y José María Roldán, con entusiasta apoyo de figuras culturales correntinas y un claro guiño de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La ley fue aprobada por unanimidad, algo más que raro hoy en día, y todo indicaba que de inmediato pasaría a Diputados para su aprobación. El presidente de la Cámara, Julián Domínguez, anunció su apoyo explícito al proyecto y hasta auguró otro voto unánime. Como se sabe, el proyecto nunca se votó.

El diputado Fabián Ríos y el entonces jefe del bloque oficialista Agustín Rossi frenaron el tema, con el segundo afirmando que sólo salía del cajón si se lo pedía la Presidenta. Esta no se lo pidió, que se sepa, pero sí lo sacó del Congreso y le encargó Defensa en su gabinete, con lo que la ecuación en Diputados cambió y mucho. El proyecto sigue en el cajón y el intendente de Goya, el radical macrista Osella, aprovecha para dejar demoler edificios históricos. Estos serán reemplazados por edificios en altura de la mediocridad de diseño ya habitual, que para peor romperán la escala para siempre. La situación es tan complaciente que hasta hay obras clandestinas y secretas, frenadas por la movilización de grupos como Proyecto Goya.

Este nivel de movilización combinado con especulación es muy inestable y genera problemas políticos casi de inmediato. Es lo que acaba de pasar con la “rebelión” de los concejales kirchneristas de Goya, que emitieron un comunicado apoyando la protección de su ciudad. Y lo hicieron en términos muy claros: “Nosotros estamos alineados con el apoyo de la Presidenta y de Julián Domínguez a este proyecto de ley: los que no están alineados, y deberían dar explicaciones, son ellos”.

Los diputados rebeldes tienen como referente al candidato a gobernador de Corrientes, Carlos “Camau” Espínola. Otros concejales se ofrecieron a firmar también, pero entonces empezaron a sonar los celulares y todos los que responden al diputado Ríos tuvieron que frenarse. Hasta se dio el caso de una concejal que retiró su firma después del llamado. Otro, Máximo Errecalte, había prometido firmar pero cuando le acercaron el texto se disculpó “por las órdenes que recibí”.

Los concejales también organizaron una reunión para redactar una ordenanza que levante un truquito del intendente Osella. Resulta que Goya tiene una comisión de patrimonio municipal a la que entraron, después de largas peleas, dos representantes de Proyecto Goya. El intendente congeló la comisión, que no se reúne desde hace muchos meses, y hasta se permitió una chicana en el propio portal de la Municipalidad: una declaración de una de sus concejalas diciendo que si Proyecto Goya no renuncia a su acción de amparo por el patrimonio, la comisión no se reúne más.

Los concejales rebeldes del FpV son Ariel Pereira, Pablo Monzón y Miguel Molina, que comunicaron por escrito que “nos desolidarizamos de todo intento de ‘cajoneo’ de un texto vital para preservar nuestro patrimonio nacional, el carácter de la ciudad de Goya y un enorme potencial turístico en Corrientes capaz de crear empleos genuinos para todos”. Y luego agregan que “no podemos ceder a las presiones de una Corporación de Constructoras que defiende en Goya la especulación inmobiliaria de un puñado de personas, contra el interés general”.

La entrada de Camau Espínola a este debate no fue el único cambio. Hasta la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos mandó una carta a Julián Domínguez firmada por su propio presidente en ejercicio, Alberto Petrina, que dice que “tenemos el honor de dirigirnos a Ud. a fin de manifestarle el apoyo expreso de esta Comisión a las propuestas y/o acciones destinadas a la protección patrimonial de un área urbana de valor histórico arquitectónico en la ciudad de Goya”. La Comisión envió una segunda carta a Goya, dirigida a la presidenta en ejercicio del Concejo Deliberante, que cerraba la puerta a otra chicana. Resulta que el ente nacional había propuesto declarar lugar histórico al casco central de Goya ya en julio de 2011, pero el Concejo Deliberante le pidió “consejo” ante la crisis actual. A esta manera de ganar tiempo para que lleguen a demoler las casonas ya compradas, la Comisión respondió con un “esta Comisión ya ha intervenido en el tema en cuestión, efectuando un estudio patrimonial pormenorizado a cargo de la asesora arquitecta Laura Weber, cuyas consideraciones son conocidas”. Esto es, que sí se cree un lugar histórico protegido y sin demoliciones.

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