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Sábado, 11 de julio de 2009

Un amparo en Salta

En Salta todavía están impresionados por el ejemplar y muy duro fallo de una jueza local, Stella Maris Pucci de Cornejo, que frenó en seco cualquier intento de “modificación, construcción, demolición o intervención arquitectónica o edilicia” en las dos casonas históricas de La Florida 62 y 86. La juez intimó a los propietarios por escrito y dispuso que un policía vigilara los dos edificios para asegurarse de que nadie se hiciera el vivo, cosa muy común, como sabemos los porteños.

Las casonas fueron viviendas particulares en pleno centro de la capital salteña, y son muy bien conocidas de los vecinos porque forman parte de un conjunto de edificios municipales de acceso público. El gobierno de la ciudad tiene varios viejos edificios interconectados como oficinas y dependencias públicas. Pero resulta que el diario El Tribuno averiguó que las dos casas en cuestión fueron cambiadas por un terreno en la entrada de la ciudad en 2006. Es más, el negocio fue cambiar el terreno por varias propiedades municipales, de modo que un señor Roque Lozano, ahora intimado, pueda hacer sus negocios inmobiliarios. Todo indica que la municipalidad local ahora le alquila a Lozano lo que supo ser suyo.

Salta tuvo uno de los grandes patrimonios de este país y era una maravilla encontrar, en el centro viejo, un espacio urbano todavía colonial. Casi todo fue destruido para construir departamentos de ínfima calidad o supermercados de esos de parabólico... Y eso que hay una ley de patrimonio, que nadie respetaba. Justamente, la diputada local Virginia Cornejo presentó el amparo pidiendo que no se dejara ni tocar las casonas hasta que se cumpliera la ley provincial 7418 de preservación del patrimonio y se pronunciaran las comisiones de preservación de la provincia y de la ciudad. La primera comisión existe desde fines de 2006 y es definida como autoridad de aplicación en lo que hace a patrimonio, pero nunca, jamás, aplicó sus amplios poderes legales: no catalogaron ni siquiera un edificio. La comisión urbana ni siquiera está en funciones, pese a que fue decretada en agosto de 1985, con lo que no hay quién tenga autoridad sobre los varios edificios protegidos por ordenanza local. La diputada Cornejo cita la incompetencia evidente de la comisión provincial y la inexistencia de la municipal para explicar por qué tiene que intervenir la Justicia.

Roque Lozano presentó un proyecto de remodelación y ampliación de los edificios el 26 de mayo, prometiendo preservar sólo las fachadas. Al día siguiente, nada menos que 19 ONG formaron la Comisión Permanente en Defensa de Salta, para frenar al empresario.

Aquí, en Buenos Aires, todo empezó muy parecido, con una obra que colmó el vaso y un grupo que se les plantó a los especuladores. La mejor de las suertes a los salteños.

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