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Más de cuatro años les llevó a cientos de músicos consensuar los siete principales puntos de una posible futura Ley Nacional de la Música, una iniciativa que intenta resolver las situaciones de crisis tecnológicas, económicas, edilicias, presupuestables y de concentración metropolitana.

1. Creación del Instituto Nacional de la Música, con representantes de cada provincia, autores, compositores, intérpretes y productores, entidades educativas, sindicales, productivas y de música en vivo, para que regule, organice y facilite la producción musical.

2. Que el 50 por ciento de los beneficios que otorgue el Instituto sea en herramientas que solucionen el proceso productivo musical.

3. Creación de circuitos estables de música en vivo en cada región.

4. Participación de las distintas regiones en los beneficios otorgados por el Instituto.

5. Mejora de la difusión de música nacional en medios de comunicación.

6. Creación de un circuito cultural social con función de acercamiento de las expresiones musicales a sectores con escaso o nulo acceso a ellas.

7. Formación integral del músico, con conocimiento profundo y organizado en los derechos intelectuales y laborales.

Cuatro años atrás, cuando comenzaban a poner en común estas ideas, un decreto reglamentaba la Ley del Ejecutante Musical, un estatuto diseñado en 1958 y nunca aplicado hasta entonces. En 2006 resultó un claro paliativo de emergencia que nada tenía que ver con la real problemática del músico. El principal problema era que reducía los complejos y variados vínculos artísticos (que en este caso son también laborales) a las figuras clásicas de Patrón y Empleado, desoyendo decenas de trabajos asociados a la producción musical y generando una suerte de encadenado de jerarquías.

Tras numerosas idas y vueltas, más por capricho burocrático que por voluntad de los músicos, finalmente el proyecto fue presentado al Senado de la Nación recientemente bajo el título “Creación del Instituto Nacional de la Música”, con el apoyo expreso de los principales referentes oficialistas y la mirada cierta que aportaron los músicos locales: la necesidad de mejorar la difusión, la formación, la federalización y la estabilidad, no sólo del rock sino de la música en todas sus expresiones.

Esta es, hoy, nuestra nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto que alguna vez fue quimera de unos cuantos obstinados agrupados en la UMI, o no federados allí pero igualmente independientes, es hoy nuestro Matrimonio Igualitario, nuestra Despenalización del Rock. Que el proyecto ya esté en el Senado de la Nación, por un lado, significa que la primera fase se ha logrado: la puesta en común de cientos de músicos y personalidades de la cultura adherentes, en pos de un bien común. Pero también significa que, ahora, la iniciativa va quedando a merced de las voluntades políticas y legislativas de turno. Para que nadie se duerma en los laureles y para que el proyecto no quedé en un cajón, bien está conocer al menos esos puntos, mandar adhesiones a UMI, sumar voluntades por todas las vías posibles: plazas, banderas... y Twitter.