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Por A. B.
España, un compromiso necesario: recomendaciones de Amnistía Internacional para un Plan de Acción de Derechos Humanos. Así se titula el documento elaborado por AI luego de las reuniones que su presidenta, Irene Khan, mantuvo con Rodríguez Zapatero y otras autoridades españolas, por un lado, y los dirigentes más representativos de las organizaciones empeñadas en la recuperación histórica. Tras instar a mantener un papel activo en la materia tanto en el exterior como “en el plano interno”, el documento le subraya al gobierno que “entre las víctimas olvidadas se encuentran las de la Guerra Civil y el régimen franquista”, que no se han tomado medidas para facilitar exhumaciones, que “no se ha previsto ningún protocolo de actuación con las debidas garantías judiciales y forenses para llevarlas a cabo”, y que no existen listados públicos de archivos y fuentes documentales para orientar en la localización de las víctimas o las circunstancias de su “desaparición” o “ejecución extrajudicial”. El decreto del gobierno esboza una respuesta a estos reclamos, pero las organizaciones españolas que más han trabajado en el tema (ARMH, Foro por la memoria, Equipo Nizkor) van todavía más a fondo. A partir del reclamo de “ratificación de la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, plantean la nulidad de “todas las acciones legales del régimen franquista”. En ese marco, piden resarcimientos morales y económicos para quienes combatieron al franquismo; pensiones y nacionalidad española para hijos y nietos de los exiliados por causas políticas; creación de un único archivo de la Guerra Civil y la dictadura en el que se concentren toda la documentación existente, con fondos para digitalizarlo, y recuperación de materiales que pudieran estar en manos de instituciones privadas o personas que no puedan acreditar legítima tenencia; creación de un plan de actuaciones sobre los monumentos, elementos arquitectónicos y/o artísticos de la exaltación de la dictadura franquista (reorientación didáctica, traslado a museos o eliminación, según el caso); eliminación de nombres de calles, barrios y plazas que ensalcen al régimen; revisión de los libros de texto para que condenen el golpe militar; y subsidios para la publicación de libros y la realización de documentales que investiguen o difundan lo ocurrido. Los organismos también piden reconstrucción de lo ocurrido en los campos de concentración y de trabajo, y un inventario de los bienes saqueados, embargados o expoliados por motivos políticos o religiosos.