SANTA FE › ACUSACIONES CONTRA AUTORIDADES DE LA UNIDAD III

Una denuncia detrás de rejas

Integrantes de la Coordinadora de Trabajo Carcelario exigirán
hoy en Tribunales que un juez se constituya en el penal para
constatar las irregularidades descriptas por los detenidos.

 Por Paula Kearney

Internos del Pabellón I de la Unidad III denunciaron a Rosario/12 y a la Coordinadora de Trabajo Carcelaria que las autoridades del correcional les encargaron el crimen de un detenido que les molesta y se quieren sacar de encima, además de amenazarlos con trasladarlos y establecer sanciones colectivas que les impidan mantener los beneficios que tienen. Las amenazas se acrecentaron luego de que el jueves pasado entregaran un petitorio a un mediador enviado por la Dirección General del Servicio Penitenciario (SP), solicitando refacciones en el pabellón y la suspensión de los traslados ya que dos de los internos estuvieron presentes en la masacre de Coronda en abril de 2005, y aseguran que han "recibido amenazas de muerte o traslado por parte del señor alcaide Romano, sólo por ser testigos de esas 14 muertes" en Coronda.

Lilian Echegoy, integrante de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC), adelantó que hoy realizarán la denuncia en los Tribunales Provinciales de Rosario para solicitar al juez que se constituya en el Penal. Según Echegoy todo comenzó la primera semana de diciembre, cuando los internos del Pabellón I de la UIII quisieron presentar un petitorio al director de la cárcel, Mario Rodríguez, reclamando "algunas cuestiones muy básicas de estructura del pabellón".

Desde las 14 estuvieron los presos queriendo hacer su presentación, pero Rodríguez no quiso aceptarla ni sentarse a dialogar. Finalmente, a las 22 "la guardia armada se pone frente al pabellón para querer reprimir" y frente a esto, los internos "prenden los colchones para que no entren si se produce un principio de incendio. Existe una represión por parte de la guardia armada, y después cuando podemos entrar al pabellón se consigue que los internos logren algunos acuerdos con nosotros y con la Dirección General", relató Echegoy.

"Esta situación se había producido por la falta de diálogo con las autoridades -continuó- porque desde las 14 estaban pidiendo refacciones en el pabellón porque está prácticamente destruido -es un pabellón colectivo que está dividido por frazadas- los baños estaban tapados, cables todos sueltos, tenían una sola canilla, agua caliente no tuvieron nunca, y por otro lado hacían una denuncia de que una de las guardias trataba mal tanto a las visitas como a los internos. Ese era el reclamo que le querían hacer a las autoridades, pero al no haber un camino de diálogo terminó en una situación de violencia que se destrabó mediante un compromiso de no realizar los traslados".

"Cuando asumen las nuevas autoridades -agregó- desconocen este compromiso anterior, entonces están amenazando con el traslado tanto a Coronda como a Piñeiro -muchos de estos presos fueron testigos de la masacre de Coronda, no pueden volver allí porque no pueden estar en contacto con el mismo personal penitenciario- y los están amenazando con cortarles los beneficios de salidas transitorias. Hay que aclarar que el traslado es puesto como un castigo, y es muy grave porque puede terminar con la muerte de un detenido".

Además, apuntó que a partir del jueves los internos presentaran otro petitorio, según el director del SP, Mariano Bufarini, de similares características al anterior. "Los internos están denunciando amenazas constantes por parte de quien está a cargo de la dirección del correccional, que es el alcaide Romano, y del director del penal, Carlos Rodríguez, a quien la dirección anterior le había dado diez días de arresto por no conducirse como correspondía en esta situación de violencia que sucedió en este motín".

Respecto a los traslados, Bufarini, aseguró que quienes estaban en Coronda en abril de 2005 no serán trasladados a esa penitenciaría, pero que los traslados tienen una orden judicial que no puede desentender.

"Acá nadie se puede des-responsabilizar porque hay una continuidad jurídica del Estado", afirmó Echegoy, y argumentó que "hay personal del SP que está fogoneando sobre esa situación y lo que va a conseguir es una situación más de violencia en una de las cárceles, y que también va a ser responsabilidad de esta nueva administración, porque hoy tienen responsabilidad sobre esto y se lo hemos advertido. El jueves presentaron otro petitorio y a partir de allí se ha dado esta situación de amenazas constantes de traslado y hechos de otra naturaleza que el hoy se denunciarán en la justicia".

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La Unidad III, ubicada en Zeballos y Richieri, epicentro de las polémicas denuncias
Imagen: Alberto Gentilcore
 
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