La Defensoría del Pueblo volvió a quedar ayer en el tapete público. La diputada Alicia Gutiérrez denunció que durante la gestión de Carlos Bermúdez "se desnaturalizó de hecho las funciones asignadas al organismo" y acusó al ex funcionario de haber dejado una superestructura con más de 220 empleados -la mayoría en las categorías más altas: 22, 23 y 24, con sueldos de 7.000 pesos-, contratos irregulares y una triangulación de fondos a través de una fundación que presidía su mano derecha. "Hay que volver a lo que dice la ley. El rol de la Defensoría del Pueblo es cuidar a los ciudadanos de los abusos que pueda cometer el Estado, recibir denuncias, darle respuestas y obligar al Estado a que cumpla su tarea", dijo la legisladora del espacio SI.

Gutiérrez ponderó ayer el decreto del gobernador Hermes Binner que se autolimitó en su facultad de designar al próximo defensor del Pueblo y convocó a un concurso público. "Estamos de acuerdo. Fue una medida consensuada en el Frente Progresista porque pensamos que es un mecanismo que mejora la calidad institucional y despartidiza la elección del defensor del Pueblo", explicó Gutiérez. Y después se despachó con una andanda de denuncias que involucran a Bermúdez.

* Acomodos políticos: "La Defensoría del Pueblo terminó siendo un lugar de puestos nombrados por simpatía con el gobierno". Bermúdez desnaturalizó "el rol de este organismo, con una estructura estancada en sus categorías superiores donde cobran unos 7.000 mil pesos mensuales. Hay nombramientos temporarios y contratos hechos a último momento que hicieron que se abrieran muchas sucursales que no está mal que así sea, pero se desnaturalizó la estructura de esa forma y la de los funcionarios", dijo. Según Gutiérrez, sólo "en Rosario y Santa Fe hay unas 220 personas trabajando. Son de la gestión de Jorge Obeid, Bermúdez terminó el 31 de noviembre de 2008 y durante todo este tiempo siguió haciendo contratos a personas que a lo mejor son idóneas, pero a lo mejor no", señaló.

-Usted habla de nombramientos. Pero la Defensoría depende del Poder Legislativo y éste tiene congelada su planta de personal por una ley.

-Sí, pero a pesar de eso, y de una ley que impedía reponer las vacantes de las personas que se jubilaban, no la cumplió. (Bermúdez) siguió haciendo nombramientos, reemplazando a esas personas y nombrando a otras y haciendo contratos. Inclusive, antes de irse firmó una serie de contratos para las sucursales de la Defensoría del Pueblo que abrió en toda la provincia -contestó Gutiérrez.

* Triangulación de fondos. Gutiérrez impugnó "el pago con dinero proveniente de organismos internacionales sin ser aprobado por la Legislatura". La diputada del Sí indicó que la Defensoría del Pueblo recibió dinero del Fondo del Ombudsman con sede en Venezuela, del Tesoro provincial, de instituciones extranjeras, del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y del Ministerio de Bienestar Social que "utilizó para pagarle a sus propios empleados por charlas sobre violencia familiar y trata de personas. Son cursos muy interesantes, pero no sé si son funciones que le corresponden".

"Este es un tema que ya habíamos denunciado, que triangulaba (fondos) a través de una Fundación que él mismo había creado y había presidido. Entonces, estas personas empleadas de la Defensoría del Pueblo recibían y siguen recibiendo un sueldo especial por ir a dar cursos al interior de la provincia. Esto lo hacían con dinero que entraba por una Fundación que presidió en su momento Bermúdez y que ahora preside Savino, que era mano su derecha".

* Un rol desnaturalizado. "La Defensoría del Pueblo tiene como objetivo cuidar a los ciudadanos de los abusos del Estado y sin embargo, comenzó a cumplir tareas que no le son propias. Si usted busca la página Web hay un museo virtual, una serie de cosas que tienen que ver con la cultura y que no me parece mal que se hagan, pero no es función de la Defensoría del Pueblo hacerlas, se deberían hacer desde otro ámbito", explicó la legisladora. "Incluso, la Defensoría estaba compitiendo con otras áreas del Estado, al autoasignarse competencias que en realidad son del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Derechos Humanos".

* Pedidos de informes. "Varias veces pedimos informes en la Legislatura porque queríamos saber cuál había sido el resultado de las denuncias presentadas en la Defensoría del Pueblo y cuántas se resolvían. Nunca obtuvimos respuestas", dijo Gutiérrez.