SANTA FE › DE OLAZáBAL RECLAMA POR LA DESIGNACIóN DEL AUDITOR GENERAL DEL MINISTERIO PúBLICO.

A la mesa judicial le falta una pata

La reforma penal incluye, por ley, la figura de un contralor del trabajo de los fiscales. Hace dos años que el nuevo sistema funciona sin esa función. Es el puesto que iba a ocupar el criminólogo Enrique Font, luego rechazado por Legislatura.

 Por Lorena Panzerini

Cuando falta menos de un mes para que se cumplan dos años desde la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, el fiscal general de la provincia, Julio De Olazábal, renovó el reclamo de designación del cargo de Auditor General de Gestión, que contempla la ley 13.013 de la reforma penal. Se trata de la persona que debería controlar el trabajo y accionar de los fiscales, cuando es puesto en duda, criticado o denunciado. Por ello, es un cargo autónomo del Ministerio Público de la Acusación, pero de funcionamiento interno. El concurso se realizó el año pasado y se espera que durante este 2016 se designe. Como respuesta, el ministro de Justicia santafesino, Ricardo Silberstein, adelantó que el concurso está en trámite y que su cartera busca acelerar los procesos de designación de vacantes, que demoran alrededor de dos años. En ese sentido, aclaró que la "situación de vacantes" es "generalizada" en el Poder Judicial de la provincia. Pese a la ausencia de ese funcionario para completar el equipo, el balance de De Olazábal es "positivo" sobre el nuevo sistema, pero advierte que "aún resta mejorar".

La Ley Orgánica del Ministerio Público de la Acusación provincial -la 13.013-, es clara: "El Auditor General de Gestión es el encargado de velar por el correcto funcionamiento de todos los órganos fiscales, a fin de asegurar la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de la actividad fiscal", reza.

Con esa premisa, mucho antes de poner en marcha el nuevo sistema penal, a fines de 2011 el Poder Ejecutivo llamó a concurso abierto para el cargo, junto con los demás puestos a ocupar en febrero de 2014, cuando comenzó a regir el sistema. En este marco, Julio De Olazábal fue designado como Fiscal General de Santa Fe y Gabriel Ganón quedó al frente del Servicio Púbico de Defensa Penal. También se designaron los fiscales regionales. El de Rosario es Jorge Baclini.

Por aquellos días, el criminólogo y ex secretario de Seguridad Comunitaria provincial, Enrique Font, había ganado el concurso; pero meses después la Legislatura vetó la designación. Y desde entonces, el gobierno del Frente Progresista se ganó un crítico constante. Tras ello, quedó vacante el puesto y el Ejecutivo debía volver a llamar a concurso, tal como establece el artículo 38 del decreto 346, de convocatoria al concurso para los cargos del MPA: "En el caso de que la Asamblea Legislativa rechace el pliego remitido para su aprobación por el Poder Ejecutivo, este último podrá proponer otro candidato de la propuesta del mismo concurso, u ordenar la realización de un nuevo concurso".

Sin embargo, eso no se hizo sino hasta fines del año pasado, cuando el Ejecutivo volvió a llamar a a postulantes para el cargo. "Sé que está en trámite, pero va a demorar la designación. Yo reclamé en muchísimas oportunidades la importancia de ese cargo, porque para mí es un resguardo: es la persona que investiga a los fiscales internamente, si hay alguna denuncia o queja. Eso es algo que no puedo hacer desde mi puesto, y dificulta un poco el funcionamiento del nuevo sistema", dijo De Olazábal.

Y agregó: "Ahora que cerró el concurso, deben poner fecha para que se presenten todos los antecedentes y después ir a concurso de oposición ante el Tribunal integrado. Lamentablemente, esto llevará tiempo".

Sobre las dificultades que genera la ausencia de un auditor de fiscales, De Olazábal remarcó que "no se trata de un puesto para que se controlen los recursos económicos, sino que está pensado para conocer cómo están trabajando los fiscales. Eso ya me presenta un problema, porque yo no puedo conocer más que de forma indirecta cómo están actuando los fiscales. Cuando hay una queja sobre el accionar de los investigadores, de acuerdo con la ley el auditor general es quien debe investigar esos hechos y dar cuenta si debe ser sancionado o pedir enjuiciamiento del investigador acusado. Eso en estos momentos se está haciendo de manera dificultosa, justamente por la ausencia del cargo".

El funcionario aclaró que la situación se está supliendo. "En algunos casos lo hacemos con la designación de un auditor ad hoc, pero eso dista mucho de ser lo ideal, ya que generalmente se trata de un fiscal regional, que suma esta tarea a su trabajo diario", lamentó.

Desde que se inició el concurso, De Olazábal está en permanente contacto con el Ministerio de Justicia, e insiste con la solicitud de que el concurso se desarrolle lo más rápido posible. "Tengo la palabra de que lo harán", expresó.

Así lo confirmó el ministro Silberstein, quien indicó que los concursos están llevando "alrededor de dos años" hasta las designaciones. Frente a ello, señaló que hay vacantes en otros cargos como las Cámaras penales de Santa Fe y Rosario, que están incompletas. "La realidad es que el nuevo código es muy bueno, pero va a funcionar mejor si el Ministerio Público de la Acusación funciona bien. Una de las claves tiene que ver con el cargo de auditor de fiscales, que es una parte importante del funcionamiento; pero el MPA necesita de otros requerimientos, como las capacitaciones, entre otras cosas", consideró.

En ese sentido, dijo que el ministerio que tiene a cargo está estudiando la forma de acelerar los concursos. "Son muy buenos, pero hay otras provincias, como Neuquén y Buenos Aires, que tienen procesos más cortos para designaciones, de entre seis y ocho meses. La idea es modificar le nuestro a través de algún mecanismo que estamos estudiando, por la situación de vacancia generalizada", señaló.

En tanto, De Olazábal hizo un balance "positivo" del nuevo sistema. "La provincia estaba siendo criticada por tener un sistema viejo. Ahora el caso santafesino es un ejemplo en los congresos. Hemos cambiado enormemente. Por otra parte, hay cosas que ya se produjeron: la gente antes no podía saber lo que pasaba en una audiencia y ahora eso es transparente. El sistema judicial puede ser controlado por cualquier ciudadano y eso es un grado de democratización muy profundo, que se hizo carne en la gente". Al mismo tiempo, admitió que aunque el sistema está en marcha, todavía "hay que adquirir pautas de trabajo, que va dando la práctica. Creo que se está avanzando bien, aunque hay que mejorar", reflexionó.

En materia de recursos humanos, el funcionario dijo que cuando se lanzaron los concursos de la Fiscalía, "todos pensaron que se iba a presentar mucha gente con experiencia y esto no ocurrió, porque se postuló poca gente y casi todos jóvenes. Eso llevó a que no se cubrieran todos los cargos de fiscales y hubo que empezar con los que había. Hubo que insistir permanentemente con los concursos y al día de hoy se están cubriendo, pero nos siguen faltando, sobre todo gente que colabore con el trabajo de los fiscales. Gente capacitada en diferentes tareas: psicología, economía y otras especialidades", dijo.

Al mismo tiempo, se refirió al avance de la Policía Judicial u Organismo de Investigaciones, creado en el marco de la ley 13.459, a partir de la cual se faculta al MPA para que forme el organismo, con un director civil. "Es muy importante y se avanzó mucho. A largo plazo será lo que va a determinar el cambio en las investigaciones", ponderó. El año pasado, se dictó la ley y se hicieron los concursos para directores de las áreas científica y de investigaciones. "Ahora, ellos deberán estudiar una estructura para incorporar gente y ponerlo en marcha". Estos puestos se articularan con el trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI) que ya está en funciones. "Serán círculos concéntricos; una coordinación de esfuerzos", adelantó De Olazábal.

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El jefe provicincial de los fiscales admite que la ausencia del auditor complica las tareas.
Imagen: Alberto Gentilcore.
 
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