Desde Santa Fe.

El fiscal Martín Suárez Faisal consideró "cierto y probado, con grado de certeza" que el nieto 120 fue "sustraído" apenas nació el 26 de marzo de 1977, en el Sanatorio Reconquista. Un "delito de lesa humanidad" -dijo- porque se trata de una "desaparición forzada de persona que comenzó con la sustracción del niño" y se extendió por 32 años hasta que éste conoció su verdadera identidad, en mayo de 2009. Le pidió al Tribunal Oral de Santa Fe que condene a diez años de prisión a las dos mujeres investigadas por el "crimen": Cecilia Góngora de Segretín, que lo anotó como hijo propio y Elsa Nasatsky, la médica que firmó el certificado de nacimiento falso, ordene la inmediata detención de ambas y devuelva a José Luis (que hoy tiene 39 años) el apellido de sus padres biológicos, Rubén Maulín y Luisa Pratto, sobrevivientes del terrorismo de estado. "El nos dijo en este juicio que había 'cosas que ya no podrá recuperar nunca, sólo la identidad, eso sí puedo recuperar'", recordó el fiscal.

Suárez Faisal arrancó esta semana la etapa de los alegatos. El miércoles, seguirán los abogados querellantes Lucila Puyol y Guillermo Munné y la próxima, los defensores. Después, el Tribunal que integran los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría deberá definir la fecha del veredicto.

Los cargos que el fiscal le reprochó a las imputadas son "retención y ocultamiento de un menor de diez años previamente sustraído", "supresión de identidad de estado civil de un menor" y "falsificación ideológica de documento público". La escala del tipo más grave oscila entre cinco y quince años de prisión, así que solicitó una pena intermedia de diez años de "cumplimiento efectivo" y la "detención inmediata" de ambas.

El tercer acusado era el comodoro Danilo Sambuelli, jefe del centro clandestino que operó en la III Brigada de Reconquista, pero falleció en diciembre de 2014 mientras cumplía una condena a 21 años por secuestros y torturas de militantes políticos, entre ellos Maulín y Juan Carlos Pratto (hermano mayor de Luisa) y "violación agravada" a Griselda Pratto (la hermana menor, que entonces tenía 16 años).

El fiscal dijo que José Luis fue "sustraído" mientras su familia sufría una feroz persecución del grupo de tareas que comandaba Sambuelli. El 19 de octubre de 1976, secuestraron a su padre, Rubén Maulín, a su tía Alcira Maulín, a su abuela Elena Ana Schoesting, a una compañera de los tres, Mónica Martínez y a su tío, Juan Carlos Pratto. Al día siguiente, la patota se instaló en la casa de Luisa Pratto y la convirtió en un infierno y a ella y a sus hijos (de 2 años y 9 meses) en rehenes del terrorismo de estado.

El 15 de febrero de 1977, la banda volvió a la casa de Luisa y esta vez secuestró a la hermana menor, Griselda Pratto, de 16 años, quien había llegado desde Buenos Aires para ayudarla con sus dos chiquitos y el embarazo. En el traslado, Griselda pudo reconocer a otro de sus hermanos, Ricardo, quien había caído el 19 de enero. En cuatro meses, secuestraron a siete integrantes del grupo familiar: los dos hermanos Maulin y a su madre, a Martínez, y a los tres hermanos Pratto, mientras Luisa quedaba sola con sus niños y era quebrada por la patota.

En la sentencia que condenó a Sambuelli y a su banda, en agosto de 2013, este mismo Tribunal consideró probado que Luisa estaba "privada de su libertad en su propia casa", lo que significa que el 26 de marzo de 1977, cuando nació José Luis, ella era cautiva de la patota. El fallo es histórico, uno de los primeros en el país que juzgó la violencia sexual que sufrieron Luisa y Griselda Pratto como delito de lesa humanidad. Es más, dijo que el "testimonio" de Griselda había sido "desgarrador".

En ese "contexto de violencia, secuestros y terror" -recordó Suárez Faisal- Luisa dio a luz a su tercer niño. Ella dijo que después del parto "se descompuso, comenzó a temblar" y Nasatsky "le administró un sedante". "En este juicio, cuando Luisa nos contó ese episodio dijo que, en realidad, lo que había sentido era pánico".

Ese mismo 26 de marzo, Sambuelli dejó libre a Griselda que estaba secuestrada en el chupadero en la III Brigada Aérea y le dijo que fuera al Sanatorio Reconquista porque su hermana "había tenido un hijo". En las afueras, Griselda vio custodia policial y militar y adentro, se convirtió en testigo de la "apropiación" de José Luis.

En el alegato, el fiscal habló de la "familia apropiadora", lo que significa una "madre apropiadora" (Cecilia Góngora), un "padre apropiador" (José Luis Segretín) y un "abuelo apropiador" (José Ignacio Góngora, quien era personal civil de la Fuerza Aérea y amigo del genocida Basilio Lami Dozo, jefe de Sambueli). "Quedó probado que Góngora, amparada por el manto de impunidad que le brindaban los contactos con los altos mandos militares sustrajo del poder de sus padres a José Luis Maulin". "Pudo "ejecutar su delito de apropiarse de un bebé a través de la complicidad que le garantizaba ser hija y hermana de miembros de la Fuerza Aérea", explicó.

"El plan criminal de apropiación no podría haberse concretado sin el accionar de Nasatsky" que firmó el certificado de nacimiento falso.

En el juicio, Suárez Faisal logró probar que Góngora y Nasatsky se conocían. "¿Saben porqué ocultaron esa relación?", preguntó el fiscal. "Porque el supuesto desconocimiento es la puerta de salida para ser absueltas y quedar impunes. Nasatsky no puede alegar ser víctima del delito de otros porque ella misma consistió y llevó a cabo de su propio puño y letra un crimen macabro".

"Es fácil explicar porqué la dictadura participó de esta empresa criminal. La apropiación de niños se hacía bajo la macabra concepción de que como los abuelos no habían sabido educar a sus hijos que la dictadura se dedicaba a encarcelar o eliminar, tampoco iban a poder educar a sus nietos", concluyó el fiscal.